El Estado mexicano incumplió medidas cautelares de la CIDH, dicen

 

Salen de su comunidad 14 familias triquis por temor a ser agredidas
Foto
Familias triquis de la comunidad de Valle del Río San Pedro, en Oaxaca, partieron la tarde de este viernes rumbo a la localidad Heroica Ciudad de Tlaxiaco donde se instalarán en forma temporal, pues temen que si se quedan en su poblado, grupos armados atenten contra sus vidas. Foto Octavio Vélez

Octavio Vélez Ascencio
Corresponsal
Periódico La Jornada
Sábado 4 de agosto de 2012, p. 28

 

Valle del Río San Pedro, Putla Villa de Guerrero, Oax., 3 de agosto. Catorce familias triquis, con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dejaron este viernes su comunidad para dirigirse a la Heroica Ciudad de Tlaxiaco, ante el temor de ser asesinadas por un grupo armado.

 

Cuarenta y tres pobladores: 21 adultos y 22 niños, salieron en caravana alrededor de las 18 horas, portando flores blancas y pancartas con consignas de protesta, hasta el entronque con la carretera federal 125 Alfonso Pérez Gazga Yucudaa-Pinotepa Nacional, a cinco kilómetros de Putla de Guerrero, donde abordaron camionetas de pasaje.

 

En su andar, los indígenas triquis fueron resguardados por elementos de la Policía Estatal y de la Agencia Estatal de Investigación, así como por visitadores de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca y de la Comisión de Derechos Humanos estatal.

 

También los acompañaron Maurilio Santiago Reyes, presidente del Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (Cedhapi), y Minerva Nora Martínez Lázaro, de la organización Derechos Humanos Bartolomé Carrasco (Barca-dh). Otros 33 pobladores salieron temprano por sus propios medios con destino a Tlaxiaco.

 

La representante de los indígenas triquis, Eva Gómez Santos, dijo que los comuneros determinaron salir ante el temor de ser asesinados, pues el Estado mexicano no ha cumplido con las medidas cautelares de la CIDH, para garantizar su vida e integridad física, a pesar del riesgo de sufrir una agresión.

 

Explicó que un grupo armado penetró a la comunidad la noche del lunes pasado, y fue en su búsqueda de casa en casa para darle muerte, pero para su fortuna no se encontraba. Me buscaban para matarme; entonces junto con los compañeros no nos quedó otra que salir porque de lo contrario nos asesinarán, señaló.

 

Precisó que este grupo armado ingresó el 8 de mayo al poblado y disparó con rifles AK-47 contra algunas viviendas, ante la presencia de mujeres y niños. En dos domicilios, fueron asesinados Jaime Ramírez, Joaquín González y Eulogio López.

 

Gómez Santos dijo que los pobladores por segunda ocasión deberán dejar su comunidad porque Valle del Río San Pedro fue fundado en 2008 por desplazados de San Miguel Copala, Guadalupe Tilapa, Llano de Nopal, Llano Aguacate, Ñutasani y La Ladera, a causa de la violencia generada por organizaciones y partidos políticos, intolerancia religiosa y grupos armados.

Antes de salir, los indígenas triquis fueron a despedirse de sus muertos, Jaime Ramírez, Joaquín González y Eulogio López, enterrados en un camposanto sobre una loma. Las familias desplazadas se instalarán en forma temporal en una casa rentada ex profeso por el gobierno estatal.


Por considerarlo de gran importancia para todos estas mujeres y hombres que se encuentran en grave riesgo, es que enviamos a ustedes la información que vamos recibiendo desde Oaxaca, como una forma solidaria y fraterna de estar al tanto de las y los compañeros en este momento tan importante.

 

 ULTIMAS DE COPALA 


 Oaxaca Oaxaca 2 de febrero del 2012


En una postura francamente intimidatoria por parte del gobierno del  Estado de Oaxaca, propia de una película de terror, el día de hoy a  las 13:14 horas, el Gobernador Constitucional de Oaxaca Gabino Cue dío  inicio a la reunión entre las personas que el reconoce como únicas  "autoridades" de San Juan Copala y la Comisión de desplazadas del  Municipio Autónomo de San Juan Copala, para instrumentar el retorno de  los desplazados del Municipio Autónomo de San Juan Copala a sus  hogares.

 
La reunión cuenta con la presencia de una comisionada de la CNDH y  también con la presencia del Padre Solalinde.

 
En una maniobra intimidatoria propia solamente de un gobierno  fascista, las personas que se presentan a nombre de los ocupantes de  facto del poblado de San Juan Copala, son nada más y nada menos que la  esposa(Benita)  y la hija (Belen) de Antonio Cruz García, alias "Toño  Pájaro" y Alan Martinez Morales, hijo Julio Martinez presunto "Agente  municipal" reconocido por Gabino Cue y hermano carnal de Julio Cesar  Martinez Morales uno de los principales asesinos de la Región triqui.

 
Como ya lo hemos denunciado con anterioridad tanto Julio Cesar  Martinez como Toño Pájaro son los responsables de las muertes del  observador de Finlandia de los derechos humanos Jyri Jaakola y Alberta  cariño, la tarde del 27 de abril del 2010, rsponsables del cerco  militar en contra de San Juan Copala, del asalto casa por casa y de la  muerte de unas 20 personas, la ultima de las cuales se realizó el  pasado 5 de agosto en la localidad de Agua Fría.

 
Con dichas personas los desplazados de San JUan Copala cuyos  familiares todos han sido asesinados, heridos, violadas, sometidos por  la fuerza ern una larga historia de terror impune que el gobierno  tolera, tendra que ponerse de acuerdo con la esposa, la hija y los  hermanos de los multiasesinos que han causado tanto dolor.

 
 Preguntamos:
 
 ¿Qué le pasa al gobernador Gabino Cue?

 
 ¿Esta es la forma en que verdaderamente cree que va a resolver el  problema de San Juan Copala? 
 ¿O es una nueva maniobra, una vez que los desplazados de San Juan  Copala aceptaron la condición absurda de antes dialogar (impuesta  prácticamente a la fuerza de batallones de granaderos y detenciones  judiciales de personas) y dejaron sin pretextos la postura del  gobernador este hizo traer a estos personajes representantes directos  de Toño pajaro para reventar este ultimo intento de lograr el retorno  de los desplazados.

 
Pedimos al gobierno federal y a la CNDH  su inmediato pronunciamiento.

 
Pedimos la inmediata intervención de la CIDH ante esta nueva maniobra  no solo intimidatoria, sino una práctica del más primitivo terrorismo  en contra de los y las desplazadas.

 
Foro Permanente por la Comisión de la Verdad

 
 Desde Oaxaca Oaxaca, son las 13: 43 del día 2 de febrero del 2012

 

 

Les mando la ultima información de la reunion de ayer en oaxaca para  implementacion de las Medidas cautelares para la protección de San  Juan Copala.

 
Al final les envio Comunicado del MASJC sobre la detención de uno de los principales asesinos de la región, se teme el gobierno federal lo deje en libertad pues es cuñado del principal dirigente de facto del MULT RUFINO MERINO ZARAGOZA y es su principal pistolero.

 
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 Oaxaca Oaxaca, a 2 de febrero 2012


  A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.


Asunto Medidas Cautelares MC-197-10 en beneficio de 135 habitantes de  San Juan Copala


 1.- El gobernador se mantuvo en su postura der reconocer como únicas  "autoridades"  de San Juan Copala al "Agente Municipal" Julio Martínez  impuesto por los Paramilitares que tomaron el poblado desde septiembre  del 2010. cabe señalar que Julio Martínez es el padre de Julio Cesar  Martínez Morales, autor directo de la muerte de Jyri Jaakola y Beatriz  Cariño y ha sido señalado como uno de los principales capitanes  paramilitares de la masacre a la emboscada del 27 de abril del 2010.  Julio Cesar Martínez Morales es el autor el pasado 5 de agosto de las  muertes de tres indígenas triquis del municipio autónomo en la  localidad de Agua Fría Copala.

 
 2.- El gobernador se mantuvo en su postura de que solo dialogando con  las "autoridades" que el reconoce, que es el profesor Julio Martínez,  y aceptando las condiciones que esta "autoridad" establezca, se podrá  dar el retorno de los desplazados.

 
 3. El gobernador se negó a entregas a los desplazados de las medidas  cautelares copia simple el acta de acuerdos de la reunión del 29 de  junio en San Juan Copala.

 
 4.- En esa acta que los dos co peticionarios presentes tuvimos por un  par de minutos a la vista se ratifican las condiciones impuestas por  el "agente Municipal" profesor Julio Martínez, consistentes en que no  habrá ningún retorno antes del 23 de marzo de este año, que el retorno  se realizará a un ritmo de una familia cada quince días, que cada  familia deberá firmar un documento donde se comprometa a someterse a  la voluntad de la autoridad impuesta por los paramilitares.

 
 5.- Se descubrió en el acta que por minutos se nos permitió que: A) el  gobierno de Oaxaca mintió cuando afirmó que las personas que tienen en  su poder San Juan Copala exigían que fuera una comisión de máximo 10  personas a la asamblea del 29 de enero, cuando en realidad se estaba  hablando de 10 FAMILIAS. B) el gobierno de Oaxaca manipuló la  información al respecto de los que sostienen los que ocuparon a sangre  y fuego San Juan Copala y hoy son la "Autoridad" que el reconoce,  porque no solo piden estos las condiciones que hemos señalado, sino  también LA AMNISTIA TOTAL PARA TODOS LOS ASESINOS QUE TOMARON EL  POBLADO. C) Se descubrió también la incapacidad de análisis en un  problema tan delicado como el que se enfrenta cuando no se habían  percatado que el motivo por el cual la "autoridad" que el reconoce
 exige que sea el retorno posterior al 20 de marzo, es que como dice en  el acta que el gobernador se negó a entregar copia, los que están en  la actualidad ocupando el pueblo de San Juan Copala, tienen como dice  el acta textualmente "que regresar a sus pueblos para en este  periodo". Esto es no son habitantes de San Juan Copala, sino  habitantes de otros pueblos que han ocupado ilegítimamente esta  localidad apropiándose de las casas, de la tierra y del territorio y  son precisamente los que el gobernador reconoce que deben de decidir  cuando en realidad debería estar indagando los delitos de despojo,  robo, allanamiento de morada que han cometido desde septiembre del  2010 a la fecha.

 
 6.- Ante esta situación y las acusaciones del gobierno del estado en  que el regreso planeado por los desplazados era un acto unitaleteral,  se le respondió que por el contrario dicho retorno solo era el  cumplimiento de la palabra ofrecida el 27 y 28 de mayo del 2011 en la  personalmente el gobernador había pedido 10 días para que el retorno  se diera en condiciones de seguridad, y en cumplimiento del convenio  firmado el 17 de diciembre por el secretario general de gobierno en  donde da un plazo que se venció el 20 de enero del 2012 para culminar  el retorno de los desplazados.

 
 7.- Frente a ello se planteo que el retorno sería una acción  unilateral solo si el Estado mexicano y particularmente el gobierno de  Oaxaca seguía en su postura de no cumplir lo convenido previamente,  pero independientemente de la forma en que calificaran el evento de  retorno, la obligación del Estado es garantizar la vida y seguridad de  las personas de manera inmediata, específicamente de la caravana del  retorno.
 
 8.- Ante la actitud de incomprensión total del problema por parte del  gobernador y en aras de quitar el último pretexto que este ha impuesto  para pasar directamente el retorno de los deslazados, la comisión del  Municipio Autónomo de San Juan Copala accedió a tener una platica en  la ciudad de Oaxaca, con la presencia del gobernador, entre la  comisión del municipio y "la autoridad" paramilitar que el gobernador  reconoce como "única autoridad" de San Juan Copala, el día de hoy en  hora que no se ha especificado aún. Los desplazados exigieron que  dicha reunión tuviera traducción simultanea triqui español pues en la  reunión del 25 de enero presidida por el gobernador Rufino Merino  Zaragoza amenazó de muerte a las autoridades presentes, para que  levantaran la mano en el momento que el lo decía, y dijo: "las  personas que han muerto en San Juan Copala se lo merecían por  rebelarse contra el MULT, nosotros somos la mayoría , ellos no son  nada y merecen morir, lo que no quieran que les pase lo mismo levanten
 la mano".  Todo eso ante la complacencia y felicidad del gobernador  Gabino Cue y demás funcionarios presentes.


 9.- En todo momento el Estado mexicano trató de derivar la discusión  de la mesa hacia el tema del “protocolo” y hacia el tema de una  comisión de verificación de los acuerdos que si bien fue propuesta por  los peticionarios, es un tema a discutir subordinado a los propios  acuerdos y no condición para que estos acuerdos se inicien. También el  Estado de Oaxaca trató de delegar en una comisión la tarea de decidir  como debe ser el retorno de los desplazados, “el protocolo para el  retorno de los desplazados” cuando ese era el objeto principal de la  reunión, lo anterior con el objeto de seguir dando largas a la  solución de la problemática planteada.


 10.- Ya se terminó la mañana, pasan de las 12:00 del día y aun no se  realiza la reunión acordada: Comisión de desplazados-"Autoridad"  impuesta por paramilitares y reconocida por el gobierno.

 
 11.- Seguimos exigiendo al Gobierno Federal su inmediata intervención  y protección a la Caravana del Retorno de los desplazados de San Juan  Copala, actualmente en zona triqui de gran peligro.

 
 Foro Permanente por la  Comisión de la Verdad


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 COMUNICADO DEL MASJC
 
 
 Boletín de Prensa del Municipio Autónomo de San Juan Copala


 !!!!URGENTE!!!!
 


 RUFINO MERINO ZARAGOZA hace esfuerzos desesperados por liberar a su  principal pistolero, jefe paramilitar y cuñado CAMILO RAMIREZ DE JESUS  y al sicario JUAN CRUZ RAMIREZ, detenidos por la policía el día 30 de  enero en Rancho Nuevo, localidad cercana a la Ciudad de Putla Oaxaca.

 
 Camilo Ramírez de Jesús era el Agente Municipal de la localidad de  Agua Fría Copala en 2006 cuando bajo las ordenes del entonces diputado  Rufino Merino Zaragoza, asesinó, junto con otras personas a Heriberto  Ramírez, un niño de 6 años, en su casa, en la localidad de Agua Fría,  cuando al fracasar en su intento de asesinar al padre del niño,  Francisco Ramírez Merino, un indígena triqui de la misma localidad que  se oponía a que el diputado RUFINO MERINO ZARAGOZA vendiera a personas  extrañas la tierra de la comunidad indígena de Agua Fría.

 
 Además de ser "la autoridad" de Agua Fría, Camilo Ramírez de Jesús es  cuñado de RUFINO MERINO ZARAGOZA, y su principal pistolero desde  aquel entonces.

 
 A continuación el testimonio de Francisco Ramírez Merino respecto a la  muerte de su hijo:

 
 “En aquel entonces Rufino Merino “Zaragoza” pretendió vender una parte  del terreno de la comunidad de Agua Fría a unos mixtecos. Las demás  personas de la comunidad no estaban de acuerdo y entonces Rufino  Merino Zaragoza inició la matanza junto con su cuñado, el esposo de su  hermana Juana Merino Ramírez, su tío Francisco Merino Flores, Camilo  Ramírez de Jesús, Epifanio Merino "Zaragoza" y Juan Camilo Pérez, de  la comunidad de Ojo de Agua.  Para empezar, trataron de matar a los que más se oponían a la venta  del territorio comunal.  Nosotros sólo decíamos que estaban mal las cosas y él, Rufino,  recurrió a las armas. Por aquel entonces Rufino Merino Zaragoza era  diputado local por parte del MULT-PUP.  Así, el 10 de abril del 2006, durante la marcha que el MULT realizó en  la ciudad de Oaxaca, me ordenó Rufino Merino Zaragoza de parte de  Heriberto Pazos que no regresara a Agua Fría, que me quedara en la  ciudad, pues tenía una plática con éste en su oficina.  Al día siguiente se realizó la reunión en la que además de Heriberto  Pazos estuvieron presentes Rufino Merino Zaragoza, Camilo Ramírez,  Epifanio Merino Zaragoza, y Emiliano Martínez de Jesús.  En esta reunión Heriberto Pazos me dijo que siguiera los pasos de  Camilo Ramírez de Jesús, que en lo que tenía que hacer Camilo, tenía  yo que estar de acuerdo.  Como la oposición a la venta del terreno continuó por parte de la  comunidad, 38 días después, el 19 de mayo del 2006, los hombres del  diputado Rufino Merino “Zaragoza” llegaron disparando sus armas donde  yo estaba construyendo mi casa en Agua Fría Copala. Al verlos logré  aventarme hacia donde estaba construyendo y como no me dieron, mataron  a mi hijo”.

 
 Para ese entonces Rufino Merino Zaragoza ya era el jefe directo del  grupo paramilitar perteneciente al MULT, además de ser diputado local  por parte del MULT-PUP, aunque se levantaron las actas judiciales  correspondientes y se emitió una orden de aprehensión, esta jamás se  ejecuto por las influencias políticas de RUFINO MERINO ZARAGOZA.

 
 En esos tiempos Camilo Ramírez de Jesús intentó asesinar en la ciudad  de México a un indígena triqui que exigía el regreso de un dinero  prestado a RUFINO MERINO ZARAGOZA, los hechos sucedieron en la calle  de López, de la Ciudad de México en donde la víctima si bien no murió  quedó paralítica para toda la vida. Camilo Ramírez de Jesús fue  detenido y encarcelado por el crimen, RUFINO MERINO ZARAGOZA  aprovechando su posición política solicito que se le trasladara del  Distrito Federal, a una cárcel del Estado de Oaxaca, y a las pocas  semanas logró, sin mayor esfuerzo, que el asesino Camilo Ramírez de  Jesús fuera liberado.

 
 Camilo Ramírez de Jesús participó en la Masacre de Agua Fría del 2006,  en donde resultaron muertos entre otras personas Adrián Bautista,  dejando con múltiples heridas de bala a Jorge Albino, en un intento  infructuoso de asesinar a Timoteo Alejandro, líder comunitario  impulsor de la autonomía del pueblo triqui.

 
 Camilo Ramírez de Jesús fue uno de los principales sicarios, que  capitaneados por RUFINO MERINO ZARAGOZA, AMADO ORTIZ DOMINGUEZ Y  CARMELO ORTIZ DOMINGUEZ arrasaron a sangre y fuego, en febrero del  2010, la localidad y lugar sagrado para los triquis SAN MIGUEL COPALA  localidad de la cual la CIDH ya ha tenido solicitud de atención, ha  emitido Medidas Cautelares con el resultado de que todos los indígenas  protegidos por la CIDH ya fueron asesinados por el grupo paramilitar  MULT.
 
 En esta masacre de SAN MIGUEL COPALA resultaron asesinadas a sangre  fría 12 personas, con el objeto de que el MULT se apropiara San Miguel  Copala. Dicha masacre y desplazamiento forzado fue capitaneada por  Rufino Merino Zaragoza, Carmelo Ortiz Domínguez, y Manuel Ortiz  Domínguez, máximos jefes paramilitares del MULT el primero y de  Rastrojo los otros.

 
 Camilo Ramírez de Jesús participó en el cerco paramilitar en contra de  la localidad de San Juan Copala entre noviembre de 2009 y septiembre  del 2010. Participó en el asalto casa por casa a esta localidad, de  donde resultaron asesinadas (en el cerco y asalto) alrededor de 20 personas, entre ellos observadores internacionales y nacionales de  derechos humanos.

 
 También el 5 de septiembre de 2010 Camilo Ramírez de Jesús participó  en la emboscada en la que muriera Pedro Santos Castro en la localidad  de Agua Fría y fue la persona que guió a los sicarios que asesinaron  el 21 de mayo del 2010 al principal impulsor de la autonomía del  pueblo triqui Timoteo Alejandro Ramírez y a su esposa Cleriberta  Castro en la localidad de Yosoyuxi Copala.

 
 El día 21 de agosto del 2010, a las 18:10 horas, este multi-asesino  paramilitar del MULT, junto con otros paramilitares, emboscó a los  indígenas triquis organizadores de la Tercera Caravana Humanitaria que  partiría con destino a la ciudad de México el 23 de agosto. En esta  emboscada realizada en el paraje Hierba Santa, en dirección a San Juan  Copala, resultaron muertos Antonio Ramírez López de 72 años de edad, y  dirigente moral del Municipio Autónomo, Antonio Cruz García, de 39  años, vecino de Santa Cruz Tilapa Copala y Rigoberto González, de 40  años, habitante de Agua Fría Copala; quedaron heridos Víctor de Jesús  González, de 25 años, habitante de Santa Cruz Tilapa Copala y Alfredo  Martínez González, de 28 años, habitante de la localidad de Agua Fría  Copala.
 
 Todos estos crímenes los ha realizado contando en todo momento con la  complicidad de la policía del Estado de Oaxaca y con el respaldo  directo del gobernador, en su momento Ulises Ruiz, y otros.

