Autoridades agrarias y tradicionales de las comunidades náyeri (coras) advirtieron que el proyecto de la presa Las Cruces no sólo afectará a esta comunidad, sino también territorio de los wixárikas, tepehuanos, mexicaneros y mestizos. Señalaron que para este proyecto hidroeléctrico los pueblos indígenas no fuimos consultados ni informados previamente en completa violación a nuestro derecho de consulta.

 

Expresaron su rechazo al plan que se pretende construir sobre el río San Pedro, Nayarit, porque atenta contra la ruta sagrada de la peregrinación y lugares sagrados como la Muxatena, Piedra Gorda y Piedra Blanca. El impacto ambiental de esta presa afectará las poblaciones mestizas de los municipios de Rosamorada, Ruiz, Tuxpan y Santiago, alterando el entorno natural, económico y de producción de esta zona.

 

Esto advirtieron en una carta el gobernador tradicional de Presidio Los Reyes, Gilberto Vargas; el juez primero, Agustín López Lucas; el delegado municipal primero Mesa del Nayar, Lucio de la Trinidad García; el gobernador tradicional Näyeri Mesa del Nayar, Calixto Estrada Melchor, y el comisariado de Bienes Comunales Mesa del Nayar, Concepción de la Cruz Cervantes, entre otras autoridades.

 

Las autoridades señalan que una vez más, los pueblos indígenas nos manifestamos por el respeto a la ley. Nuestro más elementales derechos están consagrados en la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicano, en sus artículos 1 y 2, en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales; en la Carta Internacional de los Derechos Humanos, en la Declaración Universal de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en las jurisprudencias de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, entre otros ordenamientos jurídicos.

 

Asimismo, manifestaron su apoyo a los wixárika y su rechazo a la operación de una minera en la zona sagrada de Wirikuta, donde, dijeron, está vigente un decreto estatal que lo cataloga como área natural protegida.

 

Hicieron un llamado enérgico al gobierno federal y al gobernador de Nayarit, para anular o revocar el proyecto hidroeléctrico de la Presa de Las Cruces, así como las concesiones a empresas turísticas en territorio de Tateri Haramara y las concesiones mineras otorgadas en Wirikuta.

 

Rechazaron cualquier folclorización de nuestra cultura como objeto de mercantilización turística e hicieron un llamado a los pueblos mexicaneros y tepehuanos a la unidad, con la finalidad de hacer valer los derechos indígenas reconocidos en los instrumentos legales mencionados.

 

No permitiremos que después de 500 años aún sigamos siendo objeto de conquistas, despojos y destrucción de nuestros recursos naturales por aquellos que detentan el poder económico en complicidad con los gobiernos. Llegaremos a las últimas consecuencias y hasta las últimas instancias de la justicia por la defensa de nuestros territorios sagrados, advirtieron.