Nueva ley minera: la farsa que viene

JUAN CARLOS RUIZ GUADALAJARA*

Con un gasto de casi 2 millones de pesos, hace unos días los 500 diputados y diputadas federales recibieron un pin de seis gramos de oro con el escudo nacional y la referencia a la 62 Legislatura. El asunto bien podría quedar como una anécdota más sobre los múltiples rostros que tiene el abuso de poder en México, más no es así. El pin de oro muestra no sólo la frivolidad de quienes lo aceptaron, sino también la ignorancia de casi todo el Legislativo respecto al expolio y destrucción al que ha estado sometido el territorio nacional desde hace 20 años a través del actual modelo extractivista impuesto por el inefable Salinas. Un solo dato oficial sirve como indicador de lo anterior: entre 1521 y 1830, periodo que abarca el virreinato y los primeros años de México, se extrajeron 191 toneladas de oro y 33 mil 465 de plata; entre 2000 y 2010, es decir, en sólo una década, se extrajeron del subsuelo nacional 419 toneladas de oro y 56 mil 144 de plata.

   En el virreinato la quinta parte de la plata y la décima del oro se destinaron a las arcas de los reyes españoles. La mayoría del metal se quedaba en la Nueva España y sus territorios vecinos y sirvió para impulsar, entre otras cosas, la articulación de economías regionales, el desarrollo urbano de pueblos y villas, el contrabando, la expansión del comercio y la formación del sistema monetario en Asia a través del galeón de Manila. Por el contrario, entre 2000 y 2010 la mayoría del metal precioso extraído en México salió del país en forma de pastadoré para hacer onzas de oro y plata; a cambio, las corporaciones pagaron al fisco entre 5 y 111 pesos anuales por hectárea concesionada, y nada de impuestos sobre sus fabulosas utilidades, que llegaron a miles de millones de dólares. Mientras en el virreinato algunos sitios mineros se convirtieron en cimiento de ciudades y regiones, los actuales enclaves creados por la megaminería, sobre todo la de tajo a cielo abierto, desplazan poblaciones, agotan en breve término los recursos ambientales estratégicos de regiones enteras, destruyen irreversiblemente grandes territorios y su biodiversidad, generan pasivos ambientales que contaminarán por siglos, violan leyes, despojan, corrompen y generan violencia. ¿Dónde quedó entonces la verdadera Colonia?

   Las condiciones que posibilitaron esta inédita situación de entrega del país se encuentran en la ley minera de 1992, reglamentaria del artículo 27 constitucional, el cual fue modificado ese mismo año para favorecer los intereses empresariales, acabar con el régimen de propiedad social de la tierra y hacer de ésta una mercancía. Bajo la eufemística expresión de dar certeza jurídica a las inversiones con miras al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en el caso minero se llegó a la aberración de declarar la extracción de minerales como causa de utilidad pública y actividad preferente por sobre cualquier otro uso del suelo, a lo que se agregó una reforma a la ley de inversión extranjera para permitir la entrada de empresas extractivistas con 100 por ciento de capital foráneo. Con ello los intereses de las grandes corporaciones mineras nacionales y trasnacionales fueron inconstitucionalmente declarados causa de utilidad pública, dándoles tácitamente patentes de corso para adueñarse del territorio y extraer las reservas minerales del país, principalmente los metales preciosos.

   A dos décadas de haber sido impuesto este modelo, el daño para el país es incalculable, sobre todo a sus ecosistemas, sus reservas hídricas, sus comunidades, su patrimonio cultural y a la soberanía nacional. En algunas regiones las trasnacionales, a través de redes mexicanas de corrupción, operan ilegalmente con toda impunidad, como New Gold-Minera San Xavier y ahora Peñasquito Goldcorp, a la cual se le acaba de demostrar el despojo de tierras del ejido Cerro Gordo en Mazapil, Zacatecas. Con 30 por ciento del país concesionado y con la amenaza de más de 800 proyectos en puerta, diversas organizaciones han trabajado por más de un año en una propuesta ciudadana de reforma a la ley minera, con el fin de eliminar el estatuto de utilidad pública concedido a la extracción de minerales y dar un giro radical al modelo extractivista. Se pretende, entre otros objetivos, que la minería no responda al interés de lucro de los corporativos, sino a las necesidades de crecimiento del país, a la impostergable protección de los ecosistemas, a la prohibición de métodos de extracción depredadores, a la generación de riqueza para la nación y a la mejora de las condiciones laborales de los verdaderos trabajadores mineros.

   Sin embargo, ignorando la iniciativa ciudadana, los diputados que ahora lucen su pin de oro han elaborado una minuta de supuesta reforma a la ley minera, la cual se reduce a establecer para las empresas un nuevo impuesto de 5 por ciento sobre sus ganancias. El modelo extractivista sería preservado con todas sus consecuencias; simplemente el saqueo sería un poco menos barato, por lo que estamos ante una simulación impulsada por los actores políticos aliados en el cupular Pacto por México, y apoyada por la cámara minera y los corporativos trasnacionales encabezados por los canadienses. Al igual que el discurso peñanietista, la supuesta reforma es una farsa y, de imponerse, la soberanía del país entraría en una fase terminal y los diversos sectores de la sociedad civil enfrentarían el difícil dilema entre aceptar la cancelación del futuro ambiental de nuestro territorio o iniciar, como sería deseable, la urgente y decidida movilización para revertir nuestro subdesarrollo político y moral y rescatar al país de sus depredadores. El tiempo se acaba.

   * Investigador de El Colegio de San Luis AC

Invasión anticonstitucional de la minería en México

Posted By Brisa On abril 21, 2013 @ 12:51 In Geografía,México,Reportajes,Reportajes México | No Comments

México. La forma en que actualmente se desarrolla la actividad minera, amparada por la legislación, es contraria a las disposiciones de la Constitución y a los derechos al agua, la alimentación y la autonomía. Es necesario reformar las leyes para ajustarlas a un verdadero interés nacional.

La minería es una industria floreciente. De acuerdo con las cifras del Banco de México, desde hace tres años pasó a ocupar el cuarto lugar en la generación de divisas, sólo superada por los ingresos de la industria automotriz, el petróleo y las remesas. La incidencia de la industria minera en la economía mexicana comenzó a tener importancia en la década de los noventa, después de la reforma al artículo 27 constitucional y la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, dos hechos importantes en el futuro de la industria minera: el primero permitió el cambio en la orientación de la legislación minera, mientras el segundo marcó las pautas de lo que debería aprobarse. El contenido de ambos marcó los nuevos enfoques de políticas públicas del estado mexicano en este sector.

La creciente importancia económica de la industria minera contrasta con las protestas sociales que se alzan en su contra, que aducen los efectos negativos que genera. Entre ellos se mencionan la desarticulación de pueblos enteros, los obstáculos que representa para que los habitantes de las comunidades cercanas puedan desarrollar normalmente su vida, la proliferación de enfermedades que ya no se veían, la devastación ambiental,  la contaminación de los mantos freáticos, así como la preeminencia de esta actividad sobre otras importantes para el desarrollo rural, como la agricultura, la ganadería y la silvicultura, las cuales tienen relación directa con el bienestar de los hombres y mujeres del campo.

La apertura del sector minero inició junto con la aplicación de las políticas de ajuste recomendadas por los organismos económicos internacionales, pero su implementación más fuerte se dio en los dos sexenios panistas. Al principio se manifestó en forma de incentivos fiscales, pero en la medida en que se fueron presentando condiciones se reformó todo el andamiaje jurídico y administrativo hasta llegar a las políticas gubernamentales que la hicieran posible. Como ya se dijo, la columna vertebral de estas reformas fueron la reforma al artículo 27 constitucional y la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y posteriormente se reformaron una serie de leyes que tienen relación con el sector. Destacan entre ellas la Ley Minera, la Ley  General de Bienes Nacionales, la Ley Agraria, la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, la Ley de Aguas Nacionales, la Ley Federal de Derechos, la Ley de Inversión Extranjera y el Código Civil. 

Con la reforma a dichas leyes se colocaron las bases jurídicas para que las empresas mineras se apoderaran de parte de la riqueza natural del país. Entre otras cosas, se declaró de utilidad pública la actividad –con lo cual, si los campesinos no autorizaban el uso de sus tierras por las empresas mineras se les podían expropiar; se otorgó una sola concesión, que ampara tanto la exploración como la explotación por cincuenta años, renovables por otro periodo igual -es decir, cien años-; se autorizó a los titulares de las concesiones a enajenarlas y juntarlas, generando una especulación privada con la riqueza pública; se autorizó el uso gratuito del agua y el pago de sólo entre cinco y 111 pesos semestrales por hectárea de tierra concesionada, y se autorizó también no pagar impuesto alguno por la extracción del mineral.

A nivel institucional destaca la formación del Servicio Geológico Mexicano, un organismo público descentralizado de la administración pública federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, coordinado sectorialmente por la Secretaría de Economía. Este Servicio se encarga, entre otros aspectos, de realizar la investigación geológica, minera y metalúrgica; identificar y estimar los recursos minerales potenciales del país; inventariar los depósitos minerales del país y proporcionar al público –es decir, las empresas mineras- información geológica, geofísica, geoquímica y minera del país.

Además, se creó la Dirección General de Promoción Minera. Dentro de las políticas gubernamentales que promueve se encuentran la equiparación de las empresas extranjeras con las nacionales, los préstamos con dinero público, los incentivos fiscales, la elaboración de guías para facilitar los trámites ante las diversas dependencias y consejos jurídicos para la ocupación de las tierras bajo las cuales se encuentra el mineral.

Como resultado directo de este tipo de políticas gubernamentales, para junio del 2012 operaban en nuestro país 290 empresas de 16 países –sin incluir México-, trabajando 833 proyectos. De ellos, 79.7  por ciento (665) se reportaron en etapa de exploración; el 9.7 por ciento (81) en producción; 4.2  por ciento (35) en etapa de desarrollo y 6.24 por ciento (52) en suspensión, a la espera de su reactivación. De estas empresas, 211 tienen sus oficinas centrales en Canadá, lo que equivale al 73 por ciento de ellas; le siguen 44 en Estados Unidos, que representan el 15 por ciento; en tercer lugar se encuentran cinco de Australia, es decir, el 2 por ciento; en cuarto lugar se ubican tres de Inglaterra, representando el 1.03 por ciento; Japón y Corea del Sur cuentan con cuatro empresas cada uno, alcanzando el 1.38por ciento; la República Popular China tiene 9 empresas, es decir, el 3.10 por ciento; India cuenta con 2 empresas, casi el 0.7 por ciento. Brasil, Perú, Luxemburgo, Chile, Italia, Bélgica, España y Holanda reportan una empresa de cada uno, lo que equivale a menos del 0.36 por ciento. Dichas empresas se distribuyen en 24 estados de la República Mexicana, pero el mayor número de sus proyectos se concentran en Sonora, con 202; Chihuahua, con 117; Durango, con 95; Sinaloa, con 84; Zacatecas, con 62; Jalisco, con 54; Oaxaca y Guerrero con 33; Baja California, con 11; Guanajuato, con 17; Nayarit, con 21; Michoacán, con 17; San Luis Potosí, con 18; Chiapas, con 7; el Estado de México, con 7; Puebla, con 9; Coahuila, con 10; Baja California Sur, con 6; Colima, con 11; Querétaro, con 5; Veracruz, con 6; Morelos e Hidalgo con 3 y finalmente Tamaulipas, con 2.

De los 833 proyectos, aproximadamente 502 (el 62 por ciento) están asociados a metales preciosos –oro y plata-; 137 son polimetálicos (17 por ciento); 97 tienen que ver con el cobre (12 por ciento); 46 con hierro (6 por ciento); los 23 restantes (3 por ciento) extraen otros metales y materiales, como germanio, cobalto, titanio, molibdeno, bismuto, estaño, platino, galio, litio-potasio, paladio, antimonio, níquel, vanadio, wolframio (tungsteno), mercurio, zeolita-chabazita, barita, pórfidos, boratos, wollastonita, sal marina y roca fosfórica. En la mayoría de los casos, se considera a estos minerales como subproductos o asociados con los minerales metálicos.

Lo anterior ya llevó a Caza Gold Corp, una minera de nacionalidad canadiense, a señalar que la minería tiene un fuerte apoyo gubernamental en administración y asistencia, a lo que se suma a una estructura impositiva favorable. Para la empresa canadiense, las compañías que sigan las leyes mexicanas pueden esperar que sus proyectos de desarrollo avancen sin interferencia porque México ha sido partidario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte desde 1994 y, por lo tanto, tiene un régimen de impuestos y de comercio -comparable con los Estados Unidos y Canadá- que opera bajo un sistema legal y contable al estilo occidental, tiene un sistema contemporáneo de impuestos y carece de regalías mineras.