 
 En estos momentos Rufino Merino Zaragoza, líder de facto del MULT --y  amigo del Gobernador como ambos lo han declarado públicamente-- está  haciendo esfuerzos desesperados para que su multi asesino cuñado y  pistolero principal sea liberado, no dudamos que lo logre, pues como  se ha demostrado en estos meses de impunidad, el respaldo por el  gobernador le ha otorgado es total, por lo que pedimos a la CIDH su  inmediata intervención ante el Estado Mexicano para dicha persona sea  juzgada conforme a las leyes vigentes y no liberado mediante las  posibles componendas y complicidades del actual gobernador Gabino Cue.

 
Municipio Autónomo de San Juan Copala


Avaricia minera, trasfondo en San Juan Copala


Por Proyecto Ambulante – 16 enero, 2012

La agresión de los paramilitares de Ubisort y MULT-PUP contra el municipio autónomo de San Juan Copala ha sido cuidadosamente descifrada y denunciada. Falta, sin embargo, atender un punto que reilumina la interpretación: los yacimientos mineros de Juxtlahuaca, el pequeño municipio donde el gobierno de Oaxaca decidió, desde 1948, encerrar y castigar al ancestral Chumaa de San Juan Copala, arrebatándole a esta asamblea territorial de los triquis su reconocimiento como municipio soberano de la entidad.

Aunque con tradición minera, Oaxaca y el sureste de México eran consideradas regiones de baja productividad minera. Pero la enormísima demanda global de minerales, la consiguiente crisis de reservas mineras, y la revolución en las técnicas y la geografía de la extracción, hacen que hoy se pretenda explotar reservas de rocas con muy poca y dispersa mineralización.

Con estos criterios, ahora 70 por ciento del territorio nacional, según declara cínicamente Sergio Almazán (director general de la Cámara Minera de México), es considerado como susceptible de contener “grandes yacimientos”.

No parecen importar el inquietante agotamiento de los recursos, la elevación de sus precios, la aplicación de nuevas y costosas técnicas extractivas, la escala descomunal de las minas, la baja tasa y la alta masa de ganancias, y los descomunales pasivos ambientales que se generan.

Es la minería a cielo abierto, que demuele montañas enteras con 2 ó 3 grandes explosiones por día. En breves lapsos se forman descomunales cráteres de 6 kilómetros de largo, 2 a 4 de ancho y entre 3 y 5 de profundidad, mientras millones de toneladas de roca se trituran al tamaño de una pulgada, para luego lixiviarlas con grandes montos de variadas sustancias químicas. Hay una brutal ruptura de los flujos subterráneos de agua, una contaminación indescriptible de los ríos, mientras montañas de lodos tóxicos se disuelven con las lluvias, envenenando regiones y poblaciones enteras.

Con esta nueva sobreexplotación, las mineras chocan frontalmente con comunidades, regiones o naciones y entonces recurren a la violencia abierta para imponer sus intereses monetarios.

En México, los gobiernos neoliberales reformaron la Ley de Minas en 1992, 1995 y en 2005, y aplican políticas económicas que le entregan nuestras rocas a empresas privadas, mexicanas o extranjeras. Desclasificaron los minerales estratégicos (con excepción del uranio), permitieron concesiones de estos materiales a las transnacionales (sobre todo canadienses), otorgaron concesiones de hasta 50 años (ampliables a 100) y mezclan concesiones de exploración y de explotación.

El sureste mexicano adquirió así una importancia inusitada. Sin considerar exhaustiva la información del oficial Consejo de Recursos Minerales (CRM), éste rebela el nuevo significado de Oaxaca, pues la reporta como una de las principales áreas mineras del país. En 2007, el crm reportaba 4 yacimientos de molibdeno, 5 de mercurio, 6 de níquel, 8 de uranio, 8 de cobalto, 9 de torio, 18 de titanio, 22 de antimonio, 32 de manganeso, 34 de zinc, 51 de cobre, 52 de plomo, 55 de fierro, 192 de oro y 194 de plata: yacimientos simples o polimetálicos concentrados en la Mixteca, los Valles Centrales y la Sierra Sur. De 570 municipios oaxaqueños, 201 poseen yacimientos mineros estratégicos.

Como en África o Colombia, las grandes empresas mineras transnacionales, sobre todo las canadienses, promueven la ingeniería de conflictos en las comunidades, y los desplazamientos y el exterminio en zonas prioritarias para la explotación, hay que repasar la geografía de los asesinatos de líderes comunitarios cometidos en los últimos sexenios en Oaxaca.

La virulencia de las empresas mineras en las zonas de su interés que están pobladas es un hecho documentado y cada vez más habitual en Oaxaca: pobladores envenenados en la cuenca alta del río Largo por la extracción de oro en Calpulalpam (Sierra Norte); asedio contra la población y emigración de Loxichas para extraer titanio en la Sierra Sur; diez años de provocaciones constantes en las inmediaciones de Textitlán y Zaniza, en la Sierra Sur por un descomunal yacimiento de hierro; las recientes provocaciones que padecen los habitantes de San José del Progreso, Magdalena Ocotlán, Maguey Largo y el Cuajilote por frenar las minas de oro que se pretenden abrir en Valles Centrales.

Es prioritario indagar los motivos de los asesinatos comunitarios ocurridos en Oaxaca. Revisar la larga lista de asesinatos políticos fríamente planeados en torno del municipio autónomo de San Juan Copala. Ocurre que en el municipio de Juxtlahuaca se localizan once yacimientos de metales importantes. Tres de antimonio, dos de cobre, dos de fierro, uno de oro, uno de plata, y dos polimetálicos: uno de oro, plata y antimonio, en el extremo norte del municipio; otro de cinco metales (oro, plata, antimonio, plomo y zinc) a menos de cuatro kilómetros de San Juan Copala.

Si el último yacimiento polimetálico ya se concesionó a alguna empresa privada que todavía nos es desconocida (lo que es casi seguro por la última reforma a la ley minera), es probable que los empresarios de esta potencial mina a cielo abierto (ubicada en los 17°:09’ N y 97°:59’ O) procurarán que el ancestral Chumaa (en los 17°:11’ N y 97°:57’ O) del municipio autónomo de San Juan Copala sea devorado por su correspondiente cráter.



Andrés Barreda: http://www.jornada.unam.mx/2010/10/09/oja162-copala.html

 


Informe europeo: Los crímenes de San Juan Copala, puras disculpas


Marco Appel
2 de diciembre de 2011 · Sin comentarios
Prisma Internacional

 

BRUSELAS (apro).- “Los cambios no se dan de la noche a la mañana, y un nuevo partido llegó al poder en Oaxaca después de 70 años de gobiernos del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Sin embargo, la desarticulación entre el nivel federal y el estatal, la coexistencia de sistemas judiciales distintos y los pobres estándares existentes en materia de investigación continúan obstaculizando que haya progresos significativos, a pesar de los esfuerzos del gobierno” de Gabino Cué, para esclarecer el asesinato de los activistas Jyri Jaakkola y Bety Cariño, ocurridos el 27 de abril de 2010 en San Juan Copala.


En esos términos expresan sus conclusiones las eurodiputadas Satu Hassi, de Finlandia, y Franziska Keller, de Alemania, tras un viaje oficial que realizaron a la Ciudad de México y Oaxaca del 1 al 7 de septiembre pasados, con la finalidad de conocer el estado de las averiguaciones en torno al homicidio del ciudadano finlandés Jaakkola.


“Hemos escuchado repetidamente a las autoridades explicar que su falta de avances en la investigación del caso se debe a problemas de organización y administrativos. No obstante, esas mismas explicaciones ya las escuchamos hace un año y varias veces nos han prometido que resolverían esos problemas”, señalan las eurodiputadas.


Y añaden: “Tememos que sin voluntad política para deslindar responsabilidades, prevalecerá la impunidad. Una y otra vez, la gente siente que la credibilidad del Estado mexicano está en juego”.


Tales afirmaciones están contenidas en un reporte que debían presentar Hassi y Keller este jueves 8 ante el Parlamento Europeo, lo cual no será posible, debido a que su presentación fue pospuesta para el año entrante.


Ese reporte –del cual Apro tiene copia– explica que ellas decidieron visitar nuevamente el país motivadas por la falta de resultados en las pesquisas que lleven ante la justicia a los asesinos de Jaakkola y Cariño, quienes fueron acribillados en una emboscada perpetrada por presuntos paramilitares de la Unidad de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort).


Ambas eurodiputadas viajaron a los mismos destinos de México del 30 de junio al 4 de julio de 2010. En aquella ocasión ningún funcionario del gobierno de Ulises Ruiz quiso recibirlas alegando que no tenían tiempo porque las elecciones locales celebradas el 4 de julio los absorbían.


En agosto y septiembre de 2010 también viajaron a México los padres de Jyri, Eeva-Leena y Raimo Jaakkola, quienes regresaron más recientemente en febrero de 2011. La eurodiputada Hassi viajó sola a México en diciembre de 2010, y en mayo pasado una delegación del Subcomité de Derechos Humanos del Parlamento Europeo también realizó una vista, que incluía en su agenda el caso de Jaakkola.


Como lo informó esta agencia en su momento, el 12 de julio Keller presentó en el Parlamento Europeo el reporte de ese primer viaje con Hassi.


Reportó que la situación en San Juan Copala era “terriblemente mala” en materia de derechos humanos, aunque los representantes del gobierno federal con los que se reunieron les aseguraron, dice, que no existía ninguna situación de emergencia.


En su conclusión final, la eurodiputada alemana sostiene:


“Aunque el gobierno mexicano se presenta sensible y comprometido con los derechos humanos, y ha firmado todos los acuerdos pertinentes más importantes de la Organización de las Naciones Unidas, falta que los implemente”.


Pesimismo
Las eurodiputadas se reunieron en México con autoridades federales y del estado de Oaxaca; sostuvieron un encuentro “de alto nivel” con Jon Izaguirre, oficial de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los derechos humanos, y se entrevistaron con testigos de la emboscada en que murieron Jaakkola y Cariño, con víctimas de la violencia en la zona y representantes de organizaciones de derechos humanos.


Las eurodiputadas afirman en su reporte que “muchos de sus interlocutores” consideran que la resolución de ese doble asesinato representa una prueba para terminar con la impunidad en el estado. A este respecto, agregan, “la identificación y castigo de los homicidas son puntos fundamentales para restaurar la normalidad en Oaxaca”.


El escrito denuncia que en México “existe una confusa división de competencias entre el poder federal y el estatal”. Expone que el caso de Jaakkola fue atraído nuevamente al ámbito estatal, aunque señala, en tono incrédulo, que la cuestión de la protección de las víctimas es una responsabilidad federal.


Refiere que “Rufino Juárez, el líder de Ubisort, un grupo paramilitar activo en la región de San Juan Copala, y presuntamente detrás del cerco a esa comunidad en el momento del ataque a la caravana de paz donde viajaba Jyri, fue arrestado en mayo último”.


Las eurodiputadas precisan que la detención de Juárez se dio justo unos días antes de la llegada de la misión del Subcomité de Derechos Humanos del Parlamento Europeo.


“Es importante notar –señalan—que Juárez no fue acusado por el asesinato de Jyri y Bety, sino de otros dos crímenes por los cuales se amparó. Uno de esos amparos fue concedido. Muchos nos expresaron sus temores sobre el futuro de ese proceso”.


Pretextos
El reporte, de 14 páginas, describe a manera de bitácora sus encuentros más significativos. El 3 de septiembre se entrevistaron con el gobernador Gabino Cué.


“Muchos funcionarios y empleados del antiguo gobierno (de Ulises Ruiz) han sobrevivido en el nuevo de Gabino Cué y tienden a obstruir mejoras en materia de transparencia y derechos humanos o medidas anticorrupción”, expone.


“Gabino Cué admitió que no había suficientes progresos en las investigaciones. Él calificó el asesinato como ‘un crimen premeditado’, cuyos autores materiales e intelectuales deben ser encontrados”.


Un día antes, el 2 de septiembre, las eurodiputadas se encontraron con un grupo de funcionarios estatales de alto nivel, entre ellos algunos involucrados con los derechos humanos.


Reseña que “el mediador gubernamental de las negociaciones con los triquis, Arturo Peimbert, explicó las raíces del actual conflicto.


Defendió el éxito del gobierno de Oaxaca en llevarles educación y salud a los triquis. Explicó que los responsables del conflicto son los grupos armados y quienes les pagan, y no ve ninguna motivación política en el asesinato de tres triques a comienzos de agosto pasado, que motivó la suspensión del último intento de la comunidad por regresar a San Juan Copala. Para él se trató de una pelea entre borrachos”.


Ese mismo día, pero más tarde, se reunieron con el procurador general de Justicia del estado de Oaxaca, Manuel de Jesús López López. El funcionario les dijo que había “un número de problemas significativos” respecto al caso de Jaakkola y Cariño, ocasionados, en primer lugar, por la falta de protección de los testigos de la emboscada donde murieron, que no permite la obtención de testimonios.


Detalla el reporte: “Discutimos los problemas legales vinculados a la consiguiente implementación de la reforma al sistema mexicano de justicia, que implica la aplicación de diferentes métodos de investigación en diferentes estados”.


El procurador, continúa el reporte, “admitió que los procedimientos de investigación son muy pobres en general en México. El país no tiene especialistas en realizar autopsias, las cuales en general no son efectuadas. Insistentemente los miembros de la oficina del procurador presentes en la junta expresaron el temor de cometer cualquier error en la preparación de un expediente para emitir una orden de arresto, porque eso llevaría a un rechazo del juez para otorgarla”.


Las eurodiputadas concluyen que en el actual escenario mexicano de deterioro del respeto a los derechos humanos, el esclarecimiento de los asesinatos de Jaakkola y Cariño tendría “un impacto más amplio y contribuiría llevar justicia a los pueblos indígenas de Oaxaca”.


http://www.proceso.com.mx/?p=290020



Culpan de 3 asesinatos a MULT y Ubisort

Triquis llevan a sus muertos al palacio de gobierno de Oaxaca

 

 Octavio Vélez Ascencio

Corresponsal

Periódico La Jornada
Lunes 8 de agosto de 2011, p. 34

 

Oaxaca, Oax., 7 de agosto. Miembros del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui-Independiente (MULT-I), defensores del municipio autónomo de San Juan Copala, rindieron este domingo al mediodía, frente al palacio de gobierno del estado, un homenaje a tres de sus compañeros asesinados el viernes en el tramo Juxtlahuaca-Putla de Guerrero de la carretera federal 182, en la desviación a San Pedro Chayuco.


Ante los ataúdes, la portavoz del campamento de desplazados triquis instalado frente al zócalo, Reina Martínez Flores, pidió al gobernador Gabino Cué Monteagudo castigar a los asesinos de Álvaro Jacinto Cruz, de 18 años; Francisco Ramírez Merino, de 37, y José Luis Ramírez Hernández, de 39, así como frenar la violencia para que los desplazados puedan volver a su comunidad.


¿Cuántos hermanos más deben morir para que el gobierno actúe?, preguntó, y atribuyó el triple homicidio al Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT) y la Unión de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort), vinculados respectivamente al Partido Unidad Popular (de registro estatal) y al Partido Revolucionario Institucional.

Fueron ellos. Los paramilitares asesinaron a nuestros compañeros. ¿Quién más? Pero el MULT-I no cobrará venganza porque rechazamos la violencia y no atacamos a nuestros hermanos, clamó Martínez Flores.

El secretario del Consejo Político Comunitario del MULT, Uriel Díaz Caballero, dijo que su grupo no manda a matar a nadie, apoya que se investige el crimen y está dispuesto a entregar a sus militantes si se prueba fehacientemente su responsabilidad.


Los manifestantes subieron los tres féretros a una camioneta para sepultar a las víctimas en Agua Fría Copala, de donde eran originarias, pero ocurrió un altercado con policías estatales que intentaron cerrar el área para que personal de salud la saneara, debido a la descomposición de los cadáveres.


La portavoz Reina Martínez Flores dijo que antes de la intervención policiaca funcionarios estatales los amagaron con desalojarlos con el argumento de que los cadáveres podían propagar alguna enfermedad, porque no estaban embalsamados.


El secretario de Seguridad Pública, Marco Tulio López Escamilla, rechazó que se pretendiera coartar el duelo del MULT-I.Personal de la Secretaría de Salud constató el mal estado de los cuerpos y les pedimos que no volvieran al campamento para lavar y sanear, pero eso fue aprovechado por personas ajenas y miembros de un grupo para generar confrontación, señaló.



El pueblo Triqui retorna a San Juan Copala y solicita la protección a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para evitar otra tragedia. · Después de casi 9 meses del brutal desplazamiento por paramilitares de la región, el Gobierno Mexicano es incapaz de garantizar el acceso efectivo a sus territorios y respetar el Derecho a su Libre Determinación. · Se solicita la ampliación de las Medidas Cautelares 197/10 para proteger a cientos de Triquis que no cuentan con la protección de la CIDH. México D.F. a 27 de mayo, 2011. El pasado 23 de mayo de 2011, diferentes barrios Triquis, se unieron con los desplazados del Municipio Autónomo de San Juan Copala, para iniciar su cuarta caravana también denominada La Marcha del Color de la Sangre y que se dirige en primera instancia hacia la Ciudad de México, para agruparse con otras organizaciones solidarias, dar a conocer su lucha y retornar a San Juan Copala el próximo 28 de mayo. Esta cuarta caravana forma parte de los acuerdos tomados por las autoridades de distintas Comunidades Indígenas Triquis del Municipio Autónomo de San Juan Copala llevada a cabo el pasado 10 de abril del 2011 como respuesta a la omisión del Estado Mexicano de garantizar el retorno de los desplazados de San Juan Copala. Así, después de casi nueve meses de desplazamiento, el Pueblo Triqui irá a recobrar el corazón de su comunidad, San Juan Copala, el Chuman´a, Centro Ceremonial y Político que fue tomado por la fuerza por grupos paramilitares del MULT y UBISORT el 20 de septiembre del año pasado, quienes luego de asesinar a mas de 20 personas y herir a decenas de habitantes, incluídos niños y mujeres, prendieron fuego a casas de la comunidad y amenazaron con colgar "como perros" a los que se quedaran. En respuesta al desplazamiento y al ataque a la Caravana donde asesinaron a Betty Cariño y Jiry Jaakkola meses antes, el 07 de octubre del 2010, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con sede en Washington, DC, otorgó Medidas Cautelares a favor de 135 beneficiarios de la Comunidad de San Juan Copala, que para ese momento eran desplazados de su comunidad. Sin embargo, pese a que el Estado mexicano se encuentra obligado por el derecho internacional a garantizar la protección de los beneficiarios de las Medidas Cautelares, capturando a los responsables del desplazamiento y asegurando el retorno de los desplazados, México ha fallado frente a la CIDH y frente al Pueblo Triqui y por ello regresan al corazón de su territorio ancestral, San Juan Copala a recobrar su territorio de manos de los paramilitares. Esta decisión fue tomada después de que el Gobernador de Oaxaca apareciera en prensa junto con líderes del MULT, señalados como responsables de la violencia paramilitar y responsables del desplazamiento, declarándose "uno más en la lucha" de esa organización, mientras en Marzo pasado el Gobierno Mexicano en una reunión de alto nivel de seguimiento de las Medidas Cautelares en Washington, DC, respondió que era imposible asegurar el retorno por la presencia de paramilitares. El Estado Mexicano quiere silenciar al pueblo Triqui que lucha por su autonomía, aplazar las decisiones para resolver el problema y dejar que finalmente sean los paramilitares, los que por la vía del hecho y la aniquilación de la lucha autónoma, se presenten como los interlocutores reconocidos oficialmente. Para asegurar la protección de más miembros del pueblo Triqui que se unen al RETORNO A SAN JUAN COPALA, el 20 de Mayo de este año, se solicitó por el Foro Permanente por la Comisión de la Verdad y por el MASJC la ampliación de las Medidas Cautelares 197/2010 otorgadas por el órgano interamericano. (Se adjunta petición) La nueva petición presentada a la CIDH la semana pasada busca que se amplíe la protección a todos los indígenas triquis de San Juan Copala que no residen en el Centro Ceremonial, pero forman parte de la comunidad, porque los efectos del desplazamiento ilegal y violento de los residentes de Copala repercuten no solo en los 135 beneficiarios de las actuales Medidas Cautelares, sino en todos aquellos miembros de la Comunidad Indígena de San Juan Copala, por ello, previo trabajo de identificación se incorpora a miembros de la Comunidad de San Juan Copala y habitantes de los barrios "Paraje Pérez", "Guadalupe Tilapa", "Santa Cruz Tilapa" y "Yosoyuxi". La nueva petición también busca que el Estado Mexicano brinde protección a la Marcha del Caravana que la comunidad Triqui realizará para entrar a su territorio el 28 de mayo próximo, aseguró Priscila Rodríguez Bribiesca, abogada responsable de las Medidas Cautelares por parte del MASJC. Ya la Corte Interamericana en otros casos, ha determinado en casos de comunidades desplazadas la obligación del Estado de adoptar medidas urgentes para garantizar el acceso efectivo de las comunidades a los territorios que pertenecen. (Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa vs Paraguay. Sentencia del 29 de Marzo del 2006) Agregó la representante de la comunidad y abogada de SAKBE. Para mayor información contactar: Claudia Gómez-Portugal M. 5264 3777 / 044(55) 1850 6827, Priscila Rodríguez Bribiesca 001(202) 487 6282, Marcos Albino 044(55) 1684 6339, Reyna Martínez Flores 045(95) 1223 9493, y David Cilia Olmos 044(55) 4352 4522 SAKBE Comunicación y Defensa para el Cambio

Estamos dispuestos a morir por justicia para los indígenas

Triquis piden a la CIDH que les otorgue medidas cautelares

 

Fernando Camacho Servín

Periódico La Jornada
Sábado 28 de mayo de 2011, p. 14

 

Más de 300 familias del municipio autónomo de San Juan Copala, Oaxaca, iniciaron ayer un nuevo intento por regresar a sus comunidades de origen, luego de haber sido desplazados por paramilitares del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT) y de la Unidad de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort).

 

La cuarta versión de la llamada Marcha del color de la sangre no sólo busca que los copaleños por fin regresen a sus hogares, tras dos años de éxodo forzado; también hará énfasis en la exigencia de justicia por los asesinatos y agresiones que han sufrido, afirmó en rueda de prensa Macario García Merino, representante de dicha comunidad.

 

La movilización, que comenzó ayer en el Ángel de la Independencia, también pide a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que conceda medidas cautelares a más de mil habitantes de San Juan Copala y los barrios aledaños de Paraje Pérez, Guadalupe Tilapa, Santa Cruz Tilapa y Yosoyuxi.

 

La petición ya fue realizada de manera formal ante esa comisión, el pasado 20 de mayo. En caso de ser aceptada se sumaría a las que ya fueron otorgadas para 135 personas más, sin que hasta el momento el Estado mexicano haya realmente cumplido con la medida, afirmó Claudia Gómez Portugal, de la organización civil Sakbé.

 

En videoconferencia desde Washington, sede de la CIDH, la abogada Priscila Rodríguez subrayó la incapacidad del gobierno para aplicar medidas elementales de protección en favor de las víctimas, y aseveró que si esta actitud persiste, muy pronto la justicia interamericana podría juzgar y sentenciar de nuevo a las autoridades del país.

 

Por su parte, Reyna Martínez, vocera de los desplazados de San Juan Copala, dijo: nuestras armas son seguir exigiendo justicia y respeto para todos los pueblos indígenas del país. Si nos quieren matar cuando lleguemos allá, ya va a ser más en público, y estamos dispuestos a morir si hace falta.


Cuando regresemos a San Juan Copala, Jyri y Bety encabezarán nuestra entrada

 

AL PUEBLO DE OAXACA, MEXICO Y EL MUNDO

A EJERCITO ZAPATISTA DE LIBERACION NACIONAL

A LA OTRA CAMPAÑA

A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES HONESTAS  


Hermanas, hermanos: A un año de que paramilitares al servicio del criminal Ulises Ruiz Ortiz acabaran con la vida de Bety Cariño y Jyri Jaakkola por el gran delito de ser solidarios y caminar con los  olvidados de este país. Sus familiares sus amigos y compañeros junto con el pueblo de San Juan Copala seguimos esperando justicia, sin duda con su muerte el gobierno planeo como hacer el mayor de los daños a nuestro pueblo. Sin duda al ordenar la muerte de nuestros hermanos tenia y tiene la consigna de acabar con la autonomía de San Juan Copala, pero no solo es la autonomía de nuestro pueblo, lo que quieren  es también nuestros recursos naturales, para venderlos y repartirse las ganancias, por eso les molesta tanto nuestra forma de vida que de siempre tenemos los pueblos indígenas. Por eso dieron la orden criminal de asesinar a Bety, Jyri y a mas de 20 compañeros el año pasado nosotros sabemos quienes son, la muerte el dolor vienen de donde siempre han venido de los poderosos de los que mueven a los gobiernos títeres y algunos indígenas que nada saben de su grandeza de historia, y alquilan su mano criminal para atentar contra los que hoy y siempre vamos a luchar por un mundo mas justo. Por eso hoy el municipio autónomo de San Juan Copala se dirige a los hombres y mujeres que luchan de manera honesta para invitarlos a irnos juntando, para reunir también nuestros dolores, y ver como le vamos a hacer para salvar a nuestro país. Porque si es cierto, estos hechos criminales retrazaron nuestro proyecto de lucha pero no lo acabaron, no cierra la herida sigue sangrando duele Bety, duele Jyri duelen nuestros mas de 20 muertos duelen nuestros heridos duelen nuestros huérfanos, duele y duele mucho nuestro Chuma’a porque es el corazón de los triquis.

Pero no es tiempo de lloradera es tiempo de resurgir como pueblos originarios y hacer alianza juntarnos pues con todos los que en este país sufren los daños de la ambición de unos cuantos, y que hoy mas que nunca lo vemos cuando el ejercito federal se viste todos los días de gloria asesinando a nuestros jóvenes para después hacerlos pasar como criminales, cuando las comunidades que luchan por sus recursos son criminalizadas, y reprimidas por militares disfrazados de policías, cuando los sindicatos son desaparecidos por decreto de la noche a la mañana, y en el mejor de los casos son cooptados desde sus dirigencias para que sean sumisos y complacientes con el gobierno en turno. Es tiempo de juntar nuestras luchas para hacerle entender a los poderosos que el verdadero poder esta en la decisión del pueblo y que los que han abusado y saqueado tienen que abandonar estas tierras para siempre. Nosotros los y las Triquis de San Juan Copala asumimos desde ya el compromiso de organizarnos con quien lo quiera hacer de manera honesta y digna y luchar y resistir hasta la muerte si es necesario, y tal vez así le quede claro a los gobiernos y sus criminales que nuestra lucha es por la vida, hacemos un llamado especial a nuestros hermanos triquis de otras organizaciones y a los no organizados a que busquemos la palabra con nuestros iguales para el día de mañana no necesitar de dirigentes oportunistas y corruptos que son capaces de acarrear a nuestra gente por miles con la amenaza de castigo al que no obedezca, para luego embolsarse lo que negocian con el gobierno entre una pequeña cúpula y dar solo migajas a los pueblos manteniéndolos en la miseria y la explotación como ha sido a lo largo de mas de 30 años los triquis lo sabemos bien.

A los familiares de Bety y Jyri. Para nosotros ellos no muy se murieron siguen caminando entre nosotros y cuando regresemos a nuestro Chuma’a ellos vendrán encabezando la entrada, para que sepan que su sacrificio no fue en vano que su ejemplo de amor nos da fuerzas todos los días para resistir y luchar porque el pueblo de SAN JUAN COPALA ni se rinde ni se vende.

 

JUSTICIA YA CARCEL A LOS ASESINOS

NO MAS IMPUNIDAD A LOS VERDADEROS CRIMINALES


MUNICIPIO AUTONOMO DE SAN JUAN COPALA

A 17 de abril de 2011

 


A un año del asesinato de Bety Cariño

¡Justicia!

27 de abril de 2011

 

Hoy, 27 de abril, a un año del ataque paramilitar contra la caravana humanitaria que se dirigía a San Juan Copala, dónde resultaron asesinados nuestra compañera y hermana Bety Cariño y el activista Jyri Jaakkola, no olvidamos.

 

Al día de hoy no existen avances significativos en la investigación de sus asesinatos. Ninguno de los tres niveles de gobierno se ha comprometido en resolver el caso, sólo hemos escuchado falsas promesas y compromisos.

 

Ulises Ruiz dejó el gobierno de Oaxaca, con una estela de sangre, persecución, impunidad, delegando su responsabilidad en la violencia paramilitar que San Juan Copala padece y en los asesinatos que se han registrado en la zona. Gabino Cué se ha lavado las manos, no ha movido una sola de las piezas necesarias para hacer un mínimo de justicia y con eso reproduce el mismo gobierno de su antecesor del que tanto busca deslindarse.

 

Los grupos paramilitares plenamente identificados como autores materiales de los crímenes de Bety y Jyri siguen libres, azotando a las comunidades, burlándose de la justicia y actuando al cobijo de la impunidad.Todos son responsables de que las vidas de Bety Cariño y Jyri Jaakkola nos hayan sido arrebatadas.

 

Todos son cómplices por encubrimiento, por permisión, por omisión. Todos merecen un castigo ejemplar, porque estamos hartas de que la vida de las activistas y luchadoras sociales, sea moneda de cambio en sus demagogias para ejercer el poder. Denunciamos la falta de voluntad, la impunidad y el desdén gubernamental para resolver los crímenes. Responsabilizamos plenamente al estado de los asesinatos de Bety y Jyri y exigimos la detención inmediata de los autores materiales de los asesinatos y de los responsables intelectuales.No olvidamos que las principales víctimas en este fuego cruzado han sido y siguen siendo las mujeres.

 

Las que se quedan, las que resisten, las desplazadas, las que mantienen los plantones y las que caen bajo las balas. Mujeres sin rostro, sin nombre, pero que están aquí. No olvidamos que en México nos jugamos la vida cada que emprendemos una lucha, hacemos una denuncia, nos manifestamos. No olvidamos que la defensa de los derechos humanos, la lucha por la dignidad y la libertad son resistencias incómodas para el poder.Hoy, a un año de su artero asesinato, recordamos a la luchadora, activista, compañera solidaria, amiga, Bety Cariño sigue presente entre nosotras.

 

El camino que ando, la lucha que emprendió y sus sueños de justicia y dignidad, son tareas que nosotras, feministas, activistas, asumimos como nuestra permanente lucha contra este sistema capitalista y patriarcal que nos sigue asesinando, que nos sigue arrebatando valerosas mujeres que rompen el silencio, que no se callan ante las injusticias, que luchan por la libertad. Ellas, nuestras compañeras, siguen alzando la voz con su recuerdo y su legado. No olvidaremos porque el olvido reproduce la impunidad y significa una afrenta más para nuestras compañeras asesinadas.

 

Estaremos presentes en las actividades para conmemorar a nuestra compañera caída. Llamamos a la solidaridad y a seguir rompiendo el silencio.

 

Porque nuestra exigencia es una vez más: justicia.

 

Justicia para las mujeres asesinadas por ser mujeres, justicia para las mujeres asesinadas por el poder, justicia para las mujeres asesinadas por luchar.

 

¡Justicia para Bety Cariño!¡Castigo a los paramilitares de UBISORT!¡Juicio político a Ulises Ruiz!

 

¡Fuera paramilitares de San Juan Copala!¡Justicia para Bety Cariño y Jyri Jaakkola!

 

¡Basta de feminicidios, basta de impunidad, ni una mujer menos, ni una asesinada más!

 

MARCHA MUNDIAL DE LAS MUJERES MÉXICO

Grupo de Mujeres de San Cristóbal; Colectivo Feminista Mercedes Olivera; Colectiva Lésbica Feminista Autónoma LESBrujas; Colectivo de Empleadas Domésticas de los Altos de Chiapas; Agua y Vida: mujeres, derechos y ambiente; Red de Mujeres Sindicalistas Chiapas; Mujeres de Maíz en Resistencia; Mujeres en resistencia a las altas tarifas de luz; Grupo Cultural Revolucionario por la emancipación de la Mujer; Centro de Apoyo Solidario, Documentación y Estudio, A.C.; Red Ciudadana Feminista de México; AQUESEX, A.C; Instituto de Formación en Justicia y Derechos Humanos, A.C; Mujeres por una Binacionalidad Digna, A.C; Xilotl, A.C; Red de Mujeres Líderes por la Equidad y una Vida Libre de Violencia, A.C; Centro de Promoción y Educación Profesional Vasco de Quiroga, A.C; Red Nacional Género y Economía; Mujeres por el Diálogo, A.C; SIEMBRA, A.C; Mujeres por México en Chihuahua; Alianza por la Democracia, A.C; Centro de Estudios y Reflexión; Taller Creciendo con Equidad; Casa de la Mujer Arco Iris; Desarrollo, Democracia y Género; Asociación Internacional de Apoyo Integral a la Mujer, A.C.RED DE DEFENSORAS MÉXICOColectivo Feminista de Xalapa, A.C; Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez; Movimiento Pacto por la Cultura; Colectiva Arte, Comunidad y Equidad; Alternativas Pacíficas (Monterrey, Nuevo León); Asociación por los Derechos de la Mujer y el Desarrollo (AWID); Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca; Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C; Enlace Comunicación y Capacitación, A.C; Mujeres unidas: Olympia de Gouges, A.C; Centro Diocesano para los Derechos Humanos "Fray Juan de Larios"; Asociadas por lo Justo (JASS) comunidad internacional feminista; Centro de Apoyo al Trabajador A.C; Centro para los Derechos de la Mujer Nääwiin; Tamaulipas Diversidad VIHDA Trans, A.C; Mujeres Organizadas Yuubani A.C; Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C; Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C.OTRAS

 

ORGANIZACIONES

Equipo de Acompañamiento Comunitario en Chiapas, Foro para el Desarrollo Sustentable, Alianza Cívica Chiapas, Centro de Capacitación en Ecología y Salud/Defensoría del Derecho a la Salud, Red de Asesoras y Promotoras Rurales, Campesinas e Indígenas; CESDER; Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, A.C; Centro de Investigación y Capacitación Rural, A.C; María Teresa Munguía Gil.

 

INTERNACIONALES

SAFO, Solidarite Active avec les Femmes Outsiders, Toulouse, Francia. CLAP33, Colectif contre les abus policiers, Bordeaux, Francia. OPA, Orchestre Poetique d'avant guerre, Bordeaux, Francia


Pronunciamiento Público

¡Justicia ya para Bety Cariño!

Castigo a los culpables de la violencia en la zona triqui

 

Nos hemos enterado de la detención el día 12 de mayo de Rufino Juárez, dirigente de la Unidad de Bienestar Social de la Región Triqui (UBISORT), señalado como uno de los responsables del grave clima de violencia que ha azotado a la región triqui, en particular  en el municipio autónomo de San Juan Copala, en los últimos tiempos.

 

Rufino Juárez es también uno de los principales involucrados en el ataque a la caravana humanitaria que se dirigía a San Juan Copala el 27 de abril de 2010. Lo anterior en virtud de que días antes de la realización de la caravana, hizo públicamente graves amenazas a la vida y seguridad de los integrantes de la misma. Dicha caravana fue emboscada resultando asesinados Bety Cariño y Jyri Jaakkola.

 

La detención de Rufino Juárez puede constituir un avance en el restablecimiento de la paz y dignidad en la región triqui, siempre y cuando se garantice el desmantelamiento de la violencia paramilitar en la zona que ha cobrado la vida de muchas personas, mujeres en su mayoría. Es el primer paso pero no es suficiente. Aún estamos a la expectativa de los verdaderos motivos de la detención y de que Rufino Juárez sea procesado con rigor por todos y cada uno de los crímenes que ha cometido.

 

Esta detención no es un beneplácito ni concesión del gobierno de Oaxaca. Es también producto de la presión nacional e internacional para exigir justicia para nuestra compañera Bety Cariño y el internacionalista Jyri Jakkola. Llamamos a no cesar esta presión y a mantenernos vigilantes del proceso, porque conocemos de sobra los subterfugios de este sistema para perpetuar la impunidad.

 

Nos sumamos a la exigencia para que la Procuraduría General de la República determine inmediatamente la averiguación previa sobre el ataque a la caravana del 27 de abril de 2010 para que Rufino Juárez sea juzgado por los asesinatos de Bety Cariño y Jyri Jaakkola.

 

Exigimos el desmantelamiento de la UBISORT y que deje de gozar de una vez por todas de la protección y la anuencia de los funcionarios en turno. Exigimos que se finque responsabilidad legal a todos los implicados intelectual y materialmente en la estela de sangre que la violencia paramilitar ha dejado en la zona triqui. ¡Exigimos justicia ya!

 

¡Justicia y dignidad para la región triqui!

¡Justicia para Bety Cariño y Jyri Jakkola!

¡Basta de violencia, feminicidios e impunidad!

 

Marcha Mundial de las Mujeres México, Grupo de Mujeres de San Cristóbal, Colectivo Feminista Mercedes Olivera, Colectiva Lésbica Feminista Autónoma LESBrujas, Mujeres de Maíz en Resistencia, Colectivo de Empleadas Domésticas de los Altos de Chiapas, K’inal Antsetik, Grupo Cultural Revolucionario por la emancipación de la Mujer, Red de Mujeres Sindicalistas Chiapas, Mujeres en resistencia a las altas tarifas de luz, Mujeres por México en Chihuahua, Centro de Apoyo solidario, Documentación y Estudio, A.C, Centro de Promoción y Educación Profesional Vasco de Quiroga, A.C, Asociación Internacional de Apoyo Integral a la Mujer, A.C, Casa de la Mujer Arcoiris, Centro de Estudios y Reflexión, Desarrollo, Democracia y Género, Equipo de Acompañamiento Comunitario en Chiapas, Centro de Investigación y Capacitación Rural, A.C, SAFO: Solidarité Active avec les Femmes Outsiders de Tolouse, Francia.

 


Avaricia minera, trasfondo en San Juan Copala, Oaxaca

 

Posted on 9 Octubre, 2010 by Municipio Autónomo de San Juan Copala

 

La agresión de los paramilitares de UBISORT y MULT-PUP contra el municipio autónomo de San Juan Copala ha sido cuidadosamente descifrada y denunciada. Falta, sin embargo, atender un punto que reilumina la interpretación: los yacimientos mineros de Juxtlahuaca, el pequeño municipio donde el gobierno de Oaxaca decidió, desde 1948, encerrar y castigar al ancestral Chumaa de San Juan Copala, arrebatándole a esta asamblea territorial de los triquis su reconocimiento como municipio soberano de la entidad.

 

Aunque con tradición minera, Oaxaca y el sureste de México eran consideradas regiones de baja productividad minera. Pero la enormísima demanda global de minerales, la consiguiente crisis de reservas mineras, y la revolución en las técnicas y la geografía de la extracción, hacen que hoy se pretenda explotar reservas de rocas con muy poca y dispersa mineralización.

Con estos criterios, ahora 70 por ciento del territorio nacional, según declara cínicamente Sergio Almazán (director general de la Cámara Minera de México), es considerado como susceptible de contener “grandes yacimientos”.

 

No parecen importar el inquietante agotamiento de los recursos, la elevación de sus precios, la aplicación de nuevas y costosas técnicas extractivas, la escala descomunal de las minas, la baja tasa y la alta masa de ganancias, y los descomunales pasivos ambientales que se generan.

 

Es la minería a cielo abierto, que demuele montañas enteras con 2 ó 3 grandes explosiones por día. En breves lapsos se forman descomunales cráteres de 6 kilómetros de largo, 2 a 4 de ancho y entre 3 y 5 de profundidad, mientras millones de toneladas de roca se trituran al tamaño de una pulgada, para luego lixiviarlas con grandes montos de variadas sustancias químicas. Hay una brutal ruptura de los flujos subterráneos de agua, una contaminación indescriptible de los ríos, mientras montañas de lodos tóxicos se disuelven con las lluvias, envenenando regiones y poblaciones enteras.

 

Con esta nueva sobreexplotación, las mineras chocan frontalmente con comunidades, regiones o naciones y entonces recurren a la violencia abierta para imponer sus intereses monetarios.

 

En México, los gobiernos neoliberales reformaron la Ley de Minas en 1992, 1995 y en 2005, y aplican políticas económicas que le entregan nuestras rocas a empresas privadas, mexicanas o extranjeras. Desclasificaron los minerales estratégicos (con excepción del uranio), permitieron concesiones de estos materiales a las transnacionales (sobre todo canadienses), otorgaron concesiones de hasta 50 años (ampliables a 100) y mezclan concesiones de exploración y de explotación.

 

El sureste mexicano adquirió así una importancia inusitada. Sin considerar exhaustiva la información del oficial Consejo de Recursos Minerales (CRM), éste rebela el nuevo significado de Oaxaca, pues la reporta como una de las principales áreas mineras del país. En 2007, el crm reportaba 4 yacimientos de molibdeno, 5 de mercurio, 6 de níquel, 8 de uranio, 8 de cobalto, 9 de torio, 18 de titanio, 22 de antimonio, 32 de manganeso, 34 de zinc, 51 de cobre, 52 de plomo, 55 de fierro, 192 de oro y 194 de plata: yacimientos simples o polimetálicos concentrados en la Mixteca, los Valles Centrales y la Sierra Sur. De 570 municipios oaxaqueños, 201 poseen yacimientos mineros estratégicos.

 

Como en África o Colombia, las grandes empresas mineras transnacionales, sobre todo las canadienses, promueven la ingeniería de conflictos en las comunidades, y los desplazamientos y el exterminio en zonas prioritarias para la explotación, hay que repasar la geografía de los asesinatos de lideres comunitarios cometidos en los últimos sexenios en Oaxaca.

 

La virulencia de las empresas mineras en las zonas de su interés que están pobladas es un hecho documentado y cada vez más habitual en Oaxaca: pobladores envenenados en la cuenca alta del río Largo por la extracción de oro en Calpulalpan (Sierra Norte); asedio contra la población y emigración de Loxichas para extraer titanio en la Sierra Sur; diez años de provocaciones constantes en las inmediaciones de Textitlán y Zaniza, en la Sierra Sur por un descomunal yacimiento de hierro; las recientes provocaciones que padecen los habitantes de San José del Progreso, Magdalena Ocotlán, Maguey Largo y el Cuajilote por frenar las minas de oro que se pretenden abrir en Valles Centrales.