De acuerdo con la Dirección General de Minas, hasta el año 2010 se habían otorgado 26 mil 559 títulos de concesiones, que incluían actividades de exploración y explotación pues, como se ha explicado, con las reformas a la Ley Minera se suprimió tal división y sólo se otorga un tipo de concesión para ambas actividades. La totalidad de dichos títulos ampara 56 millones 7 mil 756 hectáreas del territorio nacional, y la mayoría se otorgaron durante los dos sexenios panistas. Las más de 56 millones de hectáreas concesionadas para actividades mineras representan el 28.58 por ciento del territorio nacional y el 51.76 por ciento de la tierra de propiedad social. Esa es la superficie del territorio nacional que hasta el año 2010 había quedado en poder de las empresas mineras por cien años, disminuyendo el ejercicio del poder soberano del Estado en ella.Y si se suman las otorgadas durante los últimos años, seguramente aumenta.

Con lo que hasta aquí se ha expuesto, es claro que tanto las acciones gubernamentales, como la base legal en que se apoyan y la institucionalidad para hacerlas operativas, sólo favorecen al capital extranjero en detrimento del interés nacional. Por lo mismo, si se quiere que la actividad económica de este sector se transforme para beneficio del país y su población, es necesario modificarla radicalmente. Se trata de un asunto que no pasa desapercibido ni para las mineras, que hacen lo posible porque no se realice ningún cambio, ni para los afectados, que enfocan parte de su esfuerzo a terminar con la permisividad de la ley minera, sobre todo en la parte que declara la actividad de utilidad pública y preferente sobre cualquier otra.

Pero los daños que causa la industria minera son tan evidentes que también los miembros del Congreso de la Unión se han interesado en modificar las leyes. Desde que se aprobó la actual Ley Minera se han presentado 21 iniciativas para reformar o adicionar no sólo a esa ley, sino también a otras relacionadas con  la materia, como la de Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, Ley Federal de Derechos, Ley Federal del Trabajo, Ley de Coordinación Fiscal, Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, Ley de Petróleos Mexicanos, Ley de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y Ley de la Comisión Reguladora de Energía.

El origen de las iniciativas es muy variado: ocho fueron presentadas por el Partido Revolucionario Institucional, cuatro por el Partido Acción Nacional, tres por el Partido de la Revolución Democrática,  dos por el Partido Verde Ecologista de México y dos por el Partido del Trabajo. Del conjunto de iniciativas presentadas sólo se han aprobado dos: la primera fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de febrero del 2005 y representó un ajuste sustancial a la Ley aprobada el 26 de junio de 1992. A partir de ahí los dueños de la industria minera quedaron satisfechos y aumentaron su inversión. La segunda fue el 26 de junio del 2006, cuando estalló la mina Pasta de Conchos, y su objetivo fue incluir como parte de las concesiones la explotación del gas asociado a los yacimientos de carbón mineral. Como la explotación de este recurso correspondía directamente al Estado, también se reformó la Ley Reglamentaria del artículo 27 constitucional en el Ramo del Petróleo”, para que dejara de serlo. Todas las demás propuestas se han atorado en las Comisiones a las que han sido turnadas para su estudio y dictaminación, y como el Reglamento de las Cámara establecen un plazo perentorio para presentar los dictámenes, se tienen por dictaminadas en forma negativa.

Fundamentos constitucionales para la reforma

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contiene los fundamentos para aprobar leyes que permitan otro tipo de minería; basta con cuidar que el contenido de éstas se ajuste a esos fundamentos. Una de esas disposiciones es el artículo 25 constitucional, relativo a la rectoría del Estado sobre el desarrollo nacional. En él se establece como facultad exclusiva del Estado ejercer la rectoría del desarrollo nacional “para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático y que, mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución”. El desarrollo, de acuerdo con la Constitución, debe ser integral –incluir a todos los sectores- y sustentable –no acabar con los recursos ni con el medio ambiente-, cosa que en la actualidad no sucede, pues el tipo de la minería que actualmente se desarrolla excluye otras actividades productivas y acaba con los ecosistemas, por lo cual contradice la disposición constitucional.

Para lograr los anteriores objetivos, el mismo artículo constitucional establece que el Estado “planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional, y llevará al cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el interés general en el marco de libertades que otorga esta Constitución”. Este mandato tampoco se cumple, ya que la planeación de la explotación minera la realiza la empresarial Cámara Minera Mexicana, atendiendo a sus propios intereses y a los requerimientos del mercado. Lo correcto sería que la actividad minera se realizara atendiendo a las necesidades nacionales y al interés de los mexicanos, coordinando esa actividad con otras que también contribuyan al desarrollo del país y sus habitantes.

Con respecto a la participación de los diversos sectores sociales en el desarrollo económico nacional, se establece que a él “concurrirán, con responsabilidad social, el sector público, el sector social y el sector privado, sin menoscabo de otras formas de actividad económica que contribuyan al desarrollo de la Nación”. Concurrir es coincidir, juntarse, de ahí que lo que la Constitución ordena es que para el desarrollo social los tres sectores sociales se junten para promover el beneficio social, cosa que actualmente no sucede, pues sólo se beneficia una –el privado- en perjuicio del social y el público. Actuar de manera concurrente no impide que cada sector lo haga por separado, lo que no puede suceder es que no lo hagan con responsabilidad social ni promuevan el desarrollo integral y sustentable. Además, la propia norma establece que “bajo criterios de equidad social y productividad, se apoyará e impulsará a las empresas de los sectores social y privado de la economía, sujetándolos a las modalidades que dicte el interés público y al uso, en beneficio general, de los recursos productivos, cuidando su conservación y el medio ambiente”; y que una ley establezca “los mecanismos que faciliten la organización y la expansión de la actividad económica del sector social: de los ejidos, organizaciones de trabajadores, cooperativas, comunidades, empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores y, en general, de todas las formas de organización social para la producción, distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios”. Como puede verse, hay bases para organizar la producción minera de otra manera.

A la facultad de ser rector del desarrollo que la Constitución confiere al Estado, se une la de realizar una planeación democrática del desarrollo nacional, contenida en su artículo 26, donde se establece que: “el Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la Nación”. De acuerdo con esa misma disposición, “los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución determinarán los objetivos de la planeación. La planeación será democrática. Mediante la participación de los diversos sectores sociales recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los programas de desarrollo. Habrá un plan nacional de desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los programas de la Administración Pública Federal”. Los fines a los que se refiere el artículo son, tratándose de desarrollo, los que ya se enunciaron con anterioridad: promoción de un desarrollo integral y sustentable, fortalecimiento de a la soberanía nacional y régimen político democrático, fomento del crecimiento económico y el empleo, y una más justa distribución del ingreso y la riqueza que permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales. Eso es lo que debería hacer -y no hace- la actividad minera.

Con respecto al aprovechamiento de los recursos naturales, el artículo 27 de la Constitución establece que la nación –es decir, el Estado- tiene el derecho de imponer a la propiedad privada –y por lo mismo, a la propiedad social, sea ejido o comunidad- las modalidades que dicte el interés público, “así como el de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana”. Esta disposición es importante porque los minerales son un elemento natural susceptible de apropiación y por lo mismo, la regulación de ellos debe tener como objetivo la distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y mejorar las condiciones de vida de todos los mexicanos. No se necesita mucho análisis para concluir que nada de esto se puede conseguir con la actual legislación minera, lo que vuelve necesaria su reforma para ajustarla a las disposiciones constitucionales.

Por otro lado, existen disposiciones constitucionales que aunque su contenido no se refiere a la actividad minera, sí la impactan. Una de ellas es el derecho a la alimentación, contenido en los artículos 4 y 27 de la Carta Magna. El primero establece que “toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad” y el Estado está obligado a garantizarla. El segundo, en su fracción XX, relativa al desarrollo rural integral, prescribe que “el desarrollo rural integral y sustentable […] también tendrá entre sus fines que el Estado garantice el abasto suficiente y oportuno de los alimentos básicos que la ley establezca”. Como puede verse, el artículo 4 constitucional reconoce y garantiza el derecho a la alimentación de todos los mexicanos, mientras que el 27 establece el desarrollo rural como una forma de garantizarlo. Si la actividad minera continúa siendo una actividad preferente, puede poner en peligro el ejercicio de este derecho pues podrían no sembrarse alimentos donde existan minerales a explotar.

Otra disposición es la referente al derecho humano al agua, tomando en cuenta que la actividad minera usa una gran cantidad de este líquido. De acuerdo con lo que dispone el párrafo séptimo del artículo 4 constitucional, “toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines”. De acuerdo con esta disposición, las empresas mineras deben hacer uso del agua de manera que no les falte a quienes habitan en la región donde se encuentran y tampoco se contamine, pues si cualquiera de estos dos supuestos se realiza, se violaría el derecho humano al agua y los mexicanos afectados podrían demandar al Estado por la reparación de ese derecho.

Finalmente, la fracción VI del artículo 2de la Constitución “reconoce y garantiza”, como parte de la autonomía de los pueblos indígenas, su derecho de “acceder, con respeto a las formas y modalidades de propiedad y tenencia de la tierra establecidas en esta Constitución y a las leyes de la materia, así como a los derechos adquiridos por terceros o por integrantes de la comunidad, al uso y disfrute preferente de los recursos naturales de los lugares que habitan y ocupan las comunidades, salvo aquellos que corresponden a las áreas estratégicas, en términos de esta Constitución. Para estos efectos las comunidades podrán asociarse en términos de ley”. Lo que esta norma jurídica expresa es que los pueblos indígenas tienen, como parte de su autonomía, el derecho “al uso y disfrute preferente de los recursos naturales de los lugares que habitan y ocupan las comunidades”, derecho que queda sujeto a varias condiciones que ahí mismo se enuncian. Con base en ello, los pueblos indígenas tienen derecho antes a que se les otorguen las concesiones mineras a ellos y sólo en el caso de que no las quieran se podrán entregar a otras personas.

Leyes federales que es necesario reformar

Dentro de las leyes que es necesario reformar se encuentra la Ley Minera. De ella es necesario revisar, entre otras cosas, el carácter de utilidad pública y preferente que otorga a la actividad minera. De igual manera se tiene que revisar la regulación de las concesiones, pues sólo un tipo de ellas amparan tanto la exploración como la explotación, siendo que se trata de actividades distintas y quien explora no necesariamente explota, y si lo hace adquiere otro tipo de obligaciones.

Otro aspecto a revisar es el tiempo por el que se otorgan las concesiones, pues 50 años prorrogables como duración –es decir, cien años- es mucho tiempo, sobre todo si se toma en cuenta que esta actividad no requiere de tanto tiempo para realizarse, lo que permite a los titulares de ellas traficar y especular con los recursos de la nación.

Un tercer aspecto a revisar debería ser el Servicio Geológico Mexicano, ya que la información que transmite a las empresas mineras es de carácter confidencial, cuando no debería ser así porque se trata de un organismo público, sus funciones son financiadas con recursos públicos y manejan los recursos de la nación. Finalmente, deberían revisarse las obligaciones de los concesionarios con relación a la población y el medio ambiente, pues en la actual regulación es muy fácil burlar la ley.

Otras leyes que debería reformarse son la Ley Agraria, la Ley de Aguas Nacionales y la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, relacionadas con el acceso, uso y aprovechamiento de los recursos naturales. En el primer caso se debería prohibir la venta y renta de tierras para la actividad minera si están dedicadas a la producción de alimentos, porque estos son una garantía constitucional y al hacer ésta se vuelve nugatoria. De la misma manera, se debe reducir el tiempo de la renta de tierras para actividades mineras de los 30 años prorrogables que son en la actualidad a los necesarios de acuerdo a la naturaleza del proyecto, y suprimir la expropiación como forma de ocupar la tierra, porque esta procede por causa de utilidad pública y la minería es una actividad privada.

La Ley de Aguas Nacionales debería revisarse para que disponga que antes de satisfacer los requerimientos de la industria minera, se garantice el abasto de agua para consumo humano y la producción de alimentos, pues como ya se dijo, estos son garantías constitucionales. Por último, en este bloque de leyes debe incluirse la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente para incluir en ella, además de la manifestación del impacto ambiental, la de impacto social y cultural, y que las consultas públicas sean vinculantes.

Un segundo grupo de leyes debería incluir la Ley de Inversión Extranjera, la Ley Federal de Derechos y la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos; la primera para el efecto de que el capital con el que operan las empresas mineras no sea totalmente extranjero y se les exijan compromisos con el país antes de entregarles concesiones; la segunda, para que los pagos por aprovechamiento del mineral no sean por hectárea ocupada sino por material extraído y la cantidad del mismo; y la tercera, para que el tratamiento de los residuos químicos producto de la lixiviación se garantice mediante un seguro y, además, se libere a los propietarios de las tierras (cuando sean rentadas) de la obligación de tratar ellos la tierra; esta obligación la debe asumir quien contamine.

Con relación a los pueblos indígenas, se deben derogar los artículos 13 y 13 bis de la Ley Minera para incluir en su lugar un capítulo que garantice los siguientes derechos: usar y aprovechar los recursos naturales existentes en sus tierras y territorios, incluido el uso cultural, ceremonial y espiritual que realicen en ellos, sin intervención de terceros; participar y beneficiarse del aprovechamiento de los recursos minerales existes en sus tierras y territorios, así como a que se preserven el hábitat y no se destruyan con motivo de la actividad minera, incluyendo el derecho a la reparación si por alguna causa se destruyera, a cargo del responsable y en su caso, del Estado; el derecho preferente de los pueblos indígenas y sus comunidades para obtener las concesiones mineras cuando el mineral sobre el que recaigan se encuentre en sus tierras o territorios y la obligación del Estado, a través de las secretarías correspondientes, de brindarles el apoyo necesario para el ejercicio de este derecho.

Además de lo anterior, se debe prohibir el otorgamiento de concesiones sobre tierras o territorios indígenas si no se cuenta previamente con el consentimiento de los pueblos indígenas o sus comunidades, que debe ser otorgado a través de consultas y en el caso de que se otorgue, antes de autorizar las concesiones, el Estado deberá asegurarse que las actividades de exploración, explotación y beneficio que se pretendan realizar no pongan en peligro la existencia de los pueblos indígenas o sus comunidades. Junto con esto, las empresas deberán pactar con los pueblos indígenas o sus comunidades mínimamente las condiciones en que se desarrollaran las actividades de exploración, explotación y beneficio; las medidas para evitar la contaminación o destrucción de sus territorios, los recursos naturales, el medio ambiente, incluidos sus lugares sagrados, espirituales o culturales; las formas de remediar los daños anteriores que se pudieran causar, a pesar de las medidas tomadas, y la forma de garantizar que se llevaran a cabo los beneficios que los pueblos y comunidades indígenas obtendrán de la explotación minera.

Consideramos que con estas reformas mínimas, la actividad minera puede irse ajustando a las disposiciones de la Constitución Federal y, con ello, mitigar muchos de los efectos nocivos que ahora presenta, tanto para los mexicanos de hoy como los de mañana.

Publicado el 22 de abril de 2013

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Campesinos mexicanos contra las compañías mineras canadienses

• En 2007 produjeron 43.7 toneladas y en 2011 subieron a 87, revela la Camimex

Empresas extranjeras duplican la extracción de oro del país en 6 años

• El precio de la onza aumentó 164%, al pasar de 700 dólares en 2007 a 1,851 en julio de 2011
• México, en cuarto lugar mundial y primero de AL en atraer inversiones para esta explotación

ISRAEL RODRÍGUEZ

 Periódico La Jornada

Martes 24 de julio de 2012, p. 27

La producción de oro en México, dominada por empresas extranjeras, en su mayoría canadienses, se incrementó 100 por ciento en lo que va de la presente administración, al pasar de 43.7 toneladas en 2007, primer año de gestión del gobierno de Felipe Calderón, a 87 toneladas en 2011. La empresa canadiense Goldcorp Inc se consolidó como la mayor productora de oro en México, revelan informes preliminares de la Cámara Minera Mexicana (Camimex).

El incierto entorno de la economía global, con bajas tasas de interés, un dólar estadunidense debilitado y la guerra de divisas, mantuvo al oro como un refugio de las grandes inversiones, lo que también aceleró la apertura de nuevas operaciones mineras y disparó la inversión en la exploración del metal.

La onza de oro pasó de una cotización de alrededor de 700 dólares en 2007 a mil 851 dólares por onza en julio de 2012, lo que significa un aumento de 164 por ciento.

Debido a la flexibilidad de las leyes mexicanas para otorgar concesiones, México ocupó por segundo año consecutivo el cuarto lugar mundial y el primero en América Latina en atracción de capitales destinados a la exploración. Sólo lo superan Canadá, Australia y Estados Unidos.

Con base en la información proporcionada por los grupos de productores a la Camimex, el valor total de la producción minera en 2011 alcanzó 19 mil millones de dólares, de los cuales 25 por ciento proviene de la explotación de oro, 20 por ciento de la plata, 17 por ciento del cobre y el 38 por ciento restante se distribuye en minerales como zinc, coque, hierro y carbón, entre otros.

Sonora, Chihuahua y Zacatecas fueron las entidades que concentraron 70 por ciento de la extracción de oro en el país. El restante 30 por ciento se distribuyó entre Guerrero, Durango y San Luis Potosí.

La canadiense Goldcorp Inc es la mayor productora de oro en México. En febrero de 2010 comenzó la operación comercial de la mina Peñasquito, ubicada en Zacatecas. Para 2011 su programa de operación planteó producir 350 mil onzas de oro a 100 por ciento de su capacidad, y se prevé que sea la mina más grande de oro del país. A su vez, Los Filos, localizada en Guerrero, resultó en 2010 la mina más grande de oro en México.

Por su parte, la empresa Fresnillo Plc, listada en la bolsa de Londres y que representa el segundo mayor productor de oro en el país, informó que en 2010 obtuvo un incremento de 33.4 por ciento en la producción proveniente de sus unidades.

La canadiense Gammon Gold Inc. informó que en 2010 su mina Ocampo, localizada en Chihuahua, alcanzó una producción de 103 mil 200 onzas de oro (3.2 toneladas), lo que refleja una disminución de 5 por ciento con respecto a lo obtenido en 2009.

Otra empresa canadiense Argonaut Gold Inc produjo en su mina El Castillo, localizada en Durango, 51 mil 324 onzas de oro (1.59 toneladas), lo que representó un incremento de 78 por ciento con respecto a las 28 mil 768 onzas producidas en 2009.

New Gold Inc, operadora de la mina de oro y plata Cerro San Pedro, en San Luis Potosí, incrementó su producción de oro 24.2 por ciento con respecto a lo obtenido en 2009. La extracción total en 2010 sumó 118 mil 708 onzas (3.7 toneladas).

La canadiense Yamana Gold Inc continúa con la construcción y preparación de la mina de oro y plata Mercedes, localizada en el norte de Sonora, en la cual se ha programado el comienzo de operaciones en 2012; deberá producir 125 mil onzas de oro equivalente.

A partir del 2011 Timmins Gold Corp tenía planeado producir 100 mil onzas anuales de oro en su mina San Francisco, en Sonora.

La estadunidense US Gold avanza de manera agresiva en su proyecto de oro y plata El Gallo, en Sinaloa. Con una inversión de 100 millones de dólares, US Gold estima lograr una producción de 50 mil 250 onzas de oro a partir de 2014.

La australiana Cerro Resources NL informó que está desarrollando el estudio de factibilidad del proyecto Cerro del Gallo, localizado en Guanajuato. Los resultados del estudio concluyeron en marzo de 2011 y, de ser positivos, el arranque de las operaciones se prevé en 2012. Cerro del Gallo cuenta con 69.9 millones de toneladas de mineral con contenidos de 0.66 gr./ton de oro y 13.6 gr./ton de plata.

Además, continúan los trabajos de exploración de Goldcorp Inc en los proyectos satélite de Camino Rojo, en Zacatecas.

A nivel internacional, de acuerdo con el Mineral Commodity Summaries 2011, China volvió a ubicarse como el mayor productor de oro del mundo con 345 toneladas, lo que representó un incremento de 15 por ciento, seguido por Australia y Estados Unidos, con 255 y 230 toneladas, respectivamente.

Detrás se ubican Rusia y Sudáfrica, con 190 toneladas cada una; sigue Perú con 170, Indonesia con 120, y Ghana con 100 toneladas anuales.

Detener el saqueo minero en México

Francisco López Bárcenas

El saqueo minero en México es posible dadas las facilidades que la legislación otorga a las empresas mineras para hacerlo, pero también porque en los casos donde impone algunas condicionantes éstas no se respetan. Eso se desprende del Informe del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2010 de la Auditoría Superior de la Federación, dado a conocer en días pasados. No es la primera vez que lo hace; ya en 2008 había señalado que la Dirección General de Minas había entregado concesiones a empresas que carecían de las actas constitutivas que acreditaran su nacionalidad y que dentro de su objeto social se encontraba la minería; además, en aquella ocasión el organismo expresó que los concesionarios no informaban que su actividad se ajustara a las disposiciones en materia de protección al ambiente, ni que hubieran realizado las obras a que la ley los obliga.

Ahora la Auditoría Superior de la Federación vuelve a poner el dedo en esta llaga por donde se desangra a México. Ya no habla de que no se identifique la nacionalidad de la empresa minera concesionaria ni que no acredite que dentro del objeto para el que fue creada esté la minería; lo que dice es que de mil 121 concesiones que se autorizaron en 2010, 272 no se registraron en el padrón correspondiente, lo que lo convierte en un instrumento de control poco confiable; de igual manera, 80 de ellas no consignaron su registro federal de contribuyentes, impidiendo que la Secretaría de Hacienda pueda requerirles el pago correspondiente por derechos; además, que en 39 casos la empresa titular de la concesión no pagó derechos y en 27 pagó menos de lo que era su obligación liquidar.

Otra de las irregularidades detectadas es el pago por el uso y aprovechamiento de bienes de la nación, como son los recursos naturales. El informe de la Auditoría Superior de la Federación corrobora lo que en muchas ocasiones se ha señalado en La Jornada: que las cuotas que se pagan por una concesión son inferiores a los costos de los trámites administrativos para otorgarla. Textualmente, afirma: El importe de las cuotas que se pagan actualmente es simbólico y contrasta con los volúmenes extraídos de recursos minerales no renovables, ya que el valor de éstos está por arriba de los derechos de concesión que cobra el Estado, como se observó en el periodo 2005 a 2010, en que el valor de la producción ascendió a 552,422,429.3 miles de pesos, y el de los derechos cobrados a 6,543,417.4 miles de pesos, los cuales equivalieron a 1.2 por ciento de la primera. Pero no sólo eso: también se detectó que los pagos por trámites de modificación de títulos y por la modificación misma no son verificados por la autoridad, de ahí que no se pueda saber si pagan o no, o si lo hacen de manera correcta.

Lo que el informe muestra es que las venas del saqueo minero en México siguen abiertas. No sólo por lo laxo de la legislación aplicable, sino también por las omisiones de las autoridades en vigilar que se cumpla. Esto, como es natural, tiene sus repercusiones. Cada día aumentan las protestas sociales por la devastación ambiental causada por la minería en diversas partes del territorio nacional, lo mismo que por los contratos leoninos firmados con los dueños de las tierras bajo las cuales se encuentra el codiciado mineral, o los daños a la salud que el uso de sustancias químicas provoca. Ejemplos sobran, aunque destacan las protestas indígenas porque, al introducirse en sus territorios sin su consentimiento, destruyen el entorno social donde viven y ponen en peligro su existencia como pueblos.

Eso debería ser razón suficiente para emprender una revisión profunda a la legislación y las políticas mineras. No se puede seguir haciendo como si nada pasara. Es necesario analizar los requisitos para la entrega de concesiones las obligaciones de quienes las obtienen, especialmente en materia de protección ambiental y de salud de quienes viven en las zonas donde se instalan, los pagos por derechos de uso y aprovechamiento de los recursos naturales y los impuestos por comercialización de los mismos. Esas son razones suficientes para iniciar un cambio de fondo en esta actividad, pero si alguien necesita un argumento más, hay que decir que el mineral es propiedad de todos los mexicanos y las trasnacionales mineras se lo están llevando sin dejar ningún beneficio al país.

Tuvo la máxima producción de la historia del país, según el Inegi

Creció 21.5% la industria minera en abril; la dominan empresas foráneas

Víctor Cardoso

Periódico La Jornada
Viernes 1º de julio de 2011, p. 31

La industria minero-metalúrgica, dominada por empresas extranjeras, registró en abril un crecimiento de 21.5 por ciento medido de forma anualizada, con lo que en ese mes se alcanzó la máxima producción en la historia del país, reveló el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Este comportamiento se asoció al desempeño heterogéneo entre los distintos metales y minerales que la componen: creció la de cobre, yeso, carbón no coquizable, oro, plata, zinc y coque, en tanto que disminuyó la de plomo, azufre, pellets de fierro y fluorita, reportó el organismo.

Al primer trimestre del año las cuatro empresas mineras más grandes del país obtuvieron ganancias por casi 11 mil 374 millones de pesos, lo que representó 42 por ciento más que lo obtenido en el mismo periodo del año pasado, como consecuencia de los altos precios de las materias primas en todo el mundo, en particular de los minerales.

En este país las más grandes competidoras son Grupo México, Industrias Peñoles, Minera Frisco y Minera Autlán, que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). Sin embargo, cada vez es mayor la participación de empresas como Soltoro, Dia Bras Exploration, Yale Resources, American Sierra Gold, Klondike Silver Corp, o Pediment Gold Corp., US Gold Corporation First Majestic, Torex Gold Resources Inc, entre otras.