 

Es prioritario indagar los motivos de los asesinatos comunitarios ocurridos en Oaxaca. Revisar la larga lista de asesinatos políticos fríamente planeados en torno del municipio autónomo de San Juan Copala. Ocurre que en el municipio de Juxtlahuaca se localizan once yacimientos de metales importantes. Tres de antimonio, dos de cobre, dos de fierro, uno de oro, uno de plata, y dos polimetálicos: uno de oro, plata y antimonio, en el extremo norte del municipio; otro de cinco metales (oro, plata, antimonio, plomo y zinc) a menos de cuatro kilómetros de San Juan Copala.

 

Si el último yacimiento polimetálico ya se concesionó a alguna empresa privada que todavía nos es desconocida (lo que es casi seguro por la última reforma a la ley minera), es probable que los empresarios de esta potencial mina a cielo abierto (ubicada en los 17°:09’ N y 97°:59’ O) procurarán que el ancestral Chumaa (en los 17°:11’ N y 97°:57’ O) del municipio autónomo de San Juan Copala sea devorado por su correspondiente cráter.

 

Andrés Barreda

 

http://municipioautonomodesanjuancopala.wordpress.com/2010/10/09/avaricia-minera-trasfondo-en-san-juan-copala-oaxaca/


MULT asesina y hiere a varios desplazados del Municipio Autónomo de San Juan Copala


Municipio Autónomo de San Juan Copala | 17 Octubre, 2010 at 12:04 PM | Etiquetas: Movimiento de Unificación y Lucha Triqui, MULT | Categorías: Boletín de prensa | URL: http://wp.me/pVvzG-oU

 

Domingo 17 de octubre del año 2010.


A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN HONESTOS

A LOS ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS

A LOS PUEBLOS INDIGENAS DE MEXICO

A LA OTRA CAMPAÑA

AL EJERCITO ZAPATISTA DE LIBERACION NACIONAL

A OAXACA, MEXICO Y EL MUNDO

 

 

Compañeras, compañeros:


La comunidad Triqi de San Juan Copala hoy desplazada de su pueblo por el mal gobierno y sus sicarios se dirigen a las mujeres y hombres que tienen bueno su corazón para denunciar que la maldad y la ambición del poderoso no tiene limites, y no conformes con despojarnos de nuestro pueblo, los habitantes de Copala aun fuera de nuestra tierra seguimos siendo masacrados por paramilitares al servicio de este maldito sistema capitalista, quienes todavía tienen la desfachatez de llamarse gente de izquierda.

Ayer por la tarde fueron brutalmente asesinados en una emboscada en el paraje tres cruces cuando se dirigían a Yosoyuxi Copala los compañeros Teresa Ramírez Sánchez y Serafín Uvaldo resultando herido de gravedad el compañero Jordán Ramírez Gonzáles. Los últimos informes que tenemos es que Jordán no pudo ser atendido en el Hospital de Juxtlahuaca por que criminales de estos grupos se encontraban a las afueras y no conformes con eso anduvieron patrullando con hombres armados buscando a nuestro compañero para rematarlo mientras la policía hace como que no ve o como que no está, esto se explica porque Jordán es de los compañeros mas comprometidos con la autonomía y por que fue de los últimos en salir de Copala el día 19 de septiembre. Primero quiso estar seguro que ya no quedaba nadie de los compañeros para salir, solo entonces decidió salir él.


Es esa la respuesta del gobierno mexicano a las medidas cautelares que dicto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es esa la respuesta del MULT por no aceptar su dialogo amañado y convenenciero. Lo que para nosotros resulta mas doloroso es que hoy todavía haya quienes se atrevan a ver este genocidio como una lucha interétnica cuando en realidad se trata de terminar con una forma de gobierno diferente al de este sistema criminal. Se trata de un genocidio para sepultar nuestra historia porque le tienen miedo. Se trata de una masacre que grupos PRIISTAS realizan contra nuestro pueblo por no alinearnos sumisamente como lo hizo la dirigencia del MULT con los dos últimos gobiernos de Oaxaca. Para los que no saben la UBISORT nació en el año 1994 y en 2006 prácticamente desapareció pues solo quedaron de ella unos cuantos pistoleros que siempre han trabajado directamente con los gobiernos( toño pajaro, Rufino Juárez...). Nosotros no nos someteremos jamás para permitir el robo de nuestros recursos naturales, nosotros no nos alinearemos jamás para sus campañas a favor del PRI con su partido CARICATURA regalo de José Murat.


Los niños, mujeres , ancianos, todos los autónomos como nos llaman en nuestra región preguntamos: ¿Así se va a un dialogo?. Respondemos a quienes en días pasados de manera por demás cobarde nos invitan a deponer las armas y sentarnos al dialogo: No creen señores que si tuviéramos armas nosotros, por el mínimo sentido de sobre vivencia, los muertos fueran de los dos lados?. Ya basta, infórmense bien y si de veras son adherentes a la otra campaña hagan honor a su militancia.


Llamamos a todos los compañeros de la otra campaña que en verdad lo son y a los que sin ser de la otra son compañeros en verdad a visitar nuestro campamento donde poco a poco van llegando los compañeros desplazados, en el zócalo de Oaxaca, y donde compañeros médicos de esos que este país tanto necesita, o sea de esos médicos que caminan abajo y al izquierda, curan a nuestros heridos ahí se podrán informar por su misma voz quien los hirió y quien masacro a nuestro pueblo.


¡Respeto a la vida y a la dignidad de los desplazados!


¡Basta de silencio cómplice!


¡No más violencia!


R E S P E T U O S A M E N T E

MUNICIPIO AUTONOMO DE SAN JUAN COPALA

 



“Autonomía en Copala, ¿para qué?”: Gabino Cué


FUENTE: REVISTA CONTRALINEA


Gabino Cué Monteagudo, gobernador electo de Oaxaca, considera que en la región triqui de San Juan Copala volverá la paz bajo su mandato, pero advierte que “no será bajo la figura de Municipio Autónomo ni mediante actos de provocación que generen zozobra y muerte”.


Asegura: “Vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para que la paz regrese a la región triqui, y tenemos que hacerlo con mucho cuidado y prudencia, no con actos de provocación ni tratando de buscar un Municipio Autónomo que no prevé la ley.”


—¿Por qué no está de acuerdo con el Municipio Autónomo?


—Porque yo creo que vivimos en un régimen constitucional y los municipios se rigen bajo normas constitucionales. En Oaxaca tenemos los municipios basados en usos y costumbres, y se les respetan sus formas de organización, pero no pueden estar al margen de este órgano constitucional ni del pacto federal. En Oaxaca, el municipio es la célula de organización más importante y así debe de seguir. Autonomía, ¿para qué?


En entrevista, lamenta lo que sucede en varias regiones del estado, particularmente en la región triqui de San Juan Copala, donde el conflicto “no es de ahora, sino de tiempo atrás”. La razón, dice, ha sido la pobreza, la marginación, la ausencia de la autoridad y del gobierno.


Argumenta que, debido a esa gran marginación, se sabe de la existencia de dos grupos u organizaciones que históricamente han tenido diferencias que “han generado zozobra y muerte”.


“Recientemente, otra organización, la Unión para el Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort), tomó presencia en la zona. Yo soy de la convicción de que, entre hermanos, no se deben estar matando y que todos debemos hacer un esfuerzo para que vuelva la paz a la región triqui.”


Respecto de su gobierno, que inicia el 1 de diciembre próximo, dice que “se hará lo que esté en nuestras manos para que la paz regrese a la zona triqui. Tenemos que hacerlo con mucho cuidado y prudencia, no con actos de provocación ni tratando de buscar un Municipio Autónomo que no lo prevé la ley y que surgió con el zapatismo”.


Según Gabino Cué, todos los actores tienen que actuar con mucha responsabilidad: el gobernante, desde la responsabilidad que el pueblo le dio, generando las condiciones para que haya paz y armonía y que la ley se aplique. Y los demás líderes, organizaciones, actores que estén cercanos, generando las condiciones para que haya paz y no polarización.


Aunque asegura que “nadie puede minimizar” el conflicto en la zona triqui, intenta desmentir los actos paramilitares y de contrainsurgencia.


“Nadie puede minimizarlo; es un conflicto grave que hay que resolver, pero también se dicen muchas cosas que no existen respecto a los enfrentamientos. Hay muchos rumores de que se están masacrando”.


Agrega que “el tema de los triquis no es de ahora, tiene más de 25 años. ¿Por qué ahora se habla de eso?, porque hay actores que no estaban. Hay toda una red. Eso no significa que en el pasado no se muriera la gente. Sí se moría y muy grave, y había toda una escala de venganzas en una zona violenta; había presencia oficial. Hoy empieza a ser diferente: que actuemos con mucha inteligencia y que no tratemos de ver un tema que ha generado la muerte.


“Vivimos en un régimen de instituciones y las leyes son normas de buena convivencia y nadie puede estar por encima de la ley. San Juan Copala tiene solución, depende de la voluntad de todos. No me he reunido con los distintos grupos, aunque tengo gente que ha mantenido contacto con ellos y hemos tendido puentes de comunicación con el MULT (Movimiento de Unificación y Lucha Triqui) y el MULTI (Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente); con la Ubisort, no. Yo creo que sí hay condiciones para resolver el conflicto.” (José Réyez)

 

 



  •       Heridos y sólo con lo que traían puesto, decidieron abandonar sus casas

 

Si no se van los vamos a colgar, ultimátum a 50 familias de Copala

 

  •       Narran los asesinatos y el asedio que resistieron durante 10 meses

 

Matilde Pérez U.

Enviada

Periódico La Jornada
Lunes 4 de octubre de 2010, p. 15

 

Yosoyuxi, Oax., 3 de octubre. Si no se van los vamos a colgar en el atrio de la iglesia y echaremos gasolina a sus casas, fue el ultimátum lanzado a través del equipo de sonido del palacio de gobierno del municipio autónomo de San Juan Copala a las últimas 50 familias que habían resistido 10 meses de asedio.

Sólo con la ropa que llevaban puesta, y con la decisión de que si alguien caía acribillado el resto seguiría hasta llegar a una comunidad hermana, niños, ancianos y algunos adultos abandonaron sus casas en grupos, al día siguiente de las fiestas del bicentenario y durante dos días más. Su único impulso fue el anhelo de continuar con el municipio autónomo y de justicia.

Pocos identificaron las diversas voces masculinas amenazantes, pero todos coinciden: era la gente del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT), encabezado por Heriberto Pazos, y de Amado Ortiz Domínguez, originario de la comunidad de Rastrojo, también líder de esa organización.

Cada familia había soportado los cortes de agua potable, electricidad, la escasez de alimentos y que sus perros y pocas aves de corral sirvieran de tiro al blanco, pero tras los asesinatos de Beatriz Alberta Cariño Trujillo, directora del Colectivo Cactus, y del activista finlandés Jery Jaakkola –el pasado 27 de abril– durante el ataque a la caravana humanitaria que se dirigía al municipio autónomo, y el 20 de mayo, en Yosoyuxi, los homicidios del líder del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (MULTI), Timoteo Alejandro Ramírez, y su esposa, Cleriberta Castro, las balaceras fueron dirigidas contra las casas de quienes se negaban a abandonar su lugar de origen.

Fueron rodeando las casas; no podíamos hacer nada, ni asomarnos a las ventanas ni entreabrir las puertas; ya ni las mujeres ni los niños podían salir. Por el aparato de sonido decían que estaban bien armados. Nos exigían que nos rindiéramos y entregáramos las armas; eran muchos hombres encapuchados, bien entrenados, que rodearon Copala, dice Jordán González Ramírez, de 32 años, padre de seis menores y quien durante una década fue guardaespaldasde Antonio Cruz García, Pájaro, integrante de la Unión de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort).

Afirma estar amenazado de muerte por negarse a seguir trabajando para Cruz García. Sé que no me van a dejar tranquilo; no puedo ir a ningún lado, ni a la ciudad de México ni a Estados Unidos; en cualquier lugar me van a agarrar, pero sólo pido que ya termine esta matazón y que veamos por el bien del pueblo triqui.

El pasado 7 de agosto empezaron a ser más frecuentes los disparos. “Era una lluvia de balas que lanzaban los del MULT y la Ubisort; duró cuatro días. Pararon, y el 8 de septiembre empezaron a disparar, cada vez más cerca de las casas; el día 13 tomaron la presidencia municipal de San Juan Copala y empezaron las amenazas: nos dijeron que todos debíamos salir. Resistimos, pero utilizaron armas de más alto poder, porque las casas retumbaban; hirieron a mi muchacho, Pablo, de 16 años, en el pie derecho; mi esposa y yo decidimos salir”, narra Miguel Ángel Velasco Álvarez, de 52 años, cuyo hijo Moctezuma fue asesinado en 2006.

La familia acordó abandonar el pueblo en dos grupos separados: por un lado, el padre, con dos niñas y la madre, y por otro, Pablo, con su tío.Caminamos 18 horas, me dolía el pie, pero la esperanza de ver otra vez a mis padres y hermanas me hizo resistir, apunta Pablo, sentado en una de las casas de Agua Fría, en cuya fachada siguen los hoyos que han dejado las balas. A su lado está Felipa de Jesús Suárez, su madre, quien recibió un rozón de bala en la oreja izquierda. Sus dos hijas, de 11 y 12 años, están en el plantón que tienen en la ciudad de Oaxaca los triquis de San Juan Copala.

Angelina Ramírez Ortega, de 71 años, tiene el brazo y la mano derecha negros por la sangre acumulada, lo sostiene con la otra mano; levanta hasta la rodilla su desgastado huipil para mostrar las raspaduras y moretones en ambas piernas. Salió sin compañía; a su madre, María Francisca Ramírez Ortega, mujer centenaria, el grupo armado le había permitido abandonar el pueblo días antes, con la luz del sol.

Selena, de 17 años, quedó paralítica

Ella, en cambio, tuvo que huir entre la lluvia y el frío de la noche; cayó a un barranco y perdió el conocimiento. Con los primeros rayos del sol –platica en triqui– abrió los ojos. Estaban frente a ella 15 hombres armados que la amenazaron; suplicó por su vida y aseguró que nada tenía que ver con las disputas, que vivía allí de la venta en su pequeña tienda. Sus nietas, Selena, de 17 años, y Adela Ramírez, de 15, fueron heridas el 30 de julio, cuando integrantes de la Ubisort, acompañados por elementos de la policía estatal, ingresaron de manera violenta a las inmediaciones de San Juan Copala para rescatar el cuerpo de Anastacio Juárez Hernández, líder de Ubisort. Selena quedó paralítica.

Asienta que está contenta por estar viva, y más tranquila porque vivir en Yosoyuxi es como haber salido de la prisión, pues allá ya no podía caminar en las calles ni platicar con nadie. Cuenta que durante más de una semana comió una tortilla enmohecida y bebió agua de lluvia.

A Juana González Guzmán, de 80 años, sus familiares la cargaron durante algunas horas por la noche para evitar que, con la salida del sol, el grupo armado los ubicara en su huida por la serranía. Nos resbalamos y caímos varias veces, dicen sus familiares. Frente a ella, Gabino Hernández, de 48 años, habla de las amenazas, de las balaceras, de cómo balearon a sus perros, pero no alude a su pie derecho, que está hinchado, casi negro. A su lado está Benito Fernández Pérez, de 53 años, quien sostiene a Altagracia, su hija de cuatro; su madre, Francisca de Jesús, fue herida el 7 de septiembre y sigue hospitalizada en la ciudad de Oaxaca.

María Soledad González, de 85 años o más –no sabe con certeza su edad–, abandonó Copala junto con Nicolasa Martínez López, de 45 años; Adolfo González Martínez, de 30; Enrique González Martínez, de 23; su esposa, Anselma Merino, de 21, y un bebé de dos meses. María Soledad tuvo que avanzar de rodillas en el monte, teníamos miedo; tardamos un día y una noche para llegar aquí, comenta Enrique.

Son los testimonios de algunas de las 82 personas que lograron llegar a Yosoyuxi; otras, se ignora aún quiénes y cuántas, están en Agua Fría, Tierra Blanca, Paraje Pérez, o en otras comunidades donde no sean rechazadas por ser del municipio autónomo de San Juan Copala. Las familias que salieron en abril o antes de que se agudizara el conflicto están en las ciudades de Oaxaca y México, otras en los estados fronterizos del norte, esperando reunirse con sus amigos o familiares en Estados Unidos.

 



República mexicana a 30 de septiembre de 2010.

 

 

 

C. Felipe Calderón Hinojosa

Presidente de la República

 

C. Ulises Ruiz Ortíz

Gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca.

 

A la Opinión Pública Nacional

 

A la Opinión Pública Internacional

 

Los abajo firmantes académicos, investigadores, estudiantes y profesionistas en general de distintas instituciones educativas y de organizaciones de la sociedad civil de México, todos miembros de la Red Latinoamericana de Antropología Jurídica sección mexicana, externamos nuestra preocupación por los acontecimientos recientes y reiterados que han ocurrido en San Juan Copala, que han violentado los más elementales derechos fundamentales del pueblo triqui y de sus hombres, mujeres, niños y niñas en esa zona de Oaxaca, configurándose, de continuar las mismas condiciones, en un etnocidio tolerado.

 

Consideramos que la manera en que el gobierno del estado de Oaxaca ha intervenido en el conflicto de San Juan Copala favoreciendo a alguno o algunos de los grupos, ha contribuido a la polarización y con ello en los hechos, abdica de su responsabilidad jurídica de garantizar la gobernabilidad para todos y todas en la zona.

 

Alertamos sobre el desarrollo de los acontecimientos, ya que según indica la información recabada, se está consumando un desplazamiento forzoso e intencional de los habitantes de San Juan Copala  y con ello, estableciendo un mecanismo y precedente inaceptable para dirimir las diferencias políticas del pueblo triqui, fundamentalmente el uso de las armas como medio de coacción.

 

Más alarmante resulta que estos desplazamientos forzados se producen por acto u omisión de la autoridad, lo que redunda en flagrantes violaciones a los derechos humanos de los desplazados mismos, en la circunstancia de que el Sistema Constitucional Mexicano no reconoce este estatuto de vulnerabilidad jurídica de la población afectada, violando así los Principios Rectores para los Desplazamientos Internos de Naciones Unidas.

 

De igual forma, hacemos notar que las agresiones al municipio autónomo cuestionan la viabilidad de la autonomía indígena reconocida en la Declaración sobre Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU (2007) y en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como Pacto Federal, artículo 2o constitucional.

 

Por lo anterior, exigimos a las autoridades que gobiernan a nivel federal y estatal que intervengan de manera pronta y expedita para:

 

1.- Evitar más muertes y violación a los derechos humanos colectivos e individuales de la población en general en la zona de conflicto, estableciendo medidas de seguridad que salvaguarden los derechos humanos.

 

2.- Establecer las condiciones para el diálogo entre las partes en conflicto abandonando la dinámica de favorecer a unos sobre otros.

 

3.- Impulsar canales de diálogo entre los actores directamente confrontados, con apego a los estándares internacionales en este tipo de casos, respetando el formato de diálogo y los mecanismos que ellas de manera abierta y franca se den o establezcan para ese fin, recurriendo para ello, si las partes lo aceptan, a mediadores nacionales e internacionales.

 

Conminamos a las partes en conflicto a establecer los mecanismos apropiados para su encuentro e inicio del diálogo, sin condicionar el deslinde de responsabilidades jurídicas que eventualmente cada quien debe asumir.

 

Por la Red Latinoamericana de Antropología Jurídica, Sección México

Agustin Ávila, Colegio de San Luis; Abigail Zúñiga Balderas. Posgrado Virtual en Políticas y Gestión Cultural UAM-I-OEI; Akuavi Adonon Viveros. UAM Cuajimalpa; Alejandra Navarro Smith, Centro de Investigaciones Culturales-Museo Universidad Autónoma de Baja California;Ana Hilda Ramírez, Independiente; Antonio Machuca Ramírez, Dirección de Estudios en Antropología Social INAH; Artemia Fabre Zarandona, Diálogo y Movimiento A.C. (DIMO);Consuelo Sánchez, ENAH; Elisa Cruz Rueda, Universidad Autónoma de Chiapas; Esteban Krotz, Universidad Autónoma de Yucatán; Florencia Mercado Vivanco, Posgrado en Ciencias Antropológicas UAM-Iztapalapa; Gisela González Guerra, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Sede México (FLACSO); Héctor Díaz-Polanco, CIESAS; Héctor Ortíz Elizondo, Independiente; Irene Ortiz Díaz, ENAH; José Rubén Orantes, PROIMSSE (UNAM); Juan Carlos Martínez, CIESAS-Oaxaca; Larisa Ortiz Quintero, Asamblea de Migrantes Indígenas; Laura Valladares, UAM-I; Leif Korsbaek. Profesor de tiempo completo ENAH: Magdalena Gómez Rivera, Universidad Pedagógica Nacional; Manuel Buenrostro Alba, Universidad de Quintana Roo; María Teresa Sierra Camacho, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS- DF); María Teresa Valdivia Dounce, Instituto de Investigaciones Antropológicas, UNAM; María de los Ángeles Arcos García; Morna McLeod, Investigadora Huésped CIESAS; Natalia De Marinis, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS- DF); Orlando Aragón, Universidad Autónoma de Michoacán;Parastoo Anita Mesri, Universidad del Mar-Huatulco; Pedro Lewin, Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH); Rachel Sieder, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS- DF); Ramón Martínez Coria, Foro para el Desarrollo Sustentable A.C; Rosalva Aida Hernández,  Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS- DF); Salvador Aquino, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS Oaxaca-Istmo); Sandra Chávez Castillo, Investigadora Independiente; Valentina Glockner. UAM-I; Victoria Chenaut, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS- Golfo); Yuri Escalante Betancourt.