De acuerdo con datos oficiales en el país operan 257 compañías extranjeras a cargo de 628 proyectos de exploración y explotación, entre los que se encuentran Chinipas, Madera, Ocampo, Urique, San Dimas, Santiago Papasquiaro, Eduardo Neri, Caborca, Sahuaripa, Mazapil, Jiménez de Teul.

Ayer el Inegi dio a conocer que la producción minera en México por estados con actividades de extracción y beneficio de minerales metálicos y no metálicos, permite observar que la mayor producción de oro se obtuvo en Sonora, con una aportación de 31.1 por ciento del total nacional de ese mineral; Chihuahua, con 20.7; Zacatecas produjo 18.1 por ciento; Durango 9.6; Guerrero 9.2, y San Luis Potosí 7.2. En forma conjunta, con 4.1 por ciento del total, tuvieron participación Guanajuato, estado de México, Querétaro y Sinaloa.

La producción nacional de oro y plata, metales utilizados con fines industriales, para acuñación de moneda y minería, creció a un ritmo de dos dígitos. De acuerdo con los registros divulgados por el Inegi, la producción de oro creció 17.9 por ciento en abril pasado respecto de igual mes del año anterior, al obtenerse un total de 6 mil 660 kilogramos; la de plata alcanzó poco más de 334.8 toneladas, equivalente a un incremento de 14.6 por ciento medido de forma anualizada.

Respecto de la extracción y beneficio de plata, 79.7 por ciento de la extracción y beneficio se concentró en cuatro estados: Zacatecas, con 43.7 por ciento del total; Chihuahua 20.2; Durango, 8.9, y Sonora 6.9 por ciento. Otro 20.3 por ciento fue producido en Coahuila de Zaragoza, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, estado de México, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa y otros estados.

A corazón abierto defendamos nuestra Madre Tierra en contra de la minería

Radios y medios libres, comunidades y pueblos del mundo, nos pronunciamos por la defensa de nuestro territorio.

Y ¿quién les dio permiso de explotar nuestra tierra, contaminar nuestros ríos, deforestar nuestros bosques, envenenarnos con cianuro, desaparecer nuestras culturas, y dividir y atacar nuestras comunidades?

Marzo de 2011, San Luis Acatlán, Guerrero.



Diversas radios comunitarias libres, medios alternativos, comunidades, organizaciones e individuos, de Guerrero, Oaxaca, la Ciudad de México, Argentina, Francia, Barcelona y Estados unidos, nos reunimos en la costa chica de Guerrero, porque vimos la necesidad de juntarnos a entender las amenazas que trae consigo la minería en nuestros territorios. Buscamos encontrar estrategias de comunicación, transformación y organización que nos permitan luchar por la defensa de nuestra vida.



Actualmente, los herederos del despojo como forma de vida, las empresas transnacionales, son la principal amenaza a la estabilidad de nuestra tierra y la vida en comunidad. Creemos necesaria la formación de redes solidarias de acción, contra el despojo crónico de nuestros recursos naturales (que al día de hoy lleva 518 años, 5 meses, 17 días y contando), que nos permitan enfrentar y detener la contaminación y destrucción de nuestros cerros y ríos, de nuestro aire, de nuestros lugares sagrados, de nuestras siembras y de nuestra identidad alimentaria y de nuestra cultura. ¿Quién les dio permiso de explotar y negociar con lo nuestro? ¿Quién les dio permiso de secar nuestros ríos? ¿Quién les dio permiso de desgarrar nuestro pueblo? ¿Quién les dio permiso de sembrar muerte y cosechar oro?



Sabemos que los malos gobiernos que pesan sobre nuestros pueblos, son quienes han permitido y solapado el uso de la tierra como un bien generador de riqueza, sin considerar la a los pueblos y sus culturas así como la preservación del medio ambiente y la voz de las comunidades. La instalación de las mineras bajo consentimiento de leyes amañadas, como última opción para salvar a los ricos de su crisis económica y de legitimidad, han convertido grandes territorios en pueblos fantasmas. Han provocado desiertos envenenados por cianuro, donde ya no crecen árboles, ni maíz, ni frijol, ni calabaza, ni todos los alimentos regionales que son base de nuestras culturas. Cáncer, enfermedades en la piel y muerte son lo que cosechamos de las mineras cuando se van.



Tan sólo del 2005 al 2010 aproximadamente 200,000 hectáreas del territorio indígena de la Costa-Montaña de Guerrero, fueron entregadas por el gobierno federal a empresas extranjeras, quienes mediante concesiones de 50 años podrán realizar actividades de exploración y explotación, sin tomar en cuenta el derecho al territorio y a la consulta de los pueblos indígenas.



Es por eso que hemos decidido iniciar la campaña en defensa del territorio denominada: A corazón abierto defendamos nuestra madre Tierra en contra de la minería. Desde nuestras diferencias y la pluralidad de ideas, idiomas y culturas, armados con computadoras, guitarras, jaranas, pinturas, cámaras de video, audio y fotografía, creamos carteles, imágenes, canciones, animaciones, esténsiles, volantes, videos y cápsulas de radio, que buscan comunicar los diferentes impactos de la minería en nuestro medio ambiente, salud y cultura. Compartimos nuestras experiencias concretas de organización ante el despojo, para generar unidad y fortaleza entre movimientos y luchas sociales de Guerrero, México y el mundo. No permitiremos que los intereses económicos de las empresas extranjeras estén por encima de nuestras vidas. Las Mineras NO pasarán. La vida de nuestra madre tierra y sus alimentos que son sus frutos prevalecerá.



Red de medios libres abajo y a la izquierda

Regeneración Radio

Notilibertas

Radio La Voz de los Pueblos, Espino Blanco

Radio La Voz de la Costa Chica, San Luis Acatlan

Lebaralia colectivo itinerante AC

Radio Web Pueblo Indígena

Red Nacional de Jóvenes Indígenas (RENJI)

La Media Naranja Colectivo Audiovisual

HACKLAB

Marea Creciente México

Ojo de Tigre Video/Comunicación Comunitaria

Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos, AC (CACTUS)

Kukulkan Sonido Antisistema

Radio Educativa Comunitaria Uan Milawak Tlajtoli (UMT) – La palabra verdadera, Chilapa, Gro.

Kehuelga radio 102.9 FM

Caracol Azul

666ismocrítico/Cooperativa de trabajo hormiga

El Zenzontle

Radio Yaxhil didza lubë

Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan

Radio Ñomndaa, La Palabra del Agua, 100.10 F.M.

Taller de Desarrollo Comunitario AC (TADECO)

Radios de la Universidad Intercultural de los Pueblos del Sur (UNISUR), La voz de los pueblos del sur – 104.3 FM

Radio Zapote Frecuencia Libre 102.1 FM

E.R.Gatos Ardillas

Palabra Radio

Centro de Estudios Ecuménicos

Almacena 400 toneladas de residuos ilegales

Mina zacatecana, convertida en un cementerio tóxico

Es el punto de México más contaminado con bifenilos policlorados

Incumplen remediación

Alfredo Valadez Rodríguez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Lunes 23 de agosto de 2010, p. 31

Zacatecas, Zac., 22 de agosto. La mina Nuevo Mercurio, ubicada en el municipio de Mazapil, está abandonada desde hace ocho años, pese a que autoridades locales y federales se comprometieron a remediar y contener los efectos tóxicos de 400 toneladas de residuos peligrosos almacenados ahí, junto con decenas de tanques de bifenilos policlorados (BPC, productos utilizados en las industrias eléctrica, química, minera, automovilística y de la cconstrucción, entre otras).

Estos desechos fueron introducidos ilegalmente desde Estados Unidos. Los BPC fueron producidos por la trasnacional Monsanto y los residuos peligrosos por las empresas Diamond Shamrock (petrolera), Monochem (hoy Borden, fabricante de productos químicos y sintéticos industriales, BF Goodrich (fabricante de llantas) y PPG Industries (pinturas y recubrimientos).

Según el reporte final delDiagnóstico nacional de bifenilos policlorados en México, elaborado por la empresa Acosta y Asociados para el Instituto Nacional de Ecología (INE), con número de expediente INE/AD-084/2001, la contaminación con BPC en esta región del norte de Zacatecas es la más grave del país, junto con un caso del almacén de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en Perote, Veracruz.

El documento explica que la mayor parte de los BPC introducidos a México desde la década de 1940 fueron producidos por Monsanto en sus dos plantas de Estados Unidos, aunque también se introdujeron menores cantidades de Europa y Japón en la década de 1980, cuando su importación todavía estaba permitida, pues desde entonces se prohibió el uso de esas sustancias por ser altamente tóxicas y cancerígenas.

En Mazapil (a unos 180 kilómetros de la capital del estado) operó durante años la empresa Minera Rosicler, propiedad de los estadunidenses John Nugent y su hijo Clarence William Nugent, quienes introdujeron al país en forma ilegal varios cargamentos de BPC procedentes de Houston, Texas, y los confinaron en forma inadecuada.

Las investigaciones del INE sobre este caso detallan que en 1977 Clarence W. Nugent introdujo por ferrocarril residuos peligrosos por Ciudad Juárez, Chihuahua, hasta Estación Camacho, Zacatecas, para transportarlos desde ahí en camiones de redilas –por más de 50 kilómetros de terracería– hasta la mina Nuevo Mercurio.

En las inmediaciones de la Minera Rosicler se hallaron 635 tambos de metal con capacidad de 200 litros cada uno, y entre 300 y 400 toneladas de diversos residuos que fueron identificados como diesel, bifenilos policlorados, alcohol de verduras, líquidos corrosivos, jales de minas, cenizas catalizadoras de mercurio y desechos sólidos y líquidos, indica la investigación elaborada por Acosta y Asociados. Especifica que los BPC estaban contenidos en 42 tambos de 200 litros cada uno.

Daño ambiental impune

La investigación revela que a principios de la década de 1980 autoridades ambientales de México intentaron ejercer acción penal en contra de los responsables identificados (los Nugent), pero el 18 de marzo de 1983 se les dictó sentencia absolutoria por no existir jurisdicción ambiental sobre el caso.

En 2002, el entonces gobernador de Zacatecas, Ricardo Monreal Ávila, y el entonces titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Víctor Lichtinger, convinieron acciones de contención de los residuos peligrosos expuestos en la mina de Nuevo Mercurio y se canalizaron recursos para medidas específicas:

Clausurar los nueve tiros de la mina para evitar que se volvieran a usar para el confinamiento de residuos; concentrar los desechos en cuatro puntos del yacimiento; impermeabilizar la superficie, cubrirla con plástico negro calibre 40 y con material inerte; cercar los sitios donde fueron confinados los residuos. Instalar letreros para advertir de los riesgos para la salud, y reforestar el área de la mina con especies nativas.

No obstante, hasta la fecha las medidas de contención y remediación siguen inconclusas: hay varios tiros de mina sin clausurar; varios puntos donde aún hay sustancias peligrosas, entre ellos los hornos de retorta y los patios de lavado de mineral, no ha sido cercados. Tampoco se reforestó.

Muy cerca de los letreros depeligro que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente colocó hace poco hay numerosas osamentas de coyotes, venados y mamíferos pequeños.

A menos de un kilómetro, decenas de familias aún viven en el caserío de Nuevo Mercurio.

La Minería y su grave impacto sobre los Bosques y los Pueblos
14-08-03 Por Forest Peoples Programme *

La minería es una actividad a corto plazo pero con efectos a largo plazo. A nadie puede (debe) caberle duda que cuando se realiza en zonas de bosque constituye un factor de depredación de los mismos. Se calcula que, conjuntamente con la exploración de petróleo, amenaza el 38% de las últimas extensiones de bosques primarios el mundo.

La minería es un problema y debe ser tratada como tal.

El concepto de "sustentabilidad" está siendo vaciado cada vez más de contenido, especialmente a manos de quienes realizan actividades básicamente insustentables. Entre ellos es necesario mencionar una actividad que ya por definición no es sustentable: la minería. Se puede argumentar que la minería es necesaria para suministrar diversos bienes a los seres humanos, pero lo que por cierto no se puede argumentar es que sea sustentable, siendo como es una actividad basada en la extracción de recursos no renovables.

A pesar de eso, las corporaciones mineras están haciendo grandes esfuerzos para convencer a la opinión pública de que son "sustentables". Con ese objetivo en mente, el Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sustentable (WBCSD, por sus siglas en inglés) -- representante de varias de las corporaciones más destructivas del mundo -- contrató al Instituto Internacional de Medio Ambiente y Desarrollo --que se autodescribe como una organización sin fines de lucro-- para llevar a cabo "un proyecto independiente de investigación y consulta de dos años con el objetivo de comprender cómo el sector de minería y minerales puede contribuir a la transición mundial hacia un desarrollo sustentable". El proyecto incluye, claro está, el necesario adjetivo de "sustentable": el "Proyecto de Minería, Minerales y Desarrollo Sustentable".