 

Responsable
Dra. Elisa Cruz Rueda 
Abogada y Antropologa 
(UNAM-UAM-I)
 
Licenciatura en Gestión y Autodesarrollo Indígena

Campus III UNACh (por el estacionamiento)

Boulevard Lic. Javier López Moreno s/n

Barrio de Fátima, C.P. 29264

San Cristóbal de las Casas, Chiapas

01 967 6787466



Para comprender y defender la autonomía de San Juan Copala


Magdalena Gómez


El asedio al municipio autónomo de San Juan Copala, Oaxaca, está rodeado de confusiones auténticas y hasta entendibles, en muchos casos, y en otros, abiertamente interesadas y de mala fe.

Una de las reiteradas inquietudes que se plantean es que resulta incomprensible para miradas externas que en el seno del pueblo triqui existan divergencias políticas profundas entre grupos que reivindican su posición de izquierda y que como tales son reconocidos por su participación en proyectos con ese carácter. Ello no debería neutralizar ni contener la urgente necesidad de lograr la protección a la población triqui de San Juan Copala.

La lucha del pueblo indígena triqui está ampliamente documentada, en especial por el estudio reciente que publicó Francisco López Bárcenas. De ella se destaca la brutal persecución que han sufrido por parte del Estado en represalia por su adhesión a movimientos de izquierda radicales en tiempos de la hegemonía autoritaria del priísmo. En su momento fueron marcados por el decreto del Congreso local, en 1948, en torno a la desaparición oficial del municipio en San Juan Copala, centro ceremonial que se conjuga con el corazón del gobierno indígena y su dimensión cultural más profunda.

La formación de cacicazgos en la región en torno al control de recursos en la zona y el auspicio del Estado no han sido ajenos al clima de confrontación interna que prevalece. En ese contexto se formó la Unión de Bienestar Social para la Región Triqui (Ubisort), en 1994, de abierta filiación priísta, cuyo accionar en los hechos recientes la ubica como grupo paramilitar. Puede señalarse que algunos de los rasgos anotados son comunes al conjunto de los pueblos. Sin embargo, la particularidad de los triquis fue su posición rebelde y contraria al sistema. Uno de los parteaguas que marcaron la división histórica de un movimiento como el de Unificación y Lucha Triqui (MULT) fue la creación, en 2003, de un partido político local –el Partido de Unidad Popular (PUP)– que aportó en su momento a Ulises Ruiz los votos necesarios para desplazar a quien también era candidato y hoy es gobernador electo: Gabino Cué. Para valorar el significado de esta decisión habría que recordar que los llamados usos y costumbres como sistema de elección se aplicaban en Oaxaca décadas atrás de su reconocimiento, siempre y cuando formalizaran la contienda electoral por conducto del partido oficial. Es decir, la autodeterminación comunitaria se ejercía, pero el PRI la capitalizaba. Este hecho y la secuela del mismo en torno a la obtención de recursos públicos, cuyo reparto daba al PUP posibilidades de control en la región triqui, generó una división del MULT histórico y dio lugar al Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (MULTI), que en 2007 decidió la creación del municipio autónomo en San Juan Copala.

Ya hemos observado las dificultades para los pueblos indígenas cuando se trata de construir autonomías, aun contando con derechos que formalmente se les reconocen. En el caso triqui la cuestión es más compleja, porque se plantea en oposición a otras tendencias del propio pueblo. Y más aún cuando el Estado favorece a quienes internamente en el mismo pueblo se oponen al proyecto. Lamentablemente no estamos ante una simple lucha ideológica que podría asumirse en un espíritu democrático. La confrontación ha sido alimentada con graves hechos de violencia que han marcado al conjunto del tejido social del pueblo triqui. Las familias de ese pueblo están dispersas en comunidades que a su vez están bajo el control de las diferentes fuerzas. Sólo la historia reciente da cuenta de diversos crímenes, e incluso desapariciones que no se han investigado. Esa cadena de impunidad tendría que romperse si se busca restablecer las más elementales reglas de convivencia política y democrática.

El asedio al municipio autónomo ha sido constante, pero a finales de 2009 le fue declarada abiertamente la guerra por los grupos opositores. El gobierno ulisista no tenía que dar la cara. Los últimos días el sitio a Copala por la Ubisort anunciaba una masacre y por fortuna la población logró desplazarse a comunidades aledañas. El MULT, por su parte, envía comunicados cuestionando al MULTI y reivindicando su pasado histórico.

 

Mientras todas estas violaciones a derechos humanos suceden, el Estado se lava las manos, el gobierno federal utiliza el argumento del conflicto interno, tratando de reducirlo a eso, sin asumir responsabilidades, olvidando que en esa región el gobierno estatal ha incurrido en acciones y omisiones propiciatorias de la impunidad. Urge colocar la atención en el derecho del pueblo triqui a la autorreivindicación, sin que por ello sean atropellados. Qué bien que los desplazados están vivos, pero no se pueden olvidar los muertos; unos y otros esperan justicia y el Estado debe garantizarla.

 



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LIBRO. San Juan Copala, Dominación polít
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La destrucción de Copala


Hermann Bellinghausen


El municipio autónomo indígena de San Juan Copala, establecido hace tres años en el corazón histórico de la región triqui, sin derechos municipales hace más de 60 años, fue finalmente destruido a sangre y fuego por paramilitares, también triquis, que operaron con impunidad hasta el último minuto. La complicidad de los gobiernos estatal y federal ha sido absoluta. Y determinante desde hace 10 meses, cuando la comunidad fue sitiada por grupos armados que asesinaron e hirieron a muchas personas pacíficas. El desenlace se precipitó el 13 de septiembre, cuando los paramilitares tomaron Copala y dispararon contra la población, hasta que el día 23 los sobrevivientes huyeron, algunos en patrullas funerarias (lo único que acertó a mandar el gobierno, para levantar cadáveres).

Pudo ser peor. Los agresores anunciaban una masacre. De cualquier forma, es grande la cifra de asesinados en el desmantelamiento de la única autonomía indígena que se intenta hoy en Oaxaca, a 14 años de los Acuerdos de San Andrés. Más son los heridos, y los desplazados, familias enteras.

Las diarias y angustiosas denuncias no impidieron el desenlace, aunque el problema sigue. Cabe el consuelo de suponer que se impidió la masacre. Eloperativo contra el municipio autónomo fundado en 2007 corrió a cargo de la Unión de Bienestar Social para la Región Triqui (Ubisort), grupo priísta que como tal ya no existe en el área, pero que dirigido desde Juxtlahuaca y Oaxaca por Rufino Juárez y el propio gobierno estatal, se esmeró en la aniquilación. El gobernador Ulises Ruiz había dicho que no permitiría ninguna autonomía en el estado. La salió barato, ni siquiera tuvo que enviar a sus policías. Ahora niega que haya muertos (La Jornada, 26/09/10).

Ubisort posee una milicia mejor armada que la policía, y con adiestramiento militar. Es responsable de la emboscada en la que fallecieron la activista Beatriz Cariño y el internacionalista finlandés Jiri Jaakkola, meses atrás. También de muchas otras muertes, violaciones, heridos y exilados. Como se sabe, tanto los asesinos como sus jefes permanecen impunes y son, para fines prácticos, figuras institucionales.

De manera reiterada se denunció además la participación en la escalada paramilitar de miembros armados del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT), del cual el municipio autónomo de Copala significa una escisión, como MULT Independiente. Desde las filas del MULT han salido versiones de que nadie suyo participó en la violencia, y se ha responsabilizado de los hechos al MULTI por insistir en una autonomía minoritaria. O sea, como de costumbre, los muertos indígenas son los culpables de estar muertos.

Sin embargo, Timoteo Alejandro (fundador del MULTI) y su mujer Cleriberta, así como Antonio Ramírez López, líder moral de los autónomos, cayeron en condiciones y locaciones que apuntan, no a Ubisort, sino al muy vertical MULT, que habría castigadosu traición. Los asesinos de Ramírez López están plenamente identificados, en Yerbasanta, localidad de mayoría MULT, donde ocurrió la emboscada que le costó la vida.

Esta organización proviene de la ejemplar resistencia de los mejores espíritus triquis en los años 80 del siglo pasado, y que a lo largo de los años siguientes sufrió la pérdida de sus principales líderes, pensadores y maestros, como Paulino Martínez Delia, sacrificados por los caciques priístas. En la presente década, el MULT devino organización oficialista y electoral, liderada por su asesor jurídico Heriberto Pazos, y convertida en Partido Unidad Popular, con presencia en el congreso de Oaxaca y vínculos con Ulises Ruiz, quien en más de una ocasión ha expresado (según fuentes dignas de crédito), que el MULT es la única organización con la que se puede negociar. Mal que bien, en algo le debió su apretado triunfoelectoral en 2004, cuando el PRI se impuso fraudulentamente.

Tampoco son desdeñables losagradecimientos por escrito de Ubisort al MULT en diversas ocasiones, por ejemplo cuando impidió llegar a Copala a una caravana de Atenco en 2009. El MULT se reivindica como parte de la APPO, el Congreso Nacional Indígena y, a pesar de su actividad electoral, de la otra campaña; espacios todos en lo que también se inserta el MULTI.

El conflicto triqui es añejo y complejo. Y sospechosa es la persecución a muerte contra la autonomía de Copala, en el centro tradicional de este pueblo históricamente difamado y negado. Por cierto, se han documentado importantes prospecciones de trasnacionales mineras en la región. Es hora de que el MULT, tan expedito para las acusaciones y descalificaciones, confronte su actuación en la violencia contra los autónomos. Ciertamente, existen contradicciones en su seno, mas no puede eludir sus responsabilidades de cara a la indispensable y urgente reconciliación de todos los triquis (incluida su inmensa diáspora) para defender juntos su viabilidad como el admirable pueblo indígena que siempre han sido.

 

 

Jorge Albino y compañeras del MULTI, en connferencia de prensa ayer miercoles en el D. F.
Jorge Albino y compañeras del MULTI, en connferencia de prensa ayer miercoles en el D. F.

Simpatizantes del MULTI logran huir de paramilitares en San Juan Copala

 

Los autores del cerco destruyeron una decena de casas luego de descubrir el hecho

Los miembros del movimiento demandan la presentación de sus compañeros desaparecidos

 

Octavio Vélez Ascencio

Corresponsal

Periódico La Jornada
Jueves 23 de septiembre de 2010, p. 18

Oaxaca, Oax., 22 de septiembre. Los últimos 50 simpatizantes del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (MULTI) que quedaban en el municipio autónomo de San Juan Copala rompieron el cerco de los paramilitares de la Unión de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort) y del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT) y escaparon de la comunidad.

Ya no quedó gente nuestra en Copala, pero el municipio autónomo no desaparecerá porque lo tenemos en nuestros corazones y en nuestras mentes, afirmó Reina Martínez Flores, vocera de las mujeres en huelga de hambre frente al antiguo palacio de gobierno, durante un mitin efectuado al término de una movilización respaldada por seguidores de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca.

La portavoz dijo que sus compañeros, entre hombres y mujeres, pudieron salir de San Juan Copala la madrugada de este miércoles por veredas y atajos para no ser descubiertos por los paramilitares. Desde el domingo empezaron a salir, el lunes y el martes otros, y hoy los últimos que quedaban. Ya están fuera de peligro, señaló.

Explicó que los 50 simpatizantes del MULTI se refugiaron en pueblos vecinos y probablemente se sumen al campamento de desplazados instalado frente al antiguo Palacio de Gobierno.

Están apareciendo poquito a poquito: como se quedaron sin casa están en pueblos vecinos. A lo mejor se trasladan al plantón, asentó.

Sin embargo, observó que cinco de sus compañeros, entre ellas las señoras Angelina Ramírez Ortega y María Juana Agustina, de 64 y 65 años de edad, así como las jóvenes Susana López y Sofía Martínez, entre otros, continúan desaparecidas. Por ello, dijo, el plantón se mantendrá para lograr la presentación con vida de sus compañeras.

Martínez Flores dijo que los paramilitares de la Ubisort y del MULT, después de la salida de los simpatizantes del MULTI, derribaron y quemaron una docena de casas en San Juan Copala.

Hicieron una calamidad en el pueblo; destruyeron todo lo que hicimos en nuestra vida, pero lo material no es importante, lo importante es lo que levamos adentro, asentó.

En tanto, en la ciudad de México, miembros del municipio autónomo de San Juan Copala, exhortaron a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a crear un grupo de ciudadanos que acudan a la región para evitar acciones violentas.

Jorge Albino Ortiz, de la Comisión de Derechos Humanos de San Juan Copala, demandó a la CNDH intervenir para evitar más muertes o agresiones.

 

Demandan a los gobiernos federal y oaxaqueño que cese la violencia

 

Niños y mujeres triquis inician ayuno contra asedio paramilitar

 

Octavio Vélez y Agustín G. Samario

Corresponsales

Periódico La Jornada
Martes 21 de septiembre de 2010, p. 20

 

Oaxaca, Oax., 20 de septiembre. Diez mujeres y nueve niños triquis identificados con el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui-Independiente (MULTI), quienes se mantienen en plantón en el zócalo de esta capital desde julio pasado, se declararon este lunes en huelga de hambre, para exigir a los gobiernos federal y estatal que cese la violencia ejercida por paramilitares de la Unión de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort), y del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT) en el municipio autónomo de San Juan Copala.

Reina Martínez Flores dijo, en nombre de sus compañeras, que el ayuno representa un último intento para llamar la atención de las administraciones gubernamentales sobre las constantes agresiones y asesinatos de sus compañeros. Expuso que los triquis de San Juan Copala están acostumbrados a no comer, por la marginación y pobreza que padecen, y sobre todo ahora, por el asedio de los paramilitares.

“Los niños que están aquí no es la primera vez que no comen; desde que llegaron [al plantón] comen mejor, porque allá en Copala no había manera de hacerlo, no podíamos salir, si lográbamos salir era escondidas, antes de que estos asesinos se atrevieran a atacarnos por las veredas”, añadió.

Martínez Flores exigió a los gobiernos federal y estatal rescatar a las familias aún establecidas en Copala, que, dijeron, están en peligro de muerte.

En apoyo a las ayunantes, la representación del MULTI no acudió a la mesa de diálogo con el MULT convocada por el obispo emérito de Tehuantepec, Arturo Lona Reyes, y por el coordinador de la Comisión Diocesana de Justicia y Paz de la arquidiócesis de Antequera-Oaxaca, Romualdo Wilfrido Francisco Mayrén Peláez, para solucionar el conflicto por la vía pacífica.

En un comunicado, los religiosos reconocieron la disposición del MULT “en la palabra y en la presencia”, por acudir al frustrado encuentro “con su opinión y sus propuestas, para buscar el cese de la violencia y sentar las bases para encontrar la paz”.

Pidieron a los gobiernos federal y estatal atender las consideraciones del MULTI para sentarse a la mesa en cuanto se cumplan, entre ellas el cese de la violencia y las agresiones; que se garantice la vida e integridad de los pobladores de San Juan Copala; la presentación con vida de los desaparecidos, y permitir a organismos de derechos humanos y de la sociedad civil entrar a su comunidad, para verificar las condiciones que se viven ahí.

Lona y Mayrén Peláez pidieron a las mujeres y niños triquis del MULTI, “en nombre de Dios y de su pueblo”, suspender el ayuno y, a cambio, se comprometieron a redoblar sus esfuerzos y trabajos para que se cumplan sus requerimientos para sentarse a la mesa de distensión.

Mientras, Javier Rueda Velásquez, secretario de Seguridad Pública de Oaxaca, afirmó que David García Ramírez, simpatizante del MULTI, no fue asesinado en Copala por presuntos paramilitares de la Ubisort y del MULT, como sostuvo Jorge Albino Ortiz, comisionado de Derechos Humanos de la autoridad municipal autónoma. Sin embargo, la procuradora estatal, María de la Luz Candelaria Chiñas, confirmó el asesinato el sábado anterior

“Mentira. Nunca hubo cadáver. Apareció vivo y luego desapareció, seguramente lo escondieron”, afirmó el funcionario. “A mí me habló el padre Uvi (Wilfrido Mayrén), me dijo dónde estaba el cuerpo. La policía (estatal preventiva) fue y no encontró nada”, añadió Rueda Velásquez.

También negó que en Copala haya paramilitares: “El problema es entre ellos (MULT, MULTI y Ubisort); no se ponen de acuerdo. Si dicen que vaya la policía vamos, y si dicen que el Ejército, está bien. Pero que se pongan de acuerdo”.

Exigen a Ulises Ruiz frenar el “genocidio”

 

Matilde Pérez U.

 

Periódico La Jornada
Martes 21 de septiembre de 2010, p. 20

 

Integrantes de organizaciones pro derechos humanos y ambientales, investigadores y académicos exigieron al gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, que detenga el “genocidio” contra las familias triquis del municipio autónomo de San Juan Copala.

Ayer, al conocer que integrantes del Movimiento Unificador de la Lucha Triqui (MULT) empezaron a quemar las casas de los triquis del municipio autónomo, enviaron una carta urgente por correo electrónico en la que demandan se respete la vida, dignidad y libertad de los indígenas.

Jorge Albino, integrante del municipio, confirmó que cerca del mediodía de ayer, luego de que policías estatales rescataron el cuerpo de Paulino Ramírez Reyes, de 28 años, asesinado el pasado sábado, militantes armados del MULT quemaron 100 casas y las pocas familias que aún estaban en la zona huyeron del lugar.

Hay desaparecidos, “por ahora sabemos de Susana López Martínez, de 21 años; José Gonzalo Cruz, de 100, y resultó herido Pablo Velasco Dorantes, de 16”, dijo. Responsabilizó al gobierno de Oaxaca y a Evencio Martínez, del MULT, de las agresiones. Agradeció el llamado al diálogo que hizo el obispo Arturo Lona Reyes, pero “no podemos acudir cuando se sigue asesinando y agrediendo a nuestros compañeros”.

En la misiva, los firmantes manifiestan su preocupación por las agresiones de gente armada, “perteneciente a grupos apoyados económicamente por su gobierno”, contra los indígenas y locutoras de radios comunitarias, defensores de derechos humanos, periodistas, líderes sociales, entre otros. En esas acciones fueron asesinadas dos locutoras triquis, Teresa Bautista y Felicitas Martínez; Beatriz Cariño Trujillo, directora del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos; Jyri Jaakkola, observador finlandés; el dirigente indígena Timoteo Alejandro y su esposa, Cleriberta Castro, y unos 20 indígenas simpatizantes del municipio.

 

¡Boletín Urgente!

 

A los pueblos indígenas

Al movimiento de mujeres

A los medios de comunicación

 

A las organizaciones sociales, a los movimientos de resistencia y emancipación que están en rebeldía y a las mujeres y hombres que buscan la justicia para nuestros pueblos indígenas, para el pueblo triqui, a ese México en desobediencia…

 

A todas y todos ustedes que escuchan nuestra voz, que han comprendido que no puede seguir estos crímenes contra nosotras, madres, hijas, esposas, hermanas; quienes denunciamos constantemente las agresiones de las que somos victimas, como mujeres, como pueblos, como triquis y como autónomas.

 

El día de hoy 7 de septiembre como a las 12:45 nuevamente nuestras hermanas, Natalia Cruz Bautista de 42 años y Francisca de Jesús Gracia de  45 años (quienes se encontraron en la ciudad de Oaxaca con los padres del Finlandés Jyri Jaakkola asesinado el 27 de Abril junto con Alberta “Bety” Cariño) fueron interceptadas en una de las veredas de lado norte que conduce al Municipio Autónomo de San Juan Copala, después de regresar de la capital con víveres para sus familias. Identificando a los agresores quienes son: Antonio Cruz Gracia, Ramiro Domínguez Gracia, Julio Cesar Martínez Mórales, Mauro Vázquez.

 

Cuando estaban en camino a Copala fueron interceptadas, Francisca de Jesús logro darse a la fuga, sin embargo fue herida en su huida, mientras que la compañera Natalia Cruz Bautista fue golpeada, amenazada, cortándole su cabello, dejándola desnuda y violada por los sujetos de la extinta UBISORT que hoy es cobijada por otras comunidades y organizaciones de la región de las cuales hemos denunciado anteriormente, lo que se suma nuevamente a las acciones de violencia y a la política de paramilitarismo que mantiene el gobierno de Ulises Ruiz Ortiz, así como a las redes de control y narcotráfico de Jorge Franco.