El proyecto tenía, por supuesto, un objetivo político y fue parte del lobby de las corporaciones para la inclusión del absurdo concepto de "minería sustentable" en el informe oficial de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sustentable (CMDS). A pesar de la manifiesta oposición expresada por los activistas contrarios a la minería durante el proceso de la CMDS, las corporaciones mineras lograron su objetivo, y la minería fue declarada oficialmente -- como por arte de magia -- una actividad "sustentable".

Sin embargo, en el mundo real, decir que la minería es insustentable es en realidad quedarse muy cortos. Sus impactos exceden largamente lo que la gente consideraría normalmente como insustentable. La minería es responsable por la pérdida del sustento de millones de personas; está en las raíces de numerosas guerras civiles, dictaduras e intervenciones armadas extranjeras; es responsable por la violación generalizada de derechos humanos; es responsable por el envenenamiento de personas y del medio ambiente; es una de las causas directas y subyacentes más importantes de la deforestación y la degradación de los bosques. Esos y muchos otros impactos relacionados con la minería se describen en detalle en los artículos de este boletín.

Es verdad que la humanidad necesita una cierta cantidad de minerales para satisfacer algunas de sus necesidades, básicas o no. Pero también es igualmente cierto que el consumo excesivo de una parte de la humanidad está destruyendo las formas de sustento y el medio ambiente de la otra parte de la humanidad, que habita en áreas impactadas por la minería.

Debido a sus impactos, la minería es una de esas actividades que deben ser controladas estrictamente en todas sus etapas, desde la prospección y explotación hasta el transporte, procesamiento y consumo. En muchos casos, control estricto significa sencillamente prohibición. Pretender que las corporaciones mineras se controlarán a sí mismas es más que ingenuo: es absurdo. Incluso el control de los propios gobiernos es insuficiente, teniendo en cuenta el poder económico y político que las corporaciones mineras han demostrado tener sobre ellos. Se debe empoderar a la sociedad en su conjunto para que participe directamente en este control.

Pero ante todo, los pueblos que viven en las regiones ricas en minerales deben tener la capacidad de tomar decisiones plenamente informadas para decidir si permiten o no actividades de minería en sus territorios. Y en caso de aceptar, deben tener el poder para decidir cómo se debe llevar a cabo la actividad, de forma de asegurar la conservación ambiental y la justicia social.

A pesar de sus pretensiones de "sustentabilidad", la minería es un problema grave y como tal debe ser tratado.

Para entender la minería: empezando por el principio

La minería es el conjunto de actividades referentes al descubrimiento y la extracción de minerales que se encuentran debajo de la superficie de la tierra. Los minerales pueden ser metales (como oro y cobre) y no metales (como carbón, amianto, grava). Los metales están mezclados con muchos otros elementos, pero ocasionalmente se encuentran grandes cantidades de ciertos metales concentrados en un área relativamente pequeña --el yacimiento-- de donde se puede extraer uno o más metales con beneficio económico. Los impactos de la minería tienen que ver con la mina en sí, con la eliminación de los residuos de la mina, con el transporte del mineral y con el procesamiento del mismo, que a menudo involucra o produce materiales peligrosos.

Las minas pueden ser de varios tamaños, desde operaciones pequeñas que producen menos de 100 toneladas al día, hasta minas grandes que mueven cientos de miles de toneladas. El método de explotación utilizado para extraer determinado depósito de mineral depende del tipo, tamaño y profundidad del yacimiento mineral y de los aspectos económico financieros de dicho emprendimiento.

Hasta mediados del siglo veinte, la minería subterránea era el método más común de extraer yacimientos masivos. Después de la Segunda Guerra Mundial, los avances en la tecnología y el desarrollo de razadoras, niveladoras, palas y camiones más grandes y poderosos permitieron el movimiento de enormes cantidades de materiales, que promovieron la explotación en minas a cielo abierto. No obstante, siguen existiendo minas subterráneas, como las de oro de Witwatersrand, en Sudáfrica --las más profundas del mundo--, o las de El Teniente, en Chile --la mina subterránea más grande del mundo--, u Olympic Dam, en Australia. A la mina subterránea se accede por un pozo o una rampa que desemboca en las galerías y niveles de producción, los cuales están conectados entre sí por pozos inclinados que sirven para acarreo de mineral y movimiento del personal. Se utilizan perforadoras y explosivos para romper la mena -- la mezcla de minerales de la que se puede extraer uno o más metales -- bajo tierra.

Generalmente, este tipo de minería tiene menor impacto ambiental que las minas a cielo abierto. La perturbación en la superficie de la tierra es menor, pero puede igualmente tener efectos sobre el agua al contaminarla con ácidos y metales e interceptar acuíferos. Los trabajadores están expuestos a situaciones aún más peligrosas que los que trabajan en minas a cielo abierto, por el riesgo de hundimientos, mala calidad del aire y explosiones subterráneas. Las compañías han abandonado progresivamente este método por un problema de rentabilidad, si bien minerales tales como carbón, níquel, zinc o plomo siguen siendo en general extraídos con métodos de minería subterránea.

Actualmente, más del 60% de los materiales extraídos en el mundo lo son mediante la modalidad de minería de superficie, que provoca la devastación del ecosistema en el cual se instala (deforestación, contaminación y alteración del agua, destrucción de hábitats). Dentro de este tipo de minería se distinguen, entre otras, las minas a cielo abierto (generalmente para metales de roca dura), las canteras (para materiales de construcción e industriales, como arena, granito, pizarra, mármol, grava, arcilla, etc.), y la minería por lixiviación (aplicación de productos químicos para filtrar y separar el metal del resto de los minerales).

La apariencia de las minas a cielo abierto (o de tajo abierto) es la de terrazas dispuestas en grandes fosas anchas profundas en medio de un paisaje desolado, desnudo y carente de recursos vivos. La operación suele comenzar con la remoción de vegetación y suelo, luego se dinamita extensamente y se remueven la roca y los materiales que se encuentran por encima de la mena hasta llegar al yacimiento, donde vuelve a dinamitarse para obtener trozos más pequeños. Las nuevas tecnologías, que permiten mejores rendimientos en la velocidad de extracción y procesamiento del mineral, acrecientan los problemas ambientales, pues los materiales de desecho no revierten normalmente en la recuperación del lugar.

Las canteras son minas de superficie muy semejantes a las minas a cielo abierto, pues el resultado final de su explotación es también un paisaje desolado de profundas zanjas entre anchos escalones. La agresión al medio ambiente que por sí misma genera este tipo de minería se agrava por su proximidad a las zonas urbanas, pues se busca reducir los gastos de transporte para lograr mayor rentabilidad. Esa proximidad produce nuevos problemas ambientales, pues las excavaciones realizadas, que ya carecen de cubierta vegetal, terminan convirtiéndose en vertederos urbanos, además de afectar las aguas superficiales y subterráneas próximas a la explotación.

En la minería por lixiviación se utilizan productos químicos (por ejemplo ácido sulfúrico en el caso del cobre o una solución de cianuro y sodio en el caso del oro) para disolver (lixiviar) los metales en cuestión del mineral que los contiene, obteniendo una muy alta tasa de recuperación. Puede darse en la variante de lixiviación in situ (se perfora con taladros la roca intacta y se agrega el solvente) o la muy frecuente lixiviación de cúmulos de mineral triturado. Las soluciones químicas utilizadas no sólo liberan los metales deseados sino que también movilizan otros metales pesados (como el cadmio), por lo que las aguas superficiales y subterráneas suelen contaminarse.

Aún cuando los impactos ambientales de la minería varían según el tipo de mineral y de mina, se trata de una actividad intrínsecamente insustentable, pues implica la explotación de un recurso no renovable mediante procedimientos destructivos o contaminantes, como la trituración, la molienda, el lavado y clasificación de los minerales, la refinación y la fundición. En la actualidad resulta doblemente destructiva por su gran escala y por la tecnología que ha acrecentado su capacidad productiva. (1)

Minería: más una maldición que una bendición

Actualmente existe evidencia irrefutable de que la minería limita gravemente la capacidad de una nación de sustentar el crecimiento económico (incluso dentro de las definiciones estrechas a las que en general adhieren los estados nacionales). Esto resulta un descubrimiento "sorprendente" para quienes piensan que las "riquezas" contenidas en el suelo se traducen infaliblemente en dinero en el banco. Pero para quienes adoptan un análisis anticolonialista de la acumulación de capital, la razón fundamental para la discrepancia no es difícil de descubrir. Zaire, Bolivia y Sierra Leone no son simplemente "pobres"; han sido empobrecidos sin piedad durante cientos de años. Gran parte de la "deuda externa" demoledora que arrastran los países "más pobres" del mundo en realidad supuestamente se adeuda por capital que nunca fue invertido en el auto-desarrollo de los pueblos. En su lugar, se invirtió en construir minas, represas, centrales eléctricas y plantas de procesamiento para transformar capital "natural" --no sólo hierro, cobre, bauxita, diamantes, sino también agua, tierra y aire-- en valor exportable.

Los pueblos han extraído minerales de la tierra desde tiempos muy antiguos. Los babilonios, asirios y bizantinos tenían minas de cobre y plomo hace miles de años en lo que hoy es el sur de Jordania por ejemplo. Pero desde la revolución industrial, los minerales se han extraído y utilizado en cantidades mucho mayores. En tiempos recientes, esta tendencia se aceleró en forma importante: en 1999, cerca de 9,6 mil millones de toneladas de minerales comercializables fueron extraídos del suelo, casi dos veces más que en 1970. Esta cifra se refiere a los minerales que llegan finalmente al mercado, pero no incluye los residuos generados para producir esos minerales, la parte no utilizada de la mena (la roca o tierra que contiene los minerales), o la tierra removida para alcanzar la mena. Si esas categorías se incluyeran en la cantidad total de materiales extraídos cada año, la cifra aumentaría considerablemente.

Los países industriales consumen más de dos tercios de la producción anual de los nueve minerales más importantes. Los Estados Unidos, Canadá, Australia, Japón y Europa Occidental, con el 15 por ciento de la población mundial, en conjunto consumen la mayoría de los metales producidos cada año: aproximadamente 61% de todo el aluminio, 60% del plomo, 59% del cobre y 49% del acero. En un cálculo per capita, los distintos niveles de consumo son especialmente marcados: el estadounidense promedio utiliza 22 kilogramos de aluminio al año, el ciudadano promedio de la India usa 2 kilogramos y el africano promedio apenas 0,7 kilogramos.

Sin embargo, las comunidades locales y los pueblos tribales de los países ricos en recursos son los más afectados por los efectos perjudiciales ambientales, culturales, sociales y de salud de las actividades de exploración y explotación minera. Urgidos por las políticas macroeconómicas impulsadas por las instituciones comerciales y crediticias internacionales, muchos países empobrecidos se aferran a la minería como actividad "básica" para generar las tan necesarias divisas extranjeras. Hay casos en que como mínimo el 40% de las exportaciones depende de un solo producto mineral, como el caso del cobre en Zambia, los diamantes en Botswana, la República Centroafricana, Gambia, Liberia y Sierra Leona, el aluminio en Guinea y Surinam, el mineral de hierro en Mauritania. Si bien estos datos son relativamente antiguos (de 1994), ilustran una tendencia que todavía se mantiene. Doce de los veinticinco estados más dependientes de minerales del mundo (la mayoría de ellos concentrados en el África subsahariana) fueron clasificados por el Banco Mundial como "países pobres altamente endeudados", la categoría de países más complicada.

El proceso impuesto de desregulación y liberalización del mercado ha llevado a la privatización y exención de impuestos que ha beneficiado a las corporaciones mineras extranjeras. Por otro lado, de acuerdo con un informe de Naciones Unidas cuanto mayor sea la dependencia de la exportación de minerales de los países del Sur, su estándar de vida será probablemente peor. Niveles más altos de dependencia de los minerales se correlacionan estrechamente con mayores niveles de pobreza y tasas de desnutrición y mortalidad infantil. También se asocian con desigualdad de ingresos, bajos niveles de gasto en atención de salud, bajas tasas de inscripción en escuelas primarias y secundarias, y bajas tasas de alfabetización de adultos, así como una mayor vulnerabilidad a las crisis económicas. Estudios académicos recientes revelan que los niveles de vida generales en los países dependientes de minerales tienden a sufrir de tasas inusualmente altas de corrupción, gobiernos autoritarios, ineficacia gubernamental, gastos militares y guerras civiles.

Con excepción del mercurio, amianto y plomo --que están especialmente en la mira debido a su toxicidad ambiental-- la producción de los principales metales ha aumentado en una forma exponencial que no tiene ninguna relación con la satisfacción de las necesidades humanas básicas, pero tiene mucho que ver con la pura e insaciable sed de lucro de las corporaciones. Ha habido mucho movimiento dentro de la industria de la minería en los últimos años. Las compañías mineras han racionalizado sus operaciones y se han embarcado en fusiones y adquisiciones para mantener, consolidar, fortalecer y ampliar el espectro de actividad mundial de las transnacionales de la minería. Ha habido una concentración creciente de la inversión en la búsqueda de oro y diamantes, que son atractivos más por su rentabilidad que por su utilidad.

Aunque el escenario minero internacional incluye un número relativamente grande de empresas, sólo unas pocas -- que además se vuelven crecientemente más grandes a través de fusiones-- parecen dominar el escenario. La mayoría son originarias de un puñado de países, entre los que los más importantes son Canadá, Estados Unidos, Reino Unido y Australia. Entre las empresas más conocidas de esos países se incluyen Rio Tinto, Barrick Gold Corporation, Freeport MacMoran, BHP-Billiton, Newmont, Placer Dome y muchas otras. Ejemplos de los impactos de sus operaciones están registrados en este boletín. Sin embargo, otros actores internacionalmente más pequeños pueden ser extremadamente importantes a nivel local y también aquí se incluyen ejemplos. Independientemente de su importancia relativa a nivel internacional, todas tienen dos cosas en común: son extremadamente rentables y extremadamente perjudiciales.

Por otra parte, la minería puede ser muy lucrativa para las compañías, pero no para las comunidades locales de las áreas donde los recursos minerales son importantes. A medida que se explotan los depósitos minerales de más fácil acceso, el hambre por nuevas fuentes baratas impulsa a la industria a intensificar cada vez más la exploración en territorios indígenas. Comunidades que antes dependían de los recursos naturales, sufren pérdidas inmediatas como resultado de las actividades de minería en gran escala. Sus formas de sustento se ven socavadas, sus organizaciones sociales perturbadas y sus culturas transformadas. Las compensaciones en efectivo, si se pagan, no puede reparar estas pérdidas y la herencia oscura de las minas continúa incluso después de que la mina es abandonada. Los puestos de trabajo y sustentos perdidos en la agricultura, pesca y la minería en pequeña escala exceden por mucho los que ofrece la minería. Los pobladores locales a menudo carecen de las habilidades requeridas para poder beneficiarse de algo que no sean los trabajos peores pagos y a más corto plazo disponibles.

A pesar de la promesa de riqueza que supone el desarrollo minero, en realidad la presencia de la riqueza minera puede incluso retrasar el desarrollo nacional y local. Según un estudio de 1999 de Arborvitae (IUCN, WWF), los países del sur "ricos en recursos minerales tienden a tener tasas de crecimiento económico más lentas, niveles más bajos de bienestar social y distribuciones de ingreso mucho más asimétricas que los países en desarrollo no dependientes de minerales. De hecho, la mejor base de recursos de las economías minerales ha sido más una maldición que una bendición".

Es así que la promoción de la minería en gran escala se atrinchera en políticas, instituciones y mentalidades que visualizan el "desarrollo" como una iniciativa de arriba hacia abajo a imponer sobre las comunidades locales y el medio ambiente --la propia antítesis de un enfoque ambientalmente adecuado centrado en la satisfacción de las necesidades económicas, sociales y culturales de los pueblos y las generaciones futuras. (2)

Impactos ambientales y sociales de la minería

La minería es una actividad a corto plazo pero con efectos a largo plazo. A nadie puede (debe) caberle duda que cuando se realiza en zonas de bosque constituye un factor de depredación de los mismos. Se calcula que, conjuntamente con la exploración de petróleo, amenaza el 38% de las últimas extensiones de bosques primarios el mundo.

Las actividades mineras comprenden diversas etapas, cada una de las cuales conlleva impactos ambientales particulares. En un sentido amplio, estas etapas serían: prospección y exploración de yacimientos, desarrollo y preparación de las minas, explotación de las minas, tratamiento de los minerales obtenidos en instalaciones respectivas con el objetivo de obtener productos comercializables.

En la fase de exploración, algunas de las actividades con impacto ambiental son la preparación de los caminos de acceso, mapeos topográficos y geológicos, el montaje de campamentos e instalaciones auxiliares, trabajos geofísicos, investigaciones hidrogeológicas, aperturas de zanjas y pozos de reconocimiento, tomas de muestras.

Durante la fase de explotación, los impactos que se producen están en función del método utilizado. En las zonas de bosque, la sola deforestación de los suelos con la consiguiente eliminación de la vegetación --más vasta en los casos de minas de cielo abierto-- tiene impactos a corto, mediano y largo plazo. La deforestación no solo afecta el hábitat de cientos de especies endémicas (muchas llevadas a la extinción), sino el mantenimiento de un flujo constante de agua desde los bosques hacia los demás ecosistemas y centros urbanos. La deforestación de los bosques primarios causa una rápida y fluida escorrentía de las aguas provenientes de las lluvias, agravando las crecidas en los periodos de lluvia debido a que el suelo no puede contener el agua como lo hace en presencia de las masas boscosas.

Además del área perturbada por la socavación, el desgaste que las minas provocan en la superficie por la erosión y colmatación (sedimentación del lecho de los cursos de agua) consiguientes, se ve agravado por los montones de residuos de roca sin valor económico (a los que se llama material estéril), que suelen formar enormes montañas a veces más grandes que la superficie sacrificada para la socavación.

El enorme consumo de agua que requiere la actividad minera generalmente reduce la napa freática del lugar, llegando a secar pozos de agua y manantiales. El agua suele terminar contaminada por el drenaje ácido, es decir la exposición al aire y al agua de los ácidos que se forman en ciertos tipos de mena --especialmente las sulfúricas-- como resultado de la actividad minera, los que a su vez reaccionan con otros minerales expuestos. Se genera así un vertido autoperpetuado de material tóxico ácido que puede continuar durante cientos o incluso miles de años. Por otro lado, las pequeñas partículas de metales pesados que con el tiempo pueden separarse de los residuos, se diseminan con el viento depositándose en el suelo y los lechos de los cursos de agua e integrándose lentamente en los tejidos de organismos vivos como los peces.

Productos químicos peligrosos utilizados en las distintas fases de procesamiento de los metales, como cianuro, ácidos concentrados y compuestos alcalinos, si bien supuestamente están controlados, es moneda corriente que terminen, de una forma u otra, en el sistema de drenaje. La alteración y contaminación del ciclo hidrológico tiene efectos colaterales muy graves que afectan a los ecosistemas circundantes --de manera especialmente agravada a los bosques-- y a las personas.

La contaminación del aire puede producirse por el polvo que genera la actividad minera, que constituye una causa grave de enfermedad, generalmente de trastornos respiratorios de las personas y de asfixia de plantas y árboles. Por otro lado, suele haber emanaciones de gases y vapores tóxicos, producción de dióxido de azufre --responsable de la lluvia ácida-- por el tratamiento de los metales, y de dióxido de carbono y metano --dos de los principales gases de efecto invernadero causantes del cambio climático-- por la quema de combustibles fósiles y la creación de lagos artificiales detrás de los embalses hidroeléctricos destinados a proporcionar energía para los hornos de fundición y las refinerías.

La actividad minera, además, consume enormes cantidades de madera para la construcción --en el caso de las minas subterráneas--, y también como fuente de energía en el caso de las minas con hornos de fundición a base de carbón vegetal. También, cuando se realiza en zonas remotas, implica grandes obras de infraestructura, como carreteras --que abren el acceso a los bosques--, puertos, poblados mineros, desviaciones de ríos, construcción de embalses y centrales generadoras de energía.

Tanto el ruido ensordecedor de la maquinaria utilizada en la minería como las voladuras no son un impacto menor, ya que crean condiciones que pueden resultar insoportables para las poblaciones locales y la fauna de los bosques.

Se aduce que la minería es vital para la industrialización, porque aporta materias primas y fuentes de energía. No obstante, la desproporcionada concentración de inversión actual en la búsqueda de oro y diamantes, que son marginales para la producción industrial, dan por tierra la justificación social del sector para sus actividades. En 2001, el 82% del oro refinado tuvo como destino el mercado de la joyería, y vale la pena tener en cuenta que para producir un anillo de oro, el promedio de residuos de roca generados en una mina es de más de 3 toneladas. En Estados Unidos, la compañía Pegasus Gold hizo desaparecer la montaña Spirit Mountain de Montana, reemplazando lo que fuera sitio sagrado de las tribus por una mina de oro a cielo abierto. Durante los próximos 1.000 años, el sitio seguirá destilando ácido en la cuenca de la región.

Las distintas "fiebres del oro" a lo largo de la historia han llevado muerte y devastación a las poblaciones locales. Desde los Sioux de Black Hills a los aborígenes de Bendigo en Australia, la historia del oro está manchada de sangre. Y hoy, los Yanomami y los Macuxi de la Amazonia, los Galamsey de África Occidental y los Igorot de Filipinas, corren el mismo peligro.

La minería llega a un lugar con su promesa de generación de riquezas y empleo, pero se cuentan en millones quienes en todo el mundo pueden dar testimonio de los altos costos sociales que trae consigo: apropiación de las tierras de las comunidades locales, impactos en la salud, alteración de las relaciones sociales, destrucción de las formas de sustento y de vida de las comunidades, desintegración social, cambios radicales y abruptos en las culturas regionales, desplazamiento de otras actividades económicas locales actuales y/o futuras. Todo eso aparte de las condiciones laborales peligrosas e insalubres de ese tipo de actividad.

Puede aducirse que muchas de las comunidades afectadas han dado su consentimiento. Pero difícilmente puede hablarse de consentimiento informado previo genuino, ya que no tienen la oportunidad de saber cabalmente lo que les espera cuando se les pide que pongan su firma sobre la línea punteada al pie de un contrato. Es por eso que se reclaman mecanismos que permitan a las comunidades indígenas y locales participar efectivamente en los procesos decisorios, así como normas que les permitan rechazar ese tipo de emprendimientos en sus territorios.

Si hay quienes de todas maneras desean usar oro, o bien utilizarlo para las arreglos odontológicos o en los microcircuitos de las computadoras y teléfonos celulares, está bien. Pero, como alguien propone: saquémoslo de fuentes recicladas. De las 125.000 toneladas de oro extraídas de la tierra, más de 35.000 toneladas yacen en las bóvedas de los bancos centrales. Es más, la Reserva Federal de Estados Unidos posee 8.145 toneladas de oro, aproximadamente el 6% de todo el oro extraído. Entonces, ¡qué mejor que reciclarlo de las bóvedas de los bancos!(3)

Minería con ejércitos mercenarios

Un número cada vez mayor de nuevas operaciones de seguridad de las corporaciones en todo el mundo vinculan a ex oficiales de inteligencia, de ejércitos y veteranos de escuadrones de la muerte. Van al combate pagados por nuevos jefes: las industrias mineras.

El advenimiento de nuevas tecnologías como el mapeo por satélite asistido por computadora y el uso de cianuro para extraer oro han convertido operaciones antes marginales en potenciales fábricas de hacer dinero (para las transnacionales). El colapso de la Unión Soviética y la firma de tratados de libre comercio en todo el mundo ha abierto a países como Angola, que antes estaban fuera de los límites de las multinacionales occidentales. Y por último, la disponibilidad de capital y la mitigación del riesgo han sido asegurados por instituciones financieras internacionales, como las agencias bilaterales y multilaterales incluyendo al Banco Mundial y el Banco de Importación-Exportación de EE.UU. Están ansiosos por proporcionar dinero y seguro contra riesgo político a proyectos privados de extracción de recursos prácticamente en cualquier lugar del mundo.

Hace algunos años, Tim Spicer, ex miembro de los Servicios Aéreos Especiales británicos (SAS, por su sigla en inglés), tuvo una reunión con dos altos funcionarios gubernamentales en relación a la compra de una mina de cobre de propiedad de Rio Tinto, el gigante minero anglo-australiano, en la isla de Bougainville, en Papúa Nueva Guinea. Menos de un mes después era conducido a un tribunal de Papúa Nueva Guinea por haber sido contratado por el gobierno para proporcionar un ejército mercenario para tomar la mina de cobre. Su misión había sido vencer a un pequeño grupo de luchadores por la libertad que habían cerrado la mina de cobre durante casi diez años. Cuando la noticia del contrato de Spicer se hizo pública, ciudadanos comunes y oficiales del ejército local tomaron la ley en sus propias manos. Los disturbios produjeron el cierre de tiendas, bancos y escuelas, y el bloqueo de las principales carreteras, hasta que camiones de policías armados con rifles automáticos finalmente dispersaron a la multitud enfurecida con gas lacrimógeno y balas de goma (ver Boletín N° 7 del WRM).

Mejor suerte tuvieron en Colombia dos ex oficiales del SAS. Sus cajas negras llenas de armas y municiones pasaron sin problemas por el punto de control a cargo de un colega, Bill Nixon, ex oficial de inteligencia británico, cuyo nuevo trabajo era brindar seguridad en el aeropuerto privado de propiedad de British Petroleum (BP). Los tres mercenarios habían sido contratados por BP para ayudar a entrenar a la policía colombiana --famosa por sus abusos contra los derechos humanos-- para proteger la plataforma petrolífera de Dele-B. La compañía petrolera interpretó las consideraciones de seguridad en forma amplia. Según un informe encargado por el gobierno colombiano, BP colaboró con soldados locales involucrados en secuestros, tortura y asesinatos. El documento no publicado alega que la compañía petrolera recopiló información incluyendo fotos y filmaciones de video de las protestas de los pobladores locales contra las actividades petroleras-- y pasó la información a los militares colombianos que después arrestaron o secuestraron a los manifestantes como "subversivos".