 

Estamos seguras que esta agresión se comete en el marco de la campaña Nacional, internacional en la que exigimos justicia para Bety Cariño, en donde como municipio autónomo nos manifestamos, estamos convencidas que estos actos de agresiones son con el fin de acordar pactos de impunidad con el gobierno federal, así como un acto de presión contra el gobierno entrante.

 

Basta Ya de Agresiones contra nosotras!

Cárcel a los responsables de este crimen!

Justicia para el Municipio Autónomo!

Alto a las agresiones contra las Mujeres Triquis

Justicia para Natalia Cruz Bautista y Francisca de Jesús Gracia

Justicia para Bety Cariño y Jyri Jaakkola

Justicia para Teresa Bautista Felicitas Martínez!

Justicia para Virginia y Daniela

Justicia para Timoteo Alejandro Cleriberta castro.

Justicia para Antonio Ramírez López y Antonio cruz García

Justicia para Rigoberto Ramírez González y Pedro santos castro

Justicia para celestino Hernández y Héctor Antonio Ramírez

Justicia para el menor de edad, (9 años) Elías Fernández

Boletín de Prensa

 

Asunto:

Justicia Verdadera para Bety y Jyri.

27/08/10

 

 

Este 27 de Agosto se cumplen ya cuatro meses de el terrible asesinato de nuestra compañera Bety Cariño y del compañero de Finlandia Jyri Jaakkola cuando acompañaban una Caravana por la Paz que llevaba víveres a las mujeres y niños de San Juan Copala.

 

Es de todos conocido como sucedieron los hechos, también que los asesinos y represores del Pueblo de San Juan Copala están plenamente identificados.

 

Vemos que hay mucha lentitud en el caso y que además se han venido cometiendo mas asesinatos en contra de compañeros y compañeras de San Juan Copala.

 

Por eso es que nos sumamos a la Campaña Internacional por la Justicia para Bety y Jyri.  Exigiendo Justicia Verdadera para nuestros compañeros.

 

No se nos olvida, Nunca olvidaremos !!

Justicia Verdadera para Bety y Jyri !!

Justicia para los caidos Triquis !!

Alto a la Violencia en la región Triqui !!

 

 

Porque a Bety no la enterramos, la sembramos !!

 

Tehuacan Pue. a 27 de agosto de 2010

Colectivo Obreras Insumisas

To Tlaktole Calaki Mo Yolo A.C.

 

COMUNICADO DE PRENSA

EXIGIMOS JUSTICIA PARA BETY Y JYRI

EXIGIMOS JUSTICIA PARA COPALA

UCIZONI

 

27 DE AGOSTO DEL 2010

 

Al cumplirse el día de hoy cuatro meses del brutal asesinato de nuestra compañera Alberta Cariño Trujillo y del activista finlandes Jyri Jaakkola, cuando participaban en una misión humanitaria en la zona de San Juan Copala, Oaxaca, la UNION DE COMUNIDADES INDIGENAS DE LA ZONA NORTE DEL ISTMO-UCIZONI manifiesta una vez más su exigencia a la Procuraduría General de la República (PGR) para que la averiguación previa iniciada e integrada con motivo de estos crimenes sea consignada al juez competente, para que sean liberadas las ordenes de aprehensión en contra de los asesinos. UCIZONI ratifica su demanda de castigo para los autores materiales e intelectuales de este crimen.

 

UCIZONI no olvida que hace poco más de dos años fueron asesinadas las comunicadoras triquis FELICITAS MARTINEZ y TERESA BAUTISTA, dicho caso también fue atraído por la PGR y hasta ahora ninguno de los autores materiales e intelectuales ha sido detenido y la averiguación previa ni siquiera se ha terminado de integrar.

 

UCIZONI considera que la lentitud y falta de eficacia con la que ha venido actuando la PGR esta propiciando nuevos crimenes en la región triqui,como el reciente asesinato de Rigoberto González, Antonio Cruz García y Antonio Ramírez López vecinos de la comunidad de Santa Cruz Tilapa muertos en una emboscada. En este nuevo caso de violencia el cual por supuesto condenamos, se ha hecho señalamiento directo en contra de los asesinos que integran las bandas paramilitares responsables de las muertes de Jyry, Bety, Felicitas y Teresa. La impunidad sólo ha traído más muerte y violencia para los triquis.

 

UCIZONI condena la actuación del gobierno estatal, el cual ha brindado protección de manera abierta a los responsables de estos crímenes. Por omisión o por comisión los funcionarios estatales deberán ser investigados por su responsabilidad en la espiral de violencia que ha enlutado a los comunidades de San Juan Copala y que en los últimnos 8 meses le ha costado la vida a 27 personas. 

Por lo anterior UCIZONI ha acordado el sumarse a la CAMPAÑA MUNDIAL DE JUSTICIA PARA BETY y JYRI que el día de hoy esta arrancando y por ello realizar el 7 de Septiembre una acción de protesta ante la PGR y hace un llamado a las organizaciones indígenas y de derechos humanos para que se suman a esta iniciativa.

¡¡ JUSTICIA PARA BETY Y JYRI!!!
¡¡ JUSTICIA PARA LA COMUNIDAD DE COPALA!!
¡¡ BASTA DE IMPUNIDAD A LAS BANDAS PARAMILITARES!!

Atentamente
DELFINO JUAREZ TOLEDO.-PRESIDENTE
CARLOS BEAS TORRES-COORDINADOR

 

Genocidio en la región triqui


Adelfo Regino Montes


Con profunda indignación y preocupación, una vez más hemos vuelto a recibir la noticia de la muerte de nuestros hermanos triquis que en vida respondieron a los nombres de Rigoberto González, Antonio Cruz García y Antonio Ramírez López, así como las lesiones sufridas por Víctor de Jesús González y Alfredo Martínez González, pertenecientes a las comunidades de Santa Cruz Tilapa y Agua Fría, del municipio autónomo de San Juan Copala. Todo ello como consecuencia de una emboscada, armada y perpetrada presuntamente por miembros de la Ubisort y sus aliados, en el paraje denominado Hierba Santa, con la finalidad de impedir la salida de la caravana de mujeres triquis para denunciar ante la opinión pública la situación de violencia y agresión que sufren sistemáticamente por parte de los grupos paramilitares.


La larga cadena de violencia y muerte que se ha desatado en el último año en la región triqui tiene un calificativo concreto en el derecho nacional e internacional, por mucho que nos duela reconocerlo y aunque las autoridades, estatales y federales, traten seguramente de minimizar y caracterizarlo como un problema interno y cultural: se trata de un lamentable acto de genocidio perpetrado por personas que tienen el respaldo de los gobiernos estatal y federal, ya sea por acción u omisión, con la intención de destruir la integridad material y espiritual del pueblo triqui.


De los cinco supuestos establecidos por los artículos segundo de la Convención para la prevención y la sanción del delito de genocidio de la Organización de las Naciones Unidas, y sexto del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, en el caso triqui, por lo menos –lamentablemente– se cumplen tres de ellos.

Matanza de miembros del grupo.Respecto de este supuesto normativo, tan sólo en lo que va del presente año, es del conocimiento de la opinión pública los homicidios perpetrados en contra de Beatriz Cariño Trujillo y Jyri Antero Jaakkola el 27 de abril; Timoteo Alejandro Ramírez y su esposa Cliriberta Castro, el 21 de mayo; Anastacio Juárez, el 31 de julio, y las recientes muertes de Rigoberto González, Antonio Cruz García y Antonio Ramírez López, entre otros. Salvo los dos primeros, todas las personas antes referidas pertenecen al pueblo triqui, que para los efectos de la convención de referencia son miembros del grupo señalado. Actualmente, pese a las exigencias y reclamos de la sociedad, estos delitos permanecen en la impunidad, incluso en la absoluta indiferencia de quienes están obligados a procurar y administrar la justicia.


Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo.Aunado a lo anterior, hay una larga lista de lesionados, misma que incluye a niños, mujeres, ancianos, tanto en el ámbito de su integridad física, como en el campo de su salud mental, en virtud del acoso y la violencia al que se han visto sometidos, particularmente por aquellas personas vinculadas a la Ubisort y sus aliados, que mantienen sitiado el municipio autónomo de San Juan Copala. Recientemente, y a manera de ejemplo, es importante mencionar que a raíz de la entrada de la Ubisort y de la policía estatal al municipio autónomo de referencia, resultaron heridas dos jóvenes, Adela y Selena Ramírez López, de 14 y 17 años respectivamente, y que, por los impactos de bala recibidos, la primera de ellas tiene pocas esperanzas de volver a caminar.


Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial. El cerco y el acoso impuestos al municipio autónomo de San Juan Copala han privado a sus habitantes del ejercicio de sus derechos humanos fundamentales. En primer lugar, no existen las mínimas garantías de seguridad, lo que no permite a las personas hacer su vida en condiciones de normalidad, en particular impidiendo que salgan a trabajar para obtener el sustento diario; asimismo, el derecho a la alimentación ha sido violentado en la medida en que se ha imposibilitado la entrada a la comunidad de los víveres básicos. Lo poco que han tenido para sobrevivir ha sido gracias a la audacia de las mujeres quienes de noche arriesgan sus vidas para conseguir algún alimento en las localidades vecinas. De igual modo, los servicios de salud y educación están cancelados en virtud de que las personas que prestan dichos servicios se retiraron por no existir las condiciones mínimas de seguridad y se les ha impedido regresar por el cerco establecido, dejando en el desamparo a los habitantes del municipio autónomo, en especial a los sectores más vulnerables, como son las mujeres, los niños y los ancianos. Todos estos factores constituyen un sometimiento intencional del grupo perteneciente al municipio autónomo con el objeto de acarrear su destrucción física.


Además de lo previsto por la legislación internacional, en el Código Penal Federal, en su artículo 149 bis, aparece previsto este delito de lesa humanidad, por lo que la Procuraduría General de la República no debe ni puede permanecer indiferente ante los lamentables hechos en San Juan Copala, sino que está obligada, por mandato de ley, a tomar en el ámbito de su competencia las investigaciones correspondientes que permitan el esclarecimiento de los hechos y la consignación de los responsables de esta tragedia ante las instancias de justicia a efecto de que sean sancionados debidamente. No actuar la haría cómplice de los sucesos que hemos venido describiendo.


Lamentablemente, en el ánimo de las instancias encargadas de procurar y administrar justicia no parece existir la voluntad necesaria para hacer justicia en la región triqui. Y quizás por eso habría que ir pensando en aplicar el principio de la complementariedad que establece el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y que se aplica cuando un país no juzga o no puede juzgar los hechos de competencia del tribunal, tal como está sucediendo en el caso que nos ocupa.


Más allá de las formalidades antes descritas, y mientras la indiferencia permea diversas capas sociales, el pueblo triqui tiene que pagar un precio muy alto por el simple hecho de haberse organizado para constituir un municipio libre y autónomo, y que como he expresado en otra parte, por razones profundas constituye parte fundamental de la recuperación de su memoria histórica y es además un legítimo derecho consagrado en la legislación nacional e internacional. Pero en este vejado país, ni la memoria histórica, ni la razón, ni el derecho, son motivo suficiente para garantizar el respeto, la paz, y la integridad física y espiritual de las personas y los pueblos, que han sido y son simple y sencillamente los ideales de la Independencia y la Revolución que el gobierno nos convoca a celebrar y conmemorar.

 

 

Condena Alto Comisionado la violencia en Oaxaca


Emir Olivares

 

Periódico La Jornada
Jueves 26 de agosto de 2010, p. 14

 

La oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos condenó los recientes hechos de violencia en la región triqui y manifestó su preocupación “por la crítica situación que enfrentan las comunidades indígenas, en especial mujeres, niños y ancianos, en la región mixteca de Oaxaca.


El organismo internacional señaló que con base en los estándares internacionales el Estado mexicano tiene obligación de prevenir cualquier violación a los derechos humanos y proteger la integridad de las personas.


Lo anterior se deriva de que el sábado hombres armados emboscaran un vehículo en el que viajaban indígenas vinculados al municipio autónomo de San Juan Copala, Oaxaca. En el ataque murieron Antonio Cruz García, Rigoberto González y Antonio Ramírez López, a los que se suma el homicidio de Anastacio Juárez Hernández, acaecido el 29 de junio.


La oficina destacó: Se tiene información de que en la comunidad de San Juan Copala las personas siguen teniendo restricciones a sus derechos de educación, salud y alimentación.

 

Mujeres triquis de Copala anuncia caravana al DF

 

Lunes 09 de Agosto de 2010 17:28. Escrito por Infominuto . Mujeres triquis de San Juan Copala, Oaxaca, realizarán una caravana en demanda de justicia y libertad, pues aseguran que desde noviembre de 2009 su comunidad está sitiada y vive bajo el maltrato y la violencia de dos grupos que se disputan el poder.

 

En conferencia de prensa en las instalaciones del Centro de Derechos Humanos “Agustín Pro”, las coordinadoras del municipio autónomo de San Juan Copala, Hilda Sánchez Gutiérrez y Josefina Albino Ortiz, detallaron que la caravana saldrá el 23 de agosto de Huajuapan de León, Oaxaca, con destino a la ciudad de México.

 

El objetivo de llegar a la capital del país es acudir a diferentes instancias como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de Gobernación (Segob).

 

“Es una forma de hacer presión al gobierno federal, que nos apoye; al gobierno estatal ya no le pedimos que nos haga justicia, sino que ya nos vamos directo con el gobierno federal para que nos responda, que ellos mismos se encarguen de desmantelar a esos grupos paramilitares”, expuso Hilda Sánchez.

 

Explicó que es muy importante que las autoridades federales intervengan, a fin de que se permita el libre tránsito en los caminos que van hacia San Juan Copala, porque 10 personas armadas están controlado el acceso a esa población.

 

La indígena triqui recordó que esta será la tercera caravana de apoyo al municipio autónomo; en la primera ocasión intentaron llevar comida y apoyo pobladores, pero los agredieron, un defensor de los derechos humanos de origen finlandés murió y un periodista resultó herido.

 

La segunda caravana desistió continuar, por el riesgo para la vida de sus integrantes, quienes dejaron los alimentos y otros apoyos en Huajuapan de León, abundó.

 

Esos víveres se localizan a tres horas de San Juan Copala y mediante operación hormiga han llevado ya casi 90 por ciento de los alimentos a su comunidad, pero con mucha cautela ante la posibilidad de ser interceptados por miembros de esos grupos armados.

 

 

En el municipio autónomo de San Juan Copala viven sólo 300 pobladores del grupo indígena triqui, de más de cuatro mil que eran hace menos de 10 años, manifestaron.

 

Debido a la migración, especialmente de hombres que buscan mejores oportunidades y calidad de vida, casi 90 por ciento de los pobladores son mujeres y niños.

 

Las indígenas denunciaron que desde hace muchos años han sufrido vejaciones y violencia por las peleas de poder entre caciques, situación por la que se creó el Movimiento Unificado de Liberación Triqui (MULT).

 

En 2006 surgió el Movimiento Unificador Triqui Independiente (MUTI) y para contrarrestarlo se formó el grupo Unidad y Bienestar Social de la Unidad Triqui (Ubisort); desde el 28 de noviembre de 2009 esas facciones controlan los servicios de agua y electricidad de la comunidad y sus accesos por las carreteras federales y estatales.

 

Desde entonces la gente de la zona no puede transitar libremente, las mujeres se exponen a ser violadas y asesinadas, mientras que los hombres son humillados y asesinados; los servicios médicos fueron obligados a abandonar el lugar.

 

Hilda Sánchez Gutiérrez, quien junto a otras mujeres se han mantenido por varios meses en un plantón en el Zócalo de esta capital, informó que platicaron con la alta comisionada adjunta para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Kyung-wha Kang.

 

Tras exponerle los casos de violencia e injusticia, la diplomática de la ONU se comprometió a apoyar a las mujeres triquis sobre todo en el ámbito jurídico para que prosperen sus demandas.

 

Sánchez Gutiérrez enfatizó que están dispuestos al diálogo, pero es necesario “que nos sentemos las comunidades triquis con líderes nombrados en asambleas comunitarias, con la participación de mujeres y sin intervención ni presencia de líderes o políticos”.

 

Notimex

Continúan los ataques en San Juan Copala

 

A los pueblos indígenas de Oaxaca y a todo el pueblo de México:

 

El sábado 26, a las 20 horas, fue atacado nuevamente el municipio autónomo de San Juan Copala por el grupo paramilitar Unión de Bienestar Social para la Región Triqui (Ubisort), del PRI, dejando heridas a dos mujeres y a una niña.

 

A la salida de una reunión para analizar el camino que tenemos que seguir, fue herida de dos impactos de bala en el hombro izquierdo Marcelina de Jesús López; Celestina Cruz Ramírez, de 26 años, fue herida en el mismo lado por tres impactos de bala y una menor de 8 años de nombre Miriam Martínez Flores dtambién resultó herida de bala en el pie izquierdo.

 

Estas nuevas víctimas son producto del odio sembrado en contra del pueblo triqui, quieren a toda costa que renunciemos a nuestro sueño de un pueblo libre, que decida sus caminos y el futuro para nuestros hijos, que son nuestra esperanza, el anhelo de que vivan una vida distinta, en paz, digna y justa.

 

A dos meses del asesinato de nuestros hermanos Bety, Jyri, Timoteo y Cleriberta les decimos a los criminales del PRI que seguimos resistiendo, que no olvidamos el dolor y la sangre que derramaron nuestr@s hermanos y hermanas para que esta tierra cambie. Le decimos a toda la clase política que su hambre de poder y su deseo de control sobre la vida de nuestros pueblos y de nuestros recursos naturales –la cual está a la espera de que sus amos les dé órdenes y como perros hambrientos se lancen sobre nosotros nuevamente– se enfrentará con la unidad de los pueblos, que al unir nuestras luchas y construir juntos un movimiento social fuerte lograremos respeto, justicia y reconocimiento como pueblos indígenas. Derrocaremos las tiranías y construiremos el México de todas y todos los de abajo, a la izquierda y del lado del Corazón.

 

Casimiro Martínez Aguilar,

Municipio Autónomo de San Juan Copala

 

 

Copala: el Estado debe romper su cerco

Magdalena Gómez

Está por cumplirse un mes de la brutal agresión a la caravana civil que se dirigía a San Juan Copala, Oaxaca, cuyos muy lamentables saldos han sido ampliamente difundidos dentro y fuera del país, tanto desde espacios sociales como en los de las Naciones Unidas. Incluso la presidenta de Finlandia, Tarja Halonen, se sumó al reclamo de justicia.

 

La inocultable situación de ingobernabilidad e impunidad que se vive en esa región de Oaxaca poco parece importar al Estado. Desde el ulisismo pretenden convencer de que el conflicto les es ajeno y sólo es del pueblo triqui dividido. Esta tesis se ha convertido en visión oficial. Juan Manuel Gómez Robledo, subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, afirmó: El gobierno de México considera que el pronunciamiento que hicieron esta mañana en Ginebra cuatro relatores de los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas no es necesariamente la forma más apropiada de abordar el tema, toda vez que formulan pronunciamientos que pretenden identificar responsables de los acontecimientos en San Juan Copala, cuando éstos están apenas en su curso de investigación por la Procuraduría General de la República que, como saben, ha atraído el caso. Quiero destacar que, hasta la fecha, no se ha identificado la participación de agentes de Estado, ni federales, ni estatales en los hechos a los que me he referido. Las versiones que han circulado hasta ahora atribuyen la responsabilidad de los hechos a los grupos en conflicto, lo que deberá, por supuesto, ser precisado por las investigaciones. Y sentenció: Se espera, en el futuro, una actitud constructiva por parte de los relatores y mecanismos de los derechos humanos con los que México coopera(conferencia de prensa, 14/5/2010).

 Quién lo dijera, los diplomáticos de carrera hablando igual que el ulisismo. ¿No le informaron al señor embajador que está en juego un proceso autonómico a partir de una declaración que México aprobó en 2007 y que éste es asediado por paramilitares?

Los grupos paramilitares como forma de incentivar y acrecentar los llamados conflictos intracomunitarios están en el centro de la espiral de violencia.Exculpar al Estado de manera ligera, como hizo el funcionario de la Secretaría de Relaciones Exteriores, elude el cumplimiento de la obligación de todo Estado de garantizar el estado de derecho.

La revista Contralínea anunció querompió el cerco cuando, de manera valerosa y con apoyo de triquis, lograron entrar y salir por el monte. Nos mostraron un retrato apremiante desde el municipio autónomo en voz de sus habitantes. Lamentablemente, esa arriesgada incursión no rompió el virtual estado de sitio en que se encuentra Copala, pues al salir de allí la situación no cambió. Ya dio cuenta de ello la Comisión para la Defensa de Derechos Humanos en Oaxaca, que en su boletín del 16 de mayo pasado señala que, a solicitud de Jorge Albino y en coordinación con seguridad pública, debían proteger el ingreso a Copala de 38 personas, la mayoría mujeres y niños, a plena luz del día y acompañados por 300 elementos de la policía estatal. Y agregó: Cabe señalar que el líder de la Ubisort, Rufino Juárez Hernández, acompañó a la caravana la mayor parte del trayecto. Finalmente, al considerar que no existían las condiciones para ingresar a Copala, dejaron al grupo en Yosoyuxi. El acompañante estaba en un aprieto, pues si entraban en paz a Copala gracias a su protección implicaba una especie de autodenuncia.