La mayoría de los hombres que gestionan las operaciones con mercenarios tienden a operar en segundo plano, empleando a otros hombres --asesinos a sueldo locales o importados-- en las operaciones de campo. Tanto el contrato de Colombia como el de Papúa Nueva Guinea fueron arreglados en oficinas de Londres, administradas por otros ex funcionarios de SAS como Anthony Buckingham, uno de los operadores más oscuros del negocio de la seguridad, que administra un miniconglomerado de compañías mineras, petroleras y mercenarias desde sus discretas oficinas londinenses. El ejército mercenario más infame contratado por los nuevos colonialistas es Executive Outcomes (EO) que suministró los soldados de alquiler a Buckingham y Spicer en Papúa Nueva Guinea.

La campaña más famosa de EO, sin embargo, fue en Sierra Leona en mayo de 1996. Los mercenarios de EO llegaron a Sierra Leona mejor equipados que la mayoría de los ejércitos de África, con helicópteros de ataque rusos, un sistema de intercepción de radio, dos Boeing 727 para transportar tropas y suministros, una aeronave Andover para evacuación de víctimas, y bombas aire-combustible (fuel air explosives, conocidas como bombas FAE). Utilizadas con resultados devastadores por EE.UU. en la guerra del Golfo, las bombas FAE --cuyo poder se ubica un escalón por debajo de las armas nucleares-- absorben el oxígeno después de la detonación, matando todo tipo de vida en una milla cuadrada a la redonda. La operación dejó a EO un lucrativo contrato de seguridad financiado con las ganancias obtenidas de las minas de diamantes.

Pero no son de ninguna manera los únicos actores principales. Existen al menos un par de docenas más que trabajan para la industria minera suministrando servicios de "seguridad" a las compañías y gobiernos de Colombia, Guyana y Venezuela en América del Sur; Guinea, Liberia, Nigeria y Sierra Leona en África occidental; Angola y Namibia en África del Sur; ex Zaire en África central; Sudán y Uganda en el este de África; Papúa Nueva Guinea e Indonesia en el Pacífico; y Kazajstán en Asia central. Muchos de estos reclutas son veteranos del Batallón 32 de Sudáfrica y de la Civil Cooperation Bureau (Oficina de Cooperación Civil) que fueron las unidades más notorias de las fuerzas del antiguo apartheid hasta que las elecciones trajeron un gobierno multirracial al poder hace pocos años.

Mientras tanto, la compañía minera Rio Tinto con base en el Reino Unido ha hecho esfuerzos en Indonesia para convencer al mundo de su compromiso con los derechos humanos. Durante los últimos dos años ha contribuido con fondos para el Premio de Derechos Humanos Yap Thiam Hien. Este año el premio fue ganado por el defensor de los derechos humanos y poeta Wiji Thukul, que está desaparecido desde 1996. En diciembre la familia rechazó el premio argumentando que Rio Tinto estaba involucrada en varias violaciones a los derechos humanos en sus operaciones mineras en Indonesia y que en 1992 había sido responsable del arresto de manifestantes que exigían el pago de una compensación adecuada por el uso de sus tierras.

En una declaración en apoyo a la postura de la familia, las ONGs indonesias JATAM, WALHI y TATR enumeran algunas de las violaciones de derechos humanos en las que ha estado involucrada Rio Tinto, incluyendo las cometidas en la mina PT KEM en Kalimantan del este, investigadas por la Comisión de Derechos Humanos de Indonesia en 1999 y 2000. Las denuncias incluyen casos de abuso sexual y violación de dieciséis mujeres y niñas entre nueve y diecinueve años, el arresto de quince manifestantes en 1992 y la posterior muerte de uno de ellos; el desalojo forzoso de los mineros tradicionales realizado por los militares indonesios y la quema de cientos de casas entre 1982 y 1991. La declaración también describe la participación de Rio Tinto en distintos casos a través de sus acciones en la mina de cobre y oro Freeport Indonesia en Papúa occidental (Rio Tinto tiene una participación del 15% ); la mina Kaltim Prima Coal (co- ropiedad con BP); la mina de oro Lihir en Papúa Nueva Guinea y la mina Panguna en Bougainville. La declaración exhorta a los ejecutores del Programa del Premio Yap Thiam Hien a no seguir aceptando financiación de violadores de los derechos humanos. "No se debe dar a los violadores de los derechos humanos la oportunidad de que se libren de responsabilidad por sus acciones..."(4 )

Los impactos de la minería sobre las mujeres

Si bien la minería produce impactos negativos sobre todos quienes viven en las comunidades mineras en general y sobre quienes son afectados por las operaciones de minería, existen impactos diferenciados y cargas agregadas que afectan a las mujeres.

Es posible empezar a comprender los diferentes impactos al abordar situaciones concretas, como por ejemplo la sufrida por una mujer Dayak afectada por una mina de propiedad de la compañía PT-IMK en Indonesia.

"La Sra. Satar poseía una parcela de entre 10 a 15 hectáreas en las tierras tradicionales de la comunidad. En esta tierra podía cosechar lo suficiente para un año, e incluso a veces más. Con la introducción de la minería en su comunidad, perdió toda su parcela salvo una hectárea a manos de la compañía minera. En consecuencia, tuvo que comprar aproximadamente tres sacos de arroz por mes a un costo de 39.000 rupias por saco (precio de enero de 1998). Además, las operaciones de extracción de la compañía contaminaron el río, que ya no pudo ser utilizado para satisfacer las necesidades familiares, y ya no produjo pescado. Antes la Sra. Satar cocinaba pescado fresco cada día para su familia. Ahora a raíz de la contaminación, tiene que comprar pescado salado. Si cuenta con dinero suficiente, compra dos quilos de pescado salado al mes a un costo de 15.000 rupias el kilo. Para obtener agua para bañarse y para beber, debe hacer un largo camino hasta una fuente de agua que no esté afectada por los desechos de la compañía. Su sustento se ha visto todavía más deteriorado por la pérdida de sus dos búfalos a los que encontró muertos en la orilla del río contaminado".

También es necesario comprender que las compañías habitualmente solo entran en negociaciones con hombres, y excluyen a las mujeres de los pagos de compensaciones o royalties. Incluso tienen poco o ningún control sobre los beneficios de la explotación minera, ni acceden a ellos, en particular al dinero o al empleo. De esta forma, se las priva de sus medios de ocupación tradicionales y se vuelven cada vez más dependientes de los hombres, que tienen más probabilidades de acceder a esos beneficios y controlarlos.

La minería en gran escala supone la sustitución de las economías de subsistencia que han alimentado a generaciones de comunidades y pueblos indígenas, por una economía basada en el dinero en efectivo. La nueva economía basada en el mercado implica una erosión importante o incluso la destrucción de los valores y costumbres tradicionales que han sido esenciales en el sostenimiento de la solidaridad y la unidad de familias, clanes, tribus y comunidades. En este proceso, la mujer es cada vez más marginada, ya que sus roles tradicionales como recolectora de alimentos, suministradora de agua, cuidadora y nutridora resultan muy afectados. La visibilidad económica depende del trabajo en la esfera pública y a quien trabaja en tareas no remuneradas en el hogar o en la comunidad se lo categoriza como "improductivo, desocupado y económicamente inactivo".

Si bien tanto hombres como mujeres estaban antes a cargo de las actividades agrícolas, actualmente los hombres deben salir a trabajar fuera del hogar por un salario, aumentando de esa forma la carga de trabajo y las responsabilidades de las mujeres, lo que produce aún más estrés y tensiones. Además, la destrucción ambiental causada por la minería en gran escala también reduce la productividad de los campos y envenena los alimentos silvestres, la vida marina y los animales. Muchas mujeres se ven forzadas a ingresar en la economía informal para encontrar fuentes adicionales de ingreso.

Al mismo tiempo que la minería en gran escala brinda limitadas oportunidades de empleo para la mujer, el sector en pequeña escala absorbe a las mujeres como trabajadoras contratadas o mediante trabajo forzoso en condiciones de explotación severas. En India por ejemplo, los salarios de las mujeres son siempre más bajos que los de los hombres, no hay normas de seguridad, no existe licencia paga ni siquiera durante el embarazo o el nacimiento, no se proporciona equipo de trabajo, y no hay baños ni infraestructura disponible. Las mujeres desempleadas que viven en las comunidades mineras se ganan su sustento a duras penas hurgando en la escoria y los vertederos de desechos, a menudo en forma ilegal, y sufren el acoso permanente de los guardias de la compañía, la mafia local y la policía. Están expuestas a la explotación física y sexual de los dueños de las minas, contratistas y mineros, y están a merced de los comerciantes locales cuando venden sus minerales. Además, las mujeres trabajan con sustancias tóxicas y peligrosas y sufren de enfermedades laborales graves entre las que se incluyen problemas respiratorios y reproductivos, silicosis, tuberculosis, leucemia y artritis.

El abuso del alcohol, la dependencia de las drogas, la prostitución, las apuestas, el incesto y la infidelidad aumentan en muchas comunidades mineras. Todo esto ha empeorado los casos de violencia familiar contra las mujeres, la discriminación activa y a menudo brutal en el lugar de trabajo, que es frecuentemente sancionada o ignorada por las instituciones judiciales y políticas. Incluso las organizaciones de trabajadores dirigidas por hombres no denuncian las violaciones contra los derechos humanos cometidas contra las mujeres. La discusión entre esas organizaciones y las compañías mineras se orienta hacia temas económicos como aumentos de sueldo, subsidios, etc.

En resumen, la minería, sea en pequeña o en gran escala, está produciendo un gran número de impactos específicos sobre las mujeres, que están perdiendo en casi todos los aspectos relacionados con el desarrollo de esa actividad. La riqueza generada por la minería hunde todavía más a las mujeres en la pobreza, el desposeimiento y la exclusión social. (5)

Compañías mineras presionan sobre las áreas protegidas

Las compañías mineras se vieron conmocionadas por una "Recomendación" aprobada por el Congreso Mundial de la Conservación, realizado en Amman en 2002, que exigió terminar con la extracción petrolera, minera y de gas en todas las áreas protegidas comprendidas en las categorías I, II, III y IV de la UICN ("reserva natural estricta", "áreas silvestres", "parque nacional", "monumento natural" y "áreas de manejo de hábitats"). Muchas ONGs se vieron igualmente sorprendidas por la reacción de las industrias mineras: ¿de qué pensaban que había que proteger a esas áreas si no de actividades no sustentables como la minería? Por cierto, algunas fueron más allá: ¿por qué la decisión de Amman permite explícitamente la minería en las áreas protegidas de las categorías V y VI de la UICN - "paisajes terrestres y marítimos manejados" y "áreas protegidas con recursos manejados"?

La polémica sobre la relación entre las industrias de extracción y las áreas protegidas no ha dejado de sonar desde esa fecha. A fines del año pasado, miembros de Consejo de la UICN y miembros en general pusieron el grito en el cielo cuando el Secretariado de la UICN anunció, en el contexto de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sustentable, que estaba trabajando en pro de una nueva "sociedad" con las industrias extractivas. Como resultado del escándalo se suavizó el lenguaje. Ahora la UICN dice estar comprometida en un "diálogo" con las industrias, pero independientemente del término que se use, la realidad sigue siendo prácticamente la misma.

La "sociedad" o "diálogo" forma parte de una amplia estrategia de las industrias extractivas para rehabilitar su imagen sucia, manchada por un reguero de pérdidas de petróleo, restos de barcos petroleros, roturas de diques de los estanques de desechos de las minas, derrames de cianuro y mercurio, paisajes arruinados, sistemas hídricos saqueados, vertederos de desechos tóxicos, ecosistemas contaminados, violación de derechos humanos y destrucción de formas de sustento. El nuevo discurso de los promotores de relaciones públicas y expertos mediáticos (los llamados "spin doctors") de las industrias de extracción habla de "minería sustentable", "restauración de paisajes" y "responsabilidad empresarial"; la Iniciativa Mundial sobre Minería es una parte de esta estrategia, otra es el vínculo con la UICN.

El hecho es que las industrias extractivas necesitan habilitación para obtener acceso a las reservas de minerales, petróleo y gas donde sea que se encuentren en cantidades lucrativas: poner las categorías I a IV de la UICN fuera de su alcance las lesiona. Ahora se preguntan quién decide exactamente cómo se aplican esas categorías y qué situación legal tienen. Buscando ayuda para dar respuesta a estas interrogantes, varias compañías, entre las que se incluyen British Petroleum plc, Shell plc, y el Consejo Internacional de Minería y Metales, están coauspiciando un estudio financiado conjuntamente con la UICN, WWF y Conservation International, que presentará un informe al Congreso Mundial de Parques de setiembre de 2003. Casualmente, el propio estudio, 'Speaking a Common Language' (Hablando un lenguaje común), parece ser útil ( www.cf.ac.uk/cplan/sacl/ ). Pero la experiencia en su conjunto ha sido un golpe duro para aquellos que confiaron en el sistema de áreas protegidas. Si el sistema ahora va a ser desvirtuado por las industrias de extracción, necesitará del control vigilante de la sociedad civil y de medidas que aseguren que la UICN no vuelva a traspasar los límites.

El Banco Mundial debe dejar de promover la minería en tierras indígenas

Un nuevo informe de Forest Peoples Programme y la Fundación TebTebba exhorta al Banco Mundial a dejar de prestar apoyo a la extracción de petróleo, gas y minerales. El informe 'Extracting Promises: Indigenous Peoples, Extractive Industries and the World Bank' fue compilado como contribución a la Revisión de las Industrias Extractivas (RIE, o EIR por su sigla en inglés) del Banco Mundial (el informe completo en inglés y los estudios de caso asociados se pueden obtener en http://forestpeoples.gn.apc.org/Briefings/
Private%20sector/eir_internat_workshop_synthesis_rep_eng_may03.htm).

El proceso RIE ha sido criticado por muchos pueblos indígenas y organizaciones no gubernamentales por estar excesivamente controlado por el Banco Mundial. Resta por ver si contribuciones como ésta serán tomadas en serio por la revisión y, si así fuera, si las mismas serán tenidas en cuenta por el propio Banco Mundial. El estudio se apoya en una extensa revisión bibliográfica y análisis jurídico, siete estudios de caso encargados especialmente y realizados por pueblos indígenas sobre sus experiencias con el Banco Mundial y las industrias extractivas, y un taller de dos días en el cual se presentaron y discutieron las distintas contribuciones mencionadas.

El informe destaca que a pesar de avances importantes en las leyes sobre derechos humanos que reconocen los derechos de los pueblos indígenas, las políticas del Banco Mundial hacen poca mención a los derechos humanos y el Banco continúa afirmando que su convenio constitutivo le impide abordar temas de derechos humanos. Argumenta que no puede exigir a sus prestatarios o clientes ni siquiera que cumplan con los convenios sobre derechos humanos de los que son parte. Las políticas de "salvaguarda" del Banco sobre pueblos indígenas y reasentamientos involuntarios solo apuntan a mitigar los impactos de programas de desarrollo destructivos. El estudio muestra cómo incluso estas normas débiles son ignoradas sistemáticamente. Una revisión reciente del propio Banco Mundial revela que por lo menos más de la tercera parte de los proyectos del Banco Mundial que producen impactos sobre pueblos indígenas, no han aplicado la política de salvaguarda de ninguna manera. Incluso en los proyectos en los que sí se aplicó esta política, sólo el 14% tenía el "Plan de Desarrollo de Pueblos Indígenas" exigido, y en ese caso solamente en los papeles.

El estudio muestra cómo, al promover el desarrollo nacional a través de la liberalización del comercio, el ajuste estructural y la promoción de la inversión extranjera directa, el Banco Mundial ha aconsejado sistemáticamente a los países que reelaboren sus códigos nacionales de minería para facilitar la actividad minera en gran escala de las compañías extranjeras. Estos códigos de minería revisados han sido aprobados a la fuerza, sin la participación de los pueblos indígenas y sin tomar en cuenta los intereses y derechos de estos pueblos. Los estudios de caso de Colombia y Filipinas muestran cómo los códigos de minería revisados han intensificado la presión sobre las tierras indígenas y han debilitado o anulado las protecciones legales con las que contaban previamente los pueblos indígenas. En Colombia, las reserves de petróleo y gas son explotadas por compañías que no rinden cuentas de sus actividades, disfrutan de impunidad legal al tiempo que violan sistemáticamente las leyes nacionales y aplican medidas gravemente represivas para doblegar la resistencia local. En Ecuador, el Banco Mundial también ha promovido prospecciones mineras a escala nacional, nuevamente sin tomar en cuenta los derechos de los pueblos indígenas y sin evaluar las probables consecuencias de una intensificación de la extracción de minerales.

El documento de síntesis y los estudios de caso también analizan la forma en que el Grupo del Banco Mundial, a través de sus diversos brazos (el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, la Asociación Internacional para el Desarrollo, la Corporación Financiera Internacional y la Agencia Multilateral para la Garantía de Inversiones) ha apoyado directamente proyectos de explotación de minas, petróleo y gas sin evaluar adecuadamente sus consecuencias sociales y ambientales y sin tomar en consideración la falta de políticas de gestión y capacidad institucional o reglamentaria de los países o regiones de los proyectos. En el caso del oleoducto Chad-Camerún, el Directorio del Banco Mundial votó seguir adelante con el proyecto, a pesar de que los Bagyeli, habitantes del bosque, y las ONG que los apoyaban habían demostrado claramente los riesgos, e incluso a pesar de que los propios miembros del Directorio admitían que la política de salvaguarda del Banco sobre pueblos indígenas no había sido aplicada adecuadamente. La Corporación Financiera Internacional ha apoyado la minería incluso en países divididos por la guerra, como la República Democrática de Congo, a cargo de compañías con malos antecedentes: proyectos que han sido condenados por las Naciones Unidas.

Los impactos de los emprendimientos de minería facilitados por el Banco han sido graves, no solo en términos de los impactos sociales y ambientales directos producidos por las propias minas o pozos, sino también en función de los derrames de sustancias químicas tóxicas como cianuro y mercurio, la rotura de oleoductos y diques de los estanques de residuos de la mina, y la contaminación a largo plazo a consecuencia del drenaje ácido de las minas. El estudio de caso de Papúa Nueva Guinea revela el apoyo del Banco Mundial al uso de la técnica sumamente polémica de eliminación submarina de desechos -"ojos que no ven, corazón que no siente"-, sin tener en cuenta las consecuencias a largo plazo para los ecosistemas marinos y las formas de sustento que dependen de ellos. Los funcionarios, asesores y consultores del Banco Mundial que trabajan con compañías mineras en representación de la Corporación Financiera Internacional y los Socios Comerciales para el Desarrollo del Banco Mundial han participado, o han avalado, procesos que han maniobrado el requisito del consentimiento o que han cooptado comunidades para lograr decisiones manipuladas y poco transparentes. En algunos casos, como en Rusia, la participación del Banco Mundial en proyectos específicos puede haber mitigado temporalmente algunos de los peores impactos de la extracción de petróleo, pero, en general, la participación del Banco Mundial en el sector ha intensificado la presión sobre las tierras indígenas, que siguen sin estar aseguradas.

El estudio revela que subyacente a esos problemas existe un proceso defectuoso de toma de decisiones dentro del Banco Mundial, en el cual la presión para otorgar préstamos se impone a otros objetivos y objeciones. Al priorizar a sus clientes directos y a los intereses de las grandes empresas del sector privado, el Banco está ignorando su compromiso con el desarrollo sustentable. La corrupción se tolera a sabiendas y los errores de gestión se pasan por alto sistemáticamente. Se sanciona a los funcionarios que cuestionan los préstamos realizados en esas circunstancias. Actualmente, en nombre de la "eficiencia", la reducción de los "costos de las transacciones" y la "identificación del país con el programa", el Banco está debilitando sistemáticamente sus políticas de salvaguarda, para hacerlas "inmunes" a las demandas presentadas por la sociedad civil ante el Panel de Inspección.

Teniendo en cuenta la debilidad de las salvaguardas del Banco Mundial, su oposición institucionalizada a invocar normas de derechos humanos obligatorias y la forma en que rutinariamente se burla de sus propios procedimientos, el estudio concluye que el Banco no debería participar en el sector de las industrias extractivas.

Además, el estudio recomienda que el Banco Mundial debería revisar radicalmente sus políticas sociales y su política de salvaguarda para los pueblos indígenas. Debería adoptar un enfoque de desarrollo basado en los derechos, reconocer los derechos de los pueblos indígenas a la propiedad y el control de sus tierras, territorios y recursos naturales, proscribir la reubicación forzada de pueblos indígenas y sostener el principio de que los proyectos de desarrollo sólo deben implementarse en las áreas de propiedad o uso de los pueblos indígenas con sujeción a su consentimiento informado previo y otorgado libremente. Tales cambios de enfoque deberían aplicarse a todo el Grupo del Banco Mundial; deberían complementarse con nuevos sistemas de rendición de cuentas legalmente obligatorios y deberían estar acompañados de la aceptación de que la promoción del desarrollo a través del sector privado requiere en primer lugar la promoción de la buena gestión, una rendición de cuentas real, mecanismos regulatorios efectivos y una fuerte capacidad institucional.(6)

Declaraciones e información sobre el tema

La minería también ha dado como resultado importantes declaraciones realizadas por distintos sectores organizados de la sociedad que por razones obvias de espacio no podemos reproducir en este boletín. Pero quienes estén interesados pueden acceder a ellas --y más información relevante-- visitando el sitio web: http://www.wrm.org.uy/deforestacion/mineria.html

Notas:
(1 ) en base a información obtenida de: "Los Impactos Ambientales de la Minería: Una Guía Comunitaria", http://andes.miningwatch.org/andes/espanol/guia/capitulo_1.htm ; "El hombre y la Tierra. La minería de superficie", http://www.natureduca.com/hom_mineriasuperf.htm

(2) basado en información obtenida de: Socavando los Bosques, enero de 2000, por FPP, Philippine Indigenous Peoples Links y WRM; The decade of destruction, http://www.minesandcommunities.org/Company/decade.htm ; "Scrapping Mining Dependence", State of the World 2003 (W.W. Norton and Company, New York, 2003), Payal Sampat, enviado por la autora; Extractive Sectors and the Poor, Michael Ross, octubre de 2001, Oxfam America, correo electrónico: info@oxfamamerica.org, http://www.oxfamamerica.org/pdfs/eireport.pdf ; Vulnerable single- mmodity-dependent economies, http://www.lib.utexas.edu/maps/world_maps/world_vulnerable96.jpg ; Ciudadanía planetaria. Temas y desafíos del periodismo ambiental, 2000, International Federation of Environmental Journalists (IFEJ), correo electrónico: ifej@oln.comlink.apc.org , http://www.ifej.org ; The Mining Curse. The role of mining in "underdeveloping" economies, Minewatch Asia Pacific/Nostromo Briefing Paper, febrero de 1999, http://www.minesandcommunities.org/Country/curse.htm

(3) En base a información obtenida de: Socavando los bosques. Enero 2000, por FPP, Philippine Indigenous Peoples Links and WRM, http://www.wrm.org.uy/publicaciones/mineria.html ; The decade of destruction, Mines & Communities Website, http://www.minesandcommunities.org/Company/decade.htm ; Global Mining Snapshot, April 2003; Making a Molehill out of a Mountain, 4 April 2003, Mineral Policy Center, correo electrónico: mpc@mineralpolicy.org ; http://www.mineralpolicy.org ; Los Impactos Ambientales de la Minería: Una Guía Comunitaria, http://andes.miningwatch.org/andes/espanol/guia/capitulo_1.htm ; New research on the impact of mining, Oxfam Community Aid Abroad, correo electrónico: enquire@caa.org.au, http://www.caa.org.au/horizons/august_2001/researchmining.html ; Fool's Gold: Ten Problems with Gold Mining, Project Underground, correo electrónico: project_underground@moles.org , http://www.moles.org/ProjectUnderground/reports/goldpack/fools_gold.html ; Indigenous Peoples and the Extractive Industries: A Call on the World Bank to Overhaul its Institution, Emily Caruso, Forest Peoples rogramme, correo electrónico: info@fppwrm.gn.apc.org , http://forestpeoples.gn.apc.org/index.htm

(4) Basado en información obtenida de: "Militarization & Minerals Tour", Project Underground, http://www.moles.org/ProjectUnderground/mil/intro.shtml ; "Rio Tinto: practise what you preach!", Down to Earth N° 56, febrero de 2003, http://dte.gn.apc.org/56rio.htm

(5) Basado en información obtenida de: "The globalisation of mining and its impact and challenges for women", Victoria Tauli-Corpuz, Tebtebba Foundation (Indigenous Peoples' International Center for Policy Research and Education), http://www.twnside.org.sg/title/chal-cn.htm ; "Women's rights undermined", Ingrid Macdonald; "The Polarisation of the People and the State in the Interests of the Political Economy and Women's Struggle to Defend their Existence, a critique of mining policy in Indonesia", Meentje Simatauw; "Labour, love and loss: Mining and the displacement of women's labour", Kathryn Robinson; Tunnel Vision: Women, Mining and Communities, Forum Report, noviembre de 2002.