Como sabemos, la situación se agravó con el asesinato a mansalva en Yosoyuxi, el pasado jueves 20 de mayo, de Timoteo Alejandro Ramírez y su esposa Cleriberta Castro. Él fue uno de los fundadores del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT) y era considerado el líder natural del MULT Independiente.

¿Cuántos crímenes más deben ocurrir para que el Estado retire a los paramilitares y los someta a la justicia? ¿Cuánto sufrimiento para las mujeres, los hombres, las niñas y niños que aún resisten en Copala? ¿Qué dicen al respecto en el Congreso de la Unión? No es tiempo de puntos de acuerdo o de ya van a ir a Oaxaca unas comisiones a hablar con Ulises –sin pasar por Copala–. ¿Qué más esperan los líderes triquis, sin Ubisort, para deslindarse de paramilitares y construir puentes entre ellos para detener la cadena de violencia y centrar sus baterías en la exigencia al Estado para que cumpla sus responsabilidades?

Con incriminaciones públicas de unos contra otros sólo se profundizará la crisis. Que se investigue y pruebe quién eliminó a uno de los más destacados promotores del municipio autónomo y quién ordenó su ejecución. Tampoco debemos eludir la pregunta: ¿a quién favorece electoralmente este clima? Mientras Copala ocupa ciertos espacios de prensa, las campañas electorales caminan como si nada estuviese pasando. A mi juicio, las exigencias deben centrarse en la responsabilidad del Estado, a todo nivel, por sus acciones y por sus omisiones.

 

Los de Abajo


Apoyo a Copala en París


Gloria Muñoz Ramírez


La situación en San Juan Copala no puede ser más grave. Dos nuevos asesinatos dentro del municipio autónomo oaxaqueño se suman a las recientes agresiones sin que hasta ahora nadie consiga detener la ola de violencia en contra del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (MULTI). De muchas partes llega la indignación y la rabia, mientras los representantes de Copala confirman que la caravana humanitaria nacional e internacional, prevista para el próximo 8 de junio, no se suspende ni se posterga.

En París, Francia, anuncian para el 8 de junio un acto de solidaridad con la caravana, en una jornada de acciones que tiene la finalidad de acompañar a las personas que integren la brigada que se propone romper el cerco paramilitar en Oaxaca, asumiendo los riesgos que esto implica y anteponiendo el derecho a la solidaridad con un pueblo en resistencia. Se espera la participación de más de 400 personas en la nueva salida y la realización de actividades simultáneas en diversas partes del mundo.

En menos de un mes los grupos paramilitares han asesinado a cuatro personas y secuestrado a cinco mujeres y seis niños, aunque estos después hayan sido liberados; además de que se confirma que en estos momentos 70 familias sobreviven en condiciones infrahumanas, con francotiradores a su alrededor, sin alimento, agua y luz.

El terror impera en la región mixteca. ¿Qué más tiene que pasar para poner fin a la ola de violencia solapada desde arriba? Los asesinatos del luchador y líder moral de la comunidad, fundador del municipio autónomo, Timoteo Alejandro Ramírez, y de su esposa Cleriberta, al igual que el de Beatriz Cariño y Jyri Jaakkola, lejos de resolverse parecen ser sólo el inicio de una nueva escalada.

David Venegas, de la organización VOCAL, explicó en un video enviado a Roma, Italia, unos días antes de los dos asesinatos más recientes, que se vive una crisis humanitaria en una comunidad que ocupa toda su energía en la supervivencia cuando, en condiciones normales y sin cerco de por medio, la estaría usando en la construcción de su proceso autonómico. Es justo la osadía de rebelarse y organizarse la que los tiene desde hace seis meses literalmente bajo las balas.

El gobierno de Ulises Ruiz consiguió algo no esperado ni deseado por él: que San Juan Copala ahora pertenezca a todos y que los ojos del mundo de la resistencia estén puestos en esta comunidad serrana.

losylasdeabajo@yahoo.com.mx -http://www.desinformemonos.org

 

Foto

Sugiere la CCIODH denunciar abusos ante instancias mundiales
Ángeles Cruz Martínez
 
Periódico La Jornada

Domingo 23 de mayo de 2010, p. 11

La escalada de violencia en San Juan Copala puede aumentar en el periodo electoral, a pesar de lo cual el Estado mantiene su postura de que en el país no hay paramilitares y que los problemas en lugares como la región triqui de Oaxaca se deben a conflictos intracomunitarios. Ante ello, la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos (CCIODH) advirtió que dada la desconfianza hacia la justicia mexicana y las instituciones del Estado, el siguiente paso de la sociedad civil es acudir ante organismos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

 

Por lo pronto, desde Barcelona, la CCIODH señaló que de no actuar para garantizar la integridad física de los integrantes de la caravana que llegará a San Juan Copala el 8 de junio, los gobiernos estatal y federal serán los responsables de posibles agresiones y ataques que puedan darse.

 

De hecho, denunció que pese a las declaraciones del presidente Felipe Calderón durante su gira por España, de que se investigaría la agresión a una caravana de observadores de derechos humanos el pasado 27 de abril, de la que resultaron dos personas muertas, la CCIODH advirtió que hasta el día de hoy prevalece una ausencia total de voluntad para castigar esos crímenes con apego a la ley.

 

En el mismo sentido se expresó Jorge Albino, integrante de la Comisión de Derechos Humanos de San Juan Copala, quien aseguró que ninguna autoridad estatal o federal ha acudido al municipio para realizar indagatoria alguna.

Insistió en que la voluntad de los triquis es mantener el proyecto de autonomía de su municipio, y por eso no se permitirá la instalación de casillas durante las elecciones del próximo 4 de julio.

 

A nuestros amigos y Hermanos

A los que compartimos el dolor y la angustia

A la opinión Pública consternada y rabiosa

A los pueblos indígenas de México y del mundo

A quienes su solidaridad nos envuelve con su más hondo pésame.

   

A todos ustedes quienes con su calor, solidaridad, presencia, denuncias, nos dicen y dictan el camino que tenemos y que debemos seguir, a quienes han sufrido en su corazón el dolor de arrebatarles a un ser querido, queremos decirles que no existen palabras para poder expresar la rabia que sentimos, la imponencia, la angustia y la desesperación de no poder estar al lado de quien era la compañera, la madre de dos hijos, la dirigenta, la amiga, la hermana, EL AMOR DE NUESTRA VIDA cuando el odio, la saña y la ira le arrebato la vida, por esta lucha que decidimos caminar durante 14 años , a todos ustedes y a nombre de mis hijos gracias.

   

Nuevamente como en el 2006 el Estado terrorista, asesino y represor de Ulises Ruiz busca demostrar su fuerza, imponer su política y demostrar su odio contra lo que no se le parece, no se subordina, no se doblega y además es incorruptible, porque nace desde abajo y lleno de vida, porque se construye con la fraternidad de quienes hemos decidido caminar hacia la construcción de un mundo diferente, un mundo más humano, donde florezca la tierra y los sueños que sembramos día a día, Bety o mejor dicho Beto como su padre le decía o como verdaderamente se llamaba, Alberta Cariño Trujillo, ¡No ha muerto! Tu palabra crece en darle voz de los que no tenían y en ser hermana de las mujeres de copala, de la mixteca, y del mundo, por tu ser de mujer, tu determinación de hermana y de esta lucha autonómica que es esencia de madre resisten contra los odios, ira y desprecio de los paramilitares de la UBISORT que dirigen Rufino Juárez y Antonio Cruz.

   

Destruirte es hoy más difícil, estás viva y ardiendo en los corazones de hombres y mujeres dign@s, representas la voz de un nuevo camino que se llama esperanza para la paz verdadera del pueblo triqui, para el Municipio Autónomo de San Juan Copala, aquellos que te nieguen y que juzguen tu camino son cómplices de los lacayos, mercenarios de una política de dar y recibir a cambio del dolor del Pueblo Triqui, de negociar dadivas para someter y explotar la condición de pobreza de la gente y quienes se sienten dueños de las vanguardias revolucionarias, así que espero que se guarden sus palabras retóricas y sin sentido. El pararte enfrente cuando la vida está en peligro te hace ser humana, digna y respetable, aunque ellos digan que fue un “error táctico”, “una provocación cuestionable, equivocada”, ¿Acaso cuando la vida de la humanidad está en peligro no es digno asumir los mismos riegos que tú asumiste? DEFENDER LA VIDA CON TU PROPIA VIDA ES EL EJEMPLO DE LA HISTORIA QUE JUNTOS CAMINAMOS…

   

A todas y a todos quienes siguen pugnando por justicia, queremos expresarles nuestro más sincero agradecimiento, es claro para nosotros quién es el responsable, con nombre y rostro y quiénes son sus operadores, nuestros enemigos hoy se llaman Ulises Ruiz Ortiz, Evencio Martínez y los paramilitares de la UBISORT, ¿Dónde está el gobierno que pugna un cambio? ¿Dónde el respeto a la vida? Por esto hago un llamado a la Sección XXII, a las organizaciones sociales y democráticas, que luchan y resisten a que sea determinante su papel, así como a toda la comunidad Oaxaqueña para arrebatares el poder de todas las maneras posibles a la clase política y a este gobierno asesino.

  

¡Brech como siempre te dije! No dejaré de seguir en el compromiso de hacer algo por alguien todos los días de mi vida, como siempre lo discutimos y por lo que te comprometiste con todo lo que tu ser era, ¡No olvidaremos nunca!, que dios nos dé la oportunidad de ayudar a quien lo necesite y de estar al lado de nuestros dos hijos Omar y de Ita que son hoy hijos del movimiento que clama justicia, toda la hermandad que vivimos es inmensa, tus hijos serán seguramente discípulos de tu lucha y del compromiso de indignarse ante las injusticias, de ofrendar la vida por los demás porque es necesario, urgente, seguir adelante y sorprendernos por el dolor, la miseria y las injusticias que día a día se comenten y tomar posición por los más pobres es un obligación humana, a nombre de todos te decimos que te amamos, te amaremos y estarás en nuestro corazón y en nuestra mente, en estos días donde a veces los pies tiemblan y el alma desfallece, tu ejemplo nos levanta para decir ¡¡¡Ya Basta!!!

   

Ya basta de callarnos, de agachar la cabeza y mirar que pasa todo menos el odio, la rabia y el coraje de no poder cambiar el destino falso que nos han obligado a vivir los políticos corruptos, los cuerpos policiacos, militares, parapoliciales y paramilitares, los dueños del dinero, la clase política putrefacta, que solo con el diálogo de las armas se hacen escuchar, el pueblo puede cambiar su destino y construir sus propios caminos de autonomía y de autodeterminación, como siempre lo soñamos y lo compartimos en las redes, con la Otra Campaña, en la Red de Radios del Sureste Mexicano, en la AMAP, en la REMA, en la RMALC, en el movimiento indígena, con las organizaciones nacionales e internacionales, con la gente donde nos paramos y con todos nuestros hermanos y hermanas de lucha que resisten y buscan el mundo por el que tú decidiste ofrendar la vida, en la que te llevaste una parte de nosotros que seguimos aquí conmocionad@s, rabios@s, consternad@s.

   

Porque eres la flor y tu semilla es el fruto del camino digno a seguir, no te olvidaremos, Omar, Ita y yo, te decimos hasta la victoria…

   

¡¡¡Cárcel para Ulises Ruiz, Evencio Martínez, Rufino Juárez, Anastasio Juárez, Antonio Cruz y la Autoridad de La Sabana!!!

 

¡¡¡Muerte al mal gobierno represor y asesino de Ulises!!!

 

¡Rompamos el cerco en el que mantienen a San Juan Copala!

 

¡¡¡Ni con la muerte, ni con metrallas a Bety se le calla!!!

   

¡Tierra, Libertad o Muerte!

 

 

Con todo nuestro más grande Amor.

   

Omarcito, Itandewi y Omar Esparza

 

San Juan Copala: ataque abierto a la solidaridad y las autonomías indígenas

 



En México el estado de las cosas ha llegado a un nivel intolerable. Los recientes hechos ocurridos en Oaxaca, no dejan lugar a dudas de que vivimos, como diría Gustavo Esteva, un estado de excepción no declarado, donde la movilización y los actos de solidaridad con los movimientos sociales son criminalizados y las garantías ciudadanas son vulneradas sin escrúpulos.

Dentro del contexto de la llamada “guerra contra el narcotráfico” ––pretexto perfecto para llevar acabo una guerra no declarada contra los pueblos y sus formas autónomas de subsistencia, gracias a la normalización jurídica de la paradoja de la excepción–– la violencia paramilitar actúa organizada y efectiva, para realizar, mediante la violencia ciega y sin rostro, lo que el poder necesita, pero que por la vía legal no puede. Amparados en la impunidad, se trata de paralizar con el terror toda acción y denuncia, pues las víctimas de antemano están catalogadas como delincuentes y criminales[1]. Por un lado se ataca abiertamente a los procesos sociales de creación de autonomía, con todo lo que esto implica, y por otro se descalifica y criminaliza la solidaridad, y la movilización social.

El 27 de abril pasado la caravana humanitaria que se dirigía al municipio autónomo San Juan Copala, compuesta por representantes de organizaciones de derechos humanos, periodistas y observadores internacionales, fue emboscada y agredida con armas de fuego por un grupo de la Unidad para el Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort), organización paramilitar vinculada al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y al gobierno del Estado de Oaxaca (Ulises Ruiz). Dicha organización paramilitar fue constituida en 1994 ––evidentemente el año no es mera casualidad–– para destruir un proceso que busca la unidad de la nación Triqui desde la organización autónoma de un pueblo indígena que por décadas ha vivido la división y la violencia entre hermanos, provocada por intereses de control político del partido de estado, el PRI. Asimismo este ataque se inscribe en una estrategia dirigida a todos los procesos de construcción de autonomía, que comunidades y organizaciones en México luchan por construir formas de vida alejada del poder estatal y de todos los partidos políticos. El mensaje del ataque es muy claro, dice Marcos Rascón en su columna de La jornada: “no hay que asomarse a la realidad”, y mucho menos intentar transformarla.

Estos actos de agresión constituyen un acontecimiento preocupante, en particular para los pueblos indios, pero a su vez también dan señales de la estrategia gubernamental hacia los activistas y defensores de Derechos Humanos que se solidarizan con los movimientos sociales. “La tendencia es reprimir por todos los medios, que nadie se acerque a la realidad y se acepten las versiones oficiales como únicas. Eso significa que el poder paramilitar está creciendo y que la represión se ajustó a las nuevas formas “de la democracia”[2]. La violencia paramilitar fomentada desde el poder gubernamental actúa dentro de un espacio donde el carácter normativo de la ley y las garantías fundamentales ha sido desactivado, y se produce un estado de excepción permanente, a pesar de que se afirma que se esta aplicando la ley.

Lo cual no es mera retórica, pues la emboscada tuvo como saldo varios heridos y la muerte de la mexicana Beatriz Cariño Trujillo ––activista social con una larga trayectoria de lucha por los derechos humanos y en favor de la libre determinación de los pueblos indios–– y el internacionalista finlandés Jyri Antero Jaakkola, integrante de la Unión Uusi Tunli ry (Nuevo viento), al intentar romper el cerco tendido por la Ubisort sobre el municipio autónomo de San Juan Copala, para poder entregar alimentos, ropa y un mensaje de solidaridad a sus habitantes, que desde hace meses se encuentran incomunicados y sin luz eléctrica por su determinación política de construir la autonomía en los hechos [3]. Es decir que fueron atacados mientras ejercían su derecho a solidarizarse.

Los actos perpetrados por el grupo paramilitar Ubisort, muestran un estado de cosas en el que se da una represión abierta contra procesos y formas autónomas de crear alternativas y formas de acceder a los bienes materiales de subsistencia y garantizar derechos económicos, políticos y culturales. Esta forma especifica de represión, vía el paramilitarismo priísta, muestra claramente las complejas redes de poder que se tejen con razones instrumentales, compartidas por quienes aceptan ser instrumentos de la dominación para mantener el orden de explotación y despojo imperante en México contra los pueblos indios. Asimismo devela la actual y cruenta disputa política y territorial, que se vive concretamente en el territorio Triqui, disputa que tiene sus raíces en una larga historia de colonialismo, explotación y despojo.

Para los triquis de San Juan Copala, estos actos no son nada nuevo, pues han sido y son protagonistas de una larga historia de resistencia en contra del despojo y desarticulación territorial, así como por la defensa de su cultura, formas de gobierno y subsistencia. La lucha del municipio autónomo de San Juan Copala, se enmarca dentro de un proceso más amplio, en el que los pueblos indios y campesinos mexicanos han protagonizado fuertes luchas de resistencia por recuperar y mantener el control de sus territorios y librarse de la sumisión al Estado mexicano, practicando iniciativas de independencia política, autogestión socioeconómica y autogobiernos locales y regionales.

Estas luchas son, como dice Armando Bartra, por Tierra y Libertad en el sentido más radical de los términos, pues es recuperar la tierra de las ciegas veleidades del mercado, otorgándole una función social; un sentido justiciero que no se agote en la tenencia, sino que se extienda a la producción y la distribución; una utilidad pública, no sólo como medio de trabajo, también como hábitat y territorio histórico, como medio ambiente, como paisaje. Se quiere la tierra pero no a cambio de sumisión al Estado y su lógicas autoritarias; “la libertad del apotegma zapatista significa autonomía en la gestión económica y autogobierno; la democracia como complemento insoslayable de la justicia”[4] El reclamo indígena de tierra y libertad [autonomía] trae consecuencias estructurales en la composición y distribución territorial del Estado, ya que la compleja cuestión de la integración de la territorialidad indígena al Estado y la adaptación de éste a la lógica de la territorialidad indígena tendrá que realizarse desde una perspectiva intercultural, y no colonial-estatal, como hasta ahora.

Los pueblos indios reivindican la autonomía como un derecho político público, que “incluye: control político y jurisdiccional de la territorialidad; autonomía de uso y explotación; control social y espiritual del territorio y sus recursos; libertad interna para una distribución de derechos intra-territorial; control económico del territorio; y seguridad jurídica en el territorio”[5].

El territorio indígena constituye un bien colectivo transgeneracional y garantía de existencia futura, es decir una unidad ecológica fundamental donde se desarrolla la vida de los pueblos en sus múltiples expresiones y formas, ya que es fuente de convivencia, saberes, de cultura, identidad, tradiciones y derechos. Es por esto que “el territorio es el locus de los deseos, demandas y reclamos de la gente para reconstruir sus mundos de vida y reconfigurar sus identidades a través de sus formas culturales de valorización de los recursos ambientales y de nuevas estrategias de reapropiación de la naturaleza (…) el territorio es lugar porque allí arraiga una identidad en la que se enlazan lo real, lo imaginario y lo simbólico.[6] La lucha por la tierra, en el sentido de territorio, a final de cuentas es la lucha por un lugar, no únicamente como espacio físico dotador de medios materiales de subsistencia, sino de un lugar para la palabra; un lugar en la historia; de solidaridad, fruto de actos recíprocos de devoción mutua; como atmósfera creada por gente que comparte su morada, un suelo común, sustento de cultura y cosmovisión. Tierra y comunidad que están entrelazadas, con un pasado, un presente y un futuro.

Por lo anterior la lucha por la tierra ––por el territorio–– constituye una reivindicación que llevada a sus últimas consecuencias cuestiona la viabilidad del orden social existente. La finalidad de la lucha no se limita al simple usufructo de la misma, sino que incluye el derecho a su gestión autónoma, incluyendo la defensa sus recursos naturales (flora, fauna, semillas, agua, etc.) elementos inherentes de sus culturas, sustento permanente, garantía de autonomía y autoabasto y una manera de organizar la producción y la vida. Es una lucha por la subsistencia, y por poner límites a la voracidad del mercado ––encarnado en las empresas trasnacionales, gobiernos y caciquismos locales, y los paramilitares a su servicio–– y el reconocimiento de la pertinencia de racionalidades y tecnologías diversas para crear las condiciones materiales y espirituales donde sea posible de una vida digna de ser vida.

Como se ve este conflicto tiene sus bases en una contienda histórica, producto del orden colonial que aún subsiste. La esperanza radica en que a pesar del despojo y la desigualdad [histórica] imperante, el descontento popular es capaz de crear prácticas colectivas, para la reapropiación de su contexto, abriendo espacios para las prácticas y acciones grupales, como canales de empoderamiento. Distintos procesos y organizaciones campesino/indígenas defienden su derecho a la tierra, creando procesos de organización social, para la reapropiación de sus recursos y sus saberes de subsistencia y de construcción de espacios de interacción y decisión política. De este modo, la determinación de construir el municipio autónomo de san Juan Copala, atiende a la necesidad de crear una realidad más digna, ante el agotamiento de las instituciones locales, que se han vuelto incapaces de atender los reclamos sociales, la situación concreta en que viven los triquis de San Juan Copala, los procesos políticos, históricos y recientes de la región, y las políticas antidemocráticas, corruptas, de discriminación y exclusión que se practican desde el gobierno del estado y federal, además junto con ello la persistente y brutal explotación de la mano de obra triqui y un irracional saqueo de los recursos naturales de su territorio.

Como en otras partes de la República, la creación del municipio autónomo de San Juan Copala representa una respuesta pacífica de los pueblos indígenas por encontrar espacios de participación y representación política, atendiendo a sus condiciones económicas, políticas y culturales concretas. Se recuperan viejas instituciones y prácticas comunitarias, adaptándolas a sus propias necesidades. Por eso cada que lo hacen apelan a su derecho a la libre determinación en su versión de autonomía. Por esa razón, el ejercicio de su derecho a la autonomía representa la posibilidad de superar el sometimiento político y económico en que se encuentran, de tal manera que puedan participar de la vida política, económica y social del estado y la nación, en igualdad con otros municipios y sin perder su especificidad sociocultural[7].

Por lo anterior, el municipio autónomo de San Juan Copala, al reapropiarse de su lugar y al construir su autonomía en los hechos pone en práctica en su cotidiano otra forma de hacer política y una juridicidad que cuestiona bases del orden social imperante, utilizando normas, principios e instituciones diferentes a la lógica jurídico-política de la modernidad capitalista.

Este conflicto jurídico-político, se libra entre un derecho que nace del Estado que no representa los intereses y necesidades reales de la gente, al ponerse al servicio de las clases dominantes y los intereses del mercado y el capital, permitiendo el despojo y la explotación; y otro derecho que nace del pueblo ––como pluralismo jurídico y epistemológico–– que surge a partir de sus necesidades y vivencias comunitarias[8] . Se trata de una disputa por el poder de la enunciación jurídica entre el poder estatal y otras situaciones y espacios sociales, que mediante la recuperación de la memoria antigua, el saber histórico de las luchas y la puesta en marcha de procesos sociales que crean conceptos y realidades para la construcción de condiciones de dignidad humana, arrebatan a los partidos políticos y el Estado el monopolio de lo jurídico y lo político, devolviendole al pueblo su capacidad de decisión.

Esto es lo que tanto molesta a los señores del dinero y el poder ––que son los mismos señores de horca y cuchillo––, y se ven en la necesidad de reprimir para conservar sus privilegios, pues la lucha de resistencia del municipio autónomo de San Juan Copala ––al igual que otras luchas campesino-indígenas en México–– constituye un contrapoder capaz de producir realidad, una realidad más digna, pues el acto de creación de Derecho, desde el seno de las comunidades, hace posible un proceso de autoafirmación, autoconciencia y reivindicación de la identidad campesina e indígena vivida en la autonomía y auto-organización. Este ejercicio de pluralismo jurídico, constituye una práctica jurídico-política liberadora porque produce solidaridad y genera un concepto distinto de la política, como servicio y apertura al otro[9].

Por esto los crímenes perpetrados por Ubisort, y quien esta detrás de ellos, no pueden quedar impunes, pues constituyen un ataque no sólo a la experiencia Triqui en San Juan Copala, sino contra todos los pueblos indios y campesinos que construyen su autonomía en los hechos y el legitimo derecho que tenemos a solidarizarnos con ellos.

[1] Marcos Rascón, “Paramilitarismo”, en La Jornada, México, 5 de mayo de 2010
[2] Idem supra
[3] Francisco López Barcenas, “San Juan Copala: Crónica de una represión anunciada”, en La jornada, México, 29 de abril de 2010[4] Armando Bartra, “Una de cal: proyecto de ley para la soberanía alimentaria”, La jornada, México, 15 de abril de 2006.
[5] Asier Martínez de Bringas “La deconstrucción del concepto de propiedad. Una aproximación intercultural a los derechos territoriales indígenas”, Revista de investigaciones jurídicas de la Escuela Libre de Derecho, México, 2007, p. 661,662
[6] Enrique Leff, Racionalidad ambiental. La reapropiación social de la naturaleza, Ed. Siglo XXI, México, 2004, p. 125
[7] Francisco López Barcenas, “El municipio autónomo de San Juan Copala”, en La jornada, México, 10 de enero de 2007[8] Cfr. Jesús Antonio de la Torre Rangel, el derecho que nace del pueblo, Ed. Porrúa. México, 2006.
[9] Cfr. Jesús Antonio de la Torre Rangel, Liberación y Derecho. Pluralismo Jurídico y Resistencia, ponencia presentada en el 7º Coloquio Académico “Ni una vida más para la toga”, Homenaje a Franz Fanon, en la Facultad de Derecho Eugenio María de Hostos, Mayaguez, Puerto Rico, 16 de abril de 2009.

Nos arrancaron la pitaya roja


Carlos Beas Torres


Esa tarde de fines de abril, aciaga y cargada de malos presagios, en el paraje Los Pinos una bala expansiva segó la vida de Alberta Cariño. Bety como era mejor conocida por la mayoría de la gente, formaba parte de una caravana humanitaria que se dirigía a la comunidad triqui de San Juan Copala al oeste del estado de Oaxaca. Copala es un pueblo de cinco mil habitantes que vive sumido en el terror desde que fue sitiado por una banda de pistoleros protegidos por el gobernador de Oaxaca y por políticos priístas. La población desde hace cuatro meses no cuenta con servicios médicos, también les fueron cortadas la electricidad y el agua; los maestros no han podido ingresar para dar clases y los alimentos escasean. Una verdadera tragedia es la que se vive en Copala. 

Bety fue una mujer valiente, decidida y sumamente sensible ante el sufrimiento de los más pobres, y este sufrimiento, el de las mujeres triquis, la llevó a sumarse a la caravana, a pesar de que un día antes de la salida, Rufino Juárez, dirigente de la banda paramilitar Ubisort (Unión para el Bienestar Social de la Región Triqui), había externado serias amenazas en contra del grupo de observadores y activistas que pretendían romper el cerco armado y mediático al que está sometido el pueblo de Copala. 

Estas amenazas no pasaron inadvertidas para Bety. Ella pidió a varias de sus compañeras de Cactus –el grupo del que era fundadora y directora– que no la acompañaran. pues presentía que algo grave iba a suceder. 

Bety, mujer joven de origen mixteco, tenía una fuerte vocación de educadora y una parte muy importante de su actividad estuvo orientada a la creación y funcionamiento de escuelas alternativas de nivel medio superior. Fundó en una comunidad mixteca la preparatoria Ricardo Flores Magón, cuyo nombre nos lleva a conocer los ideales con los que se identificaba Alberta, quien además de ser feminista, se consideraba magonista y zapatista. Por ello fue simpatizante del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y adherente de la Otra Campaña.

Para ella era claro que la realidad de opresión en que vivimos sólo podía ser transformada por mujeres y hombres fuertes y conscientes, unidos por relaciones de respeto y solidaridad. Por ello dedicó numerosos esfuerzos a fortalecer las iniciativas de independencia y de capacitación de las mujeres indígenas, por lo mismo apoyó la realización de numerosos talleres de capacitación e impulsó la creación de pequeñas cooperativas de producción formadas principalmente por mujeres y además promovió que Cactus fuera parte de la red La Colmena Solidaria.

Durante tres años seguidos, Bety fue entusiasta impulsora de la Campaña Nacional Sin Maíz no hay País y organizó en tres ocasiones la Feria del Maíz en el pueblo de Huajuapan de León, Oaxaca, feria que siempre iniciaba con un ritual indígena en un cerro cercano y en la que había exposiciones, conferencias, música y rica comida. Para Alberta, quien también formaba parte de la organización MAIZ, este grano era el alimento tradicional y principal de nuestros pueblos, parte muy querida de su cultura y fuente de la soberanía alimentaria.

En el 2002 cuando el entonces presidente Fox promovía el Plan Puebla Panamá, Bety se sumó de inmediato a la creación de la Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos (AMAP) –red mexicana que lucha en contra de los megaproyectos– y participó en diferentes foros sociales en Centroamérica. Su presencia activa en este proceso la llevó a ser parte del Comité Mesoamericano, representando en él a México. Precisamente unos días antes de su muerte en una reunión de la AMAP, Bety había relatado un sueño, “seremos cien mujeres vestidas de negro las que entraremos a Copala con nuestros canastos cargados con flores”.

Apasionada como era, la vimos tomar los micrófonos de la ocupada Radio Lobo en Minatitlán, Veracruz, donde con llanto y coraje denunció la masacre que había ocurrido un día antes, el 25 de noviembre del 2006, en la ciudad de Oaxaca. Bety también participó activamente en las movilizaciones y en las reuniones de la APPO y formó parte de la Asamblea de los Pueblos de la Mixteca, la cual mantuvo por más de tres meses tomado el palacio municipal de Huajuapan.

Después de la revuelta oaxaqueña del 2006, Alberta dedicó largas horas a crear radios comunitarias en las regiones Triqui y Mixteca e impulsó la construcción de la Red de Radios Comunitarias e Indígenas del Sureste de México. Teresa Bautista y Felícitas Martínez, las locutoras triquis también asesinadas de La Voz que Rompe el Silencio, radio comunitaria de Copala, fueron capacitadas por Bety y tras su muerte ella las lloró a mares, creo que la muerte de Feli y Tere, como ella las llamaba, representó para Alberta la muerte de dos compañeras, pero también la muerte de dos hijas.

Bety no escribía mucho, pero era una excelente oradora, muchos la recuerdan apenas hace unos meses, frente a la embajada de Canadá en la ciudad de México, protestando por el asesinato de Mariano Abarca, un activista chiapaneco que, igual que Alberta, participaba en la Red Mexicana de Afectados por la Minería. En su apasionado discurso Bety, levantó la voz, diciendo “Nos tienen miedo porque no les tenemos miedo” y en efecto el miedo no formaba parte de los sentimientos de Alberta Cariño.

Llena de actividades, de viajes y preocupaciones, de una incansable vitalidad y de una fuerza cariñosa, Alberta se dio tiempo para criar a sus hijos Omar e Itandewi. Tengo una imagen fuertemente grabada de ella, jugando con su hija, en un encuentro realizado en La Parota, Guerrero. Parecían dos niñas divertidas y traviesas. La recordamos también junto a Omar su compañero de toda la vida, en innumerables reuniones, manifestaciones, actos de protesta y también, ¿por qué no?, en convivios y festividades, con su palabra franca y directa y su risa y mirada penetrantes.

Bety, Alberta que no Beatriz, fue una mujer intensa, que sin lugar a dudas dejó una semilla sembrada, semilla que brotó con fuerza, el mismo día que la acompañamos al panteón en su natal Chila de las Floresa. El largo cortejo fúnebre fue detenido por los gritos de Lupita, una muy joven mujer, pequeñita como son las mujeres de la Mixteca, que dijo: “Bety era feminista y nos enseñó que las mujeres valemos y somos fuertes”; acto seguido. las invitó a cargar el ataúd que contenía el cuerposemilla de Bety y por vez primera en mi vida y en la vida de muchos, vimos cómo un apretujado grupo de mujeres llorosas y fuertes, cargaban el cuerpo de su compañera caída.

Alberta Cariño Trujillo sí es de las imprescindibles, de aquellas guerreras que luchan sin cesar, de aquellas que nos recuerdan el poeta alemán y el cantante cubano. Bety que no Beatriz, sembró sueños para cosechar esperanzas y escribió alguna vez: “Ayer pensé en ti dulce, fresca, sabrosa, me imaginé tenerte en mis manos tocar tu textura y saborearte, cuánto te deseo mi rica pitaya, si eres roja; mejor”

Sí, nos arrancaron la pitaya roja y en verdad cómo nos duele. Salud donde quiera que estés hermana Alberta, nuestra Pitaya Roja.

 

El derecho a la solidaridad

 

Hermann Bellinghausen

 

Mayo 3 de 2010

 

Además de revelar a la opinión pública, así sea tantito y fuera de foco, la situación de violencia político-criminal prevaleciente en las tierras triquis de la Mixteca oaxaqueña, y la responsabilidad directa en ello del gobierno estatal, el ataque armado contra la caravana humanitaria que se dirigía a San Juan Copala el 27 de abril marca un hito preocupante, en particular en las tierras indígenas, a escala nacional. Entre el fragor de la guerra” gubernamental contra el “crimen organizado”, los pueblos son ampliamente perseguidos. En pocos días tenemos nuevos presos mazahuas en el estado de México y las tierras mayas de Yucatán, representantes comunales levantados y desaparecidos en La Morena (Guerrero) y Ostula (Michoacán), y otro pueblo arrasado, ahora en Santiago Sochiapan (Veracruz).

  

Lo ocurrido en La Sabana, Oaxaca, ha sido visto como un mensaje. La Red por la Paz Chiapas, al condenar el ataque a la caravana humanitaria, declaró que esta agresión “refrenda el riesgo que corren los defensores de derechos humanos, así como los periodistas en México”. Conformada por una decena de organismos independientes en Chiapas, la Red expresa preocupación ante “la situación de vulnerabilidad” en que trabajan estos defensores “frente a la cada vez más recurrente violencia política, la criminalización de su labor y la indiferencia estatal para la protección de su vida e integridad física”. La citada caravana, compuesta por representantes de organizaciones de derechos humanos, periodistas y observadores internacionales, “fue emboscada y agredida con armas de fuego presuntamente por un grupo de la Unidad para el Bienestar Social de la Región Triqui, vinculada al Partido Revolucionario Institucional y señalada como paramilitar”.

  

La red deplora la pérdida de la activista mexicana Beatriz Cariño, “y de igual modo nos parece de particular gravedad que, frente a la muerte de Jyri Antero Jaakkola, de nacionalidad finlandesa, el gobierno de Oaxaca esté cuestionando la observación internacional, mecanismo de intervención civil de paz que ha resultado clave para detener la violencia en varios lugares y contextos”.

 

El gobierno de Oaxaca, señalan los organismos, “se deslinda de toda responsabilidad en estos hechos de violencia”, si bien “la impunidad en los numerosos asesinatos y hechos de violencia que se han registrado en la zona triqui han contribuido, mínimamente por omisión, a crear la situación de violencia en la región”. Finalmente, manifiestan la sospecha de que “como se suele dar en Chiapas, la respuesta a este ataque se quede en una atención limitada a restablecer un mínimo de orden público, sin afrontar las causas de fondo detrás de la violencia que ha prevalecido en la zona triqui”.

 

En este contexto, las “candorosas” y trogloditas declaraciones del gobernador Ulises Ruiz Ortiz contra “los extranjeros” y reconociendo que en la Triqui mandan sus aliados paramilitares, apuntan no sólo a la impunidad con que contará nuevamente, sino a una deslegitimación verbal, que podría volverse legal, contra los observadores de derechos humanos, tanto mexicanos como de otras naciones.

 

El asunto estaba ya en el aire. En días previos a la emboscada en Oaxaca, personas y organismos independientes que acompañan a las comunidades indígenas de Chiapas –entre ellos el Centro de Investigaciones Económicas y Políticas de Acción Comunitaria (CIEPAC) y el Comité de Soutien aux Peuples du Chiapas en Lutte, de París– emitieron el pronunciamiento La solidaridad es nuestro derecho (11 de abril), suscrito por más de 400 personas de 24 países: “Denunciamos una campaña en México y en América Latina contra el derecho legítimo de cada persona a solidarizarse con los movimientos y procesos sociales que nos parecen pertinentes. Esta campaña busca estigmatizar, deslegitimar y finalmente criminalizar el hecho de ser solidarios con los movimientos sociales”.

 

En respuesta a una serie de presuntas “revelaciones” difundidas en ciertos medios en línea e impresos a finales de marzo, sobre personas y grupos solidarios con los pueblos zapatistas, el pronunciamiento internacional señala allí la “distorsión total de relaciones solidarias de la sociedad civil con los pueblos”, ignorando que el movimiento zapatista, “por su causa justa, por saber escuchar a la sociedad civil, por su ética y por la dignidad de sus pueblos, desde 1994 despertó la simpatía y la solidaridad de cientos de miles de personas en México y el mundo”.

 

La emboscada en Copala y la renovada hostilidad de los gobiernos de Oaxaca, Chiapas y Guerrero a la solidaridad civil, marcan un retroceso para nuestras garantías ciudadanas. La solidaridad ha sido siempre, más que un derecho, un hermoso atributo de los mexicanos, y un espacio digno de entendimiento con la humanidad. Una tradición que nos honra. Una ventana con mucho aire. En tiempos como los actuales, México necesita abiertas las más ventanas posibles, no que se las cierren.

¡Libertad a los presos de Atenco! ¡Castigo a los asesinos en Oaxaca!

 

Guillermo Almeyra

 

La Jornada, Mayo 2 de 2010

 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación acaba de resolver según derecho el caso de las indígenas ñañús de Querétaro injustamente presas con acusaciones y pruebas” fabricadas. Es de esperar que esa sensatez y el apego a la ley se repitan en el caso de los presos políticos de Atenco, condenados prácticamente a cadena perpetua por un fallo aberrante dictado por el odio político y de clase y por la voluntad evidente de aterrorizar a los disidentes políticos y a los movimientos sociales.

 

Anular ese fallo, dictado en un verdadero clima de linchamiento de los dirigentes campesinos en la televisión y en la casi totalidad de los medios de información, reduciría parcialmente el impacto nacional e internacional de la brutal represión que sufrieron los de Atenco. Aunque el daño grave a la justicia mexicana ya está hecho, pues el mundo todo fue testigo de las palizas, y conoció las torturas, las violaciones de las detenidas, y toda la brutal represión –con el saldo de una muerte y cientos de presos– a trabajadores y estudiantes cuyo verdadero “crimen” consistió en haber impedido la usurpación y el despojo de sus tierras para que unos pocos pudieran hacer un gran negociado con la construcción de un nuevo aeropuerto para la ciudad de México, una tardía reparación judicial serviría al menos para dejar asentados los principios y las garantías legales en un momento en que la militarización del país y los miles de muertes violentas en la mayor parte del territorio nacional agravan la crisis económica, porque fomentan la impresión internacional de que México es un país sin ley ni Estado.

 

La corrección por el órgano supremo del Poder Judicial de las aberraciones cometidas por el poder represivo mexiquense por orden directa del gobernador Enrique Peña Nieto sería por lo tanto una señal importante de que no todos los organismos estatales son cómplices de la corrupción, el matonismo y la violencia criminal.

 

Sobre todo cuando el gobierno de Ulises Ruiz, en Oaxaca, aparece implicado en una nueva represión sangrienta y está cubriendo a una banda de asesinos que emboscó, causándole muertos y heridos, a una caravana de observadores sociales oaxaqueños y defensores internacionales de los derechos humanos para tratar de ahogar en sangre la autonomía de los valientes pobladores triquis de San Juan Copala.

 

Como Peña Nieto en su momento, un gobernador priísta cubre la violencia salvaje con fines político-electorales sumando así el terrorismo de Estado al terrorismo desatado de los narcotraficantes. El más elemental respeto a los derechos democráticos y constitucionales debería conducir a todo aquel que no desee la instalación de un poder ilegal de “señores de la guerra” locales a tratar de reconstruir un clima de legalidad en el país. Y, por consiguiente, a liberar a las víctimas de la ilegalidad policial y estatal y de fallos aberrantes y a condenar a los mandantes y cómplices de atrocidades, como las que se cometieron con los campesinos en Atenco o se acaban de cometer contra los miembros de la APPO, de la sección 22 del SNTE, de Cactus, de Vocal y de diversos grupos de defensores de los derechos humanos emboscados cerca de San Juan Copala por los sicarios de Ubisort, una organización triqui del PRI respaldada por el gobernador Ulises Ruiz.

 

La crisis mundial –el “simple catarrito”– prosigue y proseguirá. El racismo antimexicano en Estados Unidos, más la desocupación obturan la válvula de escape de la emigración y reducen constantemente las remesas de los emigrantes mientras la crisis reduce también el turismo y el consumo de petróleo por la maltrecha industria estadunidense. Si al narcotráfico, que envuelve a centenares de miles de campesinos y de jóvenes que no encuentran otro camino, se le agrega la violencia caciquil priísta, la pendiente resbaladiza por la que México se desliza hacia el desastre se hará aún más peligrosa. Urge la reconstrucción de una base mínima para la convivencia democrática y para la lenta conquista de un estado de derecho.

 

Por eso el fallo de la Suprema Corte en favor de las víctimas de la represión en Atenco que siguen aún en condiciones de verdaderos rehenes del poder ciego y arbitrario va mucho más allá del caso mismo. Un fallo liberatorio para Ignacio del Valle y sus compañeros podría actuar como valla para un ulterior deterioro de la vida política y social en todo el país y para el total descreimiento respecto al Estado y a la legalidad de la mayoría de la población que es continuamente ofendida, ultrajada, reprimida y ve sus derechos negados o desconocidos por los poderosos que la oprimen y explotan.

 

Corresponde a la Suprema Corte de Justicia desmentir al Martín Fierro que, partiendo de la experiencia campesina, sostiene que “la ley es como el cuchillo /no ofende a quien lo maneja”, y restablecer, al menos en parte, un marco de legalidad que tenga en cuenta las conquistas democráticas de la Revolución Mexicana y la presión de la parte democrática de la sociedad civil.

 

Señores jueces: ¡liberen a los de Atenco! ¡Paren a los Peña Nieto y Ulises Ruiz mientras hay tiempo